Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

OPINIÓN. Colaboración. Por Carlos Taibo
Profesor
de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
22/07/10. Opinión. “Ni uno solo de los 169 representantes socialistas el
Congreso de Diputados ha tenido a bien
expresar, en público, ninguna disensión, ni mayor ni menor, del draconiano plan
de ajuste (…) conviene prestar atención a un dato
que descuella por encima de los demás: faltan las noticias de causas legales
contra aquellas personas que fueron en su momento responsables de prácticas
financieras y contables poco edificantes. Alguien podrá preguntarse si ello es
así de resultas de una actitud impresentablemente relajada del lado de los
jueces. Pues no parece que sea ése el problema: lo que ocurre, tanto más
indignante, es que las normas legales que nuestros gobernantes decidieron
alentar y aplicar son extremadamente permisivas en lo que hace a las conductas
correspondientes. Al fin y al cabo, eso es lo que ha venido a significar la tan
traída y llevada desregulación que ha marcado indeleblemente la lógica
neoliberal: si las normas legales reguladoras desaparecen, lo hacen también,
como por ensalmo, los delitos. Lo anterior remite, en lo que atañe a nuestros
gobernantes, a algo más que una mera complicidad con conductas reprobables”,
opina el profesor Taibo en una nueva colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
169 diputados
MERECE reflexión lo que ha ocurrido en las últimas semanas, al
calor del despliegue de un draconiano plan de ajuste, con los cuadros del
Partido Socialista Obrero Español. Por concretar el argumento en lo sucedido en
un recinto relevante, el Congreso de Diputados en Madrid, téngase presente que
ni uno solo de los 169 representantes socialistas que toman asiento en esa
institución ha tenido a bien expresar, en público, ninguna disensión, ni mayor
ni menor, en lo que hace al contenido del mentado plan. Hablamos de las mismas
personas -no se olvide- que unos días antes sostenían una y otra vez que el
Gobierno socialista no toleraría en modo alguno recortes en los derechos
sociales...
NO sé si a estas alturas tiene algún
sentido examinar las escasas y precarias explicaciones ofrecidas para
justificar un cambio tan drástico, y tan patético, de actitud. Para que no
queden cabos sueltos rescatemos, aun con todo, las dos que parecen disfrutar de
mayor presencia. La primera señala sin más que el plan de ajuste es una
imposición de la Unión
Europea. Aunque el argumento en sí resulta irreprochable,
deja en mal lugar, claro, a nuestros gobernantes y a sus acólitos: si, por un
lado, revela bien a las claras que los primeros -los gobernantes- no habían
hecho sus deberes, por el otro pone de manifiesto su incapacidad para
preservar, retórica aparte, un proyecto distinto del que preconiza una UE
visiblemente neoliberalizada. La segunda de las explicaciones, ya muy sobada,
se asienta en la superstición de que los numerosos y graves problemas que
arrastra la economía española nada tienen que ver con las políticas abrazadas
por los dirigentes socialistas: muy al contrario remitirían -se nos dice- a
fenómenos externos y responsabilidades ajenas, como los vinculados con la
crisis estadounidense, la herencia recibida en 2004 del Partido Popular o, en
suma, las impresentables prácticas de los especuladores que se mueven por todas
partes.
SOBRAN las evidencias para repudiar, y
hacerlo sin ningún margen para la duda, la tesis que acabamos de poner en boca
de otros. Baste con recordar al respecto que el Gobierno español, con José Luis
Rodríguez Zapatero a la cabeza, no sólo permitió las prácticas especulativas y
el engordamiento de la burbuja inmobiliaria: antes bien, estimuló con claridad
uno y otro proceso.
MÁS allá de ello, y en lo que se refiere
a los últimos años, ha asumido medidas tan impresentables como las que se han
traducido en la desaparición del impuesto sobre el patrimonio, la concesión de
400 euros de rebaja fiscal a todos los ciudadanos -beneficiando por igual,
lamentablemente, al más rico y al más pobre-, una subida del IVA en la que es
imposible apreciar ninguna vocación redistributiva, la preservación de una
laxísima legislación en lo que respecta a los paraísos fiscales o, en fin, la
extrema inanidad de una lucha contra el fraude que permite que las prácticas
delictivas sigan siendo una realidad. Para que nada falte, el mismo Gobierno
que a la postre ha reducido los salarios de los funcionarios y ha congelado las
pensiones no ha tenido mayor problema en asignar sumas hipermillonarias al
rescate de instituciones financieras en crisis.
CONVIENE prestar atención a un dato que
descuella, con todo, por encima de los demás: faltan las noticias que den
cuenta de la apertura de causas legales contra aquellas personas que es
razonable suponer fueron en su momento responsables de prácticas financieras y
contables poco edificantes. Alguien podrá preguntarse si ello es así de
resultas de una actitud impresentablemente relajada del lado de los jueces.
Pues no parece que sea ése el problema: lo que ocurre, tanto más indignante, es
que las normas legales que nuestros gobernantes decidieron alentar y aplicar
son extremadamente permisivas en lo que hace a las conductas correspondientes.
Al fin y al cabo, eso es lo que ha venido a significar la tan traída y llevada
desregulación que ha marcado indeleblemente la lógica neoliberal: si las normas
legales reguladoras desaparecen, lo hacen también, como por ensalmo, los
delitos. De nuevo se me permitirá que subraye que lo anterior remite, en lo que
atañe a nuestros gobernantes, a algo más que una mera complicidad con conductas
reprobables.
PARA
cerrar
el círculo, no está de más que hagamos una glosa de la singularísima actitud
que, en relación con todo esto, ha asumido el Partido Popular. Una de sus
dimensiones la configura el hecho, paradójico, de que en estas horas se niegue
a apoyar un plan de ajuste que en los hechos, y mal que bien, ha defendido
calurosamente durante mucho tiempo. Para dar cuenta de una conducta tan
sorprendente no hay que ir muy lejos: por detrás están, claro, las miserias del
juego político, con las elecciones en la trastienda. Mayor relieve corresponde,
aun así, a la segunda dimensión: sólo los más ingenuos parecen llamados a
abrazar la conclusión de que, cuando el Partido Popular gobernó, con José María
Aznar, en Madrid sus prácticas fueron diferentes de las alentadas más adelante
por su rival socialista. No parece fuera de lugar recordar al respecto, por
cierto, que con ocasión del primer mandato presidencial de Rodríguez Zapatero
los populares repetían incansables que las cosas en economía iban bien -qué tino
en el diagnóstico, por cierto- porque el Gobierno socialista se limitaba a aplicar
las mismas recetas preconizadas por sus antecesores...
PUESTOS a reseñar una sorpresa más, la
última, ahí está la que ofrece la certificación de que tirios y troyanos,
socialistas y populares, al final nos ofrecen, con solemne descaro, más de lo
mismo: si la globalización en curso ha acarreado que los beneficios se
privaticen mientras las pérdidas, en cambio, se socializan -ya lo saben
funcionarios y pensionistas-, ninguna garantía hay de que los desmanes y
dislates de los últimos años no se van a repetir a la vuelta de la esquina.
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