OPINIÓN. Bienestar Ciudadano. Por Antonio Villanueva
Realizador audiovisual
23/10/14. Opinión. El realizador audiovisual Antonio Villanueva dedica este artículo EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com a la polémica de las tarjetas opacas de Caja Madrid, comparando este caso de corrupción con otros ocurridos en la vecina Italia. “Entonces y ahora en el Estado de Derecho, los tiranos intentan colarnos uno tras otro sus decretos salvaladrones. En ocasiones de soslayo, otras de manera obscena.
LA amnistía fiscal de Montoro, las exenciones de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, los indultos de Jesús Gil o Alfredo Sainz, la doctrina Botín del Supremo…”, lamenta Villanueva.
El decreto Salvaladrones
HAMMAMET es una localidad tunecina frente a la isla de Sicilia. Allí encontró acomodo el ex primer ministro italiano, el socialista Bettino Craxi, tras no salir reelegido parlamentario en 1994 y perder la preciada inmunidad adherida al cargo. Decidió huir a Túnez tras verse implicado en procesos emblemáticos contra la corrupción en Italia como el Caso Enimont o la Operación Manos Limpias. Lo llamó exilio. Tan megalómano como corrupto, Craxi decidió refugiarse al norte de África bajo el paraguas de un gobernante sumiso (el déspota Ben Ali, el mismo que años después fue derrocado por la revolución tunecina) y compararse con el padre de la patria italiana Garibaldi, también huido a Tunisia 150 años antes.
EN 1992 dijo sin recato Craxi en el Parlamento italiano "que se ponga en pie quien no haya recibido financiaciones ilícitas". Recuerda remotamente a la mención al 3% que hizo Maragall en el Parlament.
SU amigo del alma, el primer ministro de entonces (y de después) Silvio Berlusconi intentó salvarle el culo a Crazi y a otros muchos a los que debía su fama y su hacienda obligando al ministro de Justica Alfredo Biondi a crear un decreto que resolvía con el simple arresto domiciliario buena parte de los delitos de corrupción que se estaban juzgando en Tangentópolis. La prensa italiana tardó poco en llamar por su nombre a aquel engendro: Decreto Salvaladrones. El escándalo fue excesivo incluso para el ‘amante bandido’ Berlusconi y tuvo que enterrar la propuesta buscando otras no tan estridentes. Tras Craxi o Andreotti llegaron Berlusconi o Umberto Bossi. El fin de un régimen corrupto no implica que venga otro mejor.
ENTONCES y ahora en el Estado de Derecho, los tiranos intentan colarnos uno tras otro sus decretos salvaladrones. En ocasiones de soslayo, otras de manera obscena. La amnistía fiscal de Montoro, las exenciones de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, los indultos de Jesús Gil o Alfredo Sainz, la doctrina Botín del Supremo…
NO se conforman con no crear nuevos tipos penales, ni agravar las condenas de los delitos económicos, ni acelerar la acción de la justicia dotándola de medios. Cuando todo falla acuden al Decreto Salvaladrones. Sin pudor. Detrás de la amnistía fiscal de Montoro ya han aparecido los hijos de Pujol, Bárcenas y un líder sindical minero. Detrás de las exenciones de la Junta aparece un exconsejero y mano derecha de Pepote de la Borbolla. Con un poco de descaro, podrían apuntarse a la moda de crear ONGs insustanciales y denominarla Salvad al Ladrón. Pero el horno no está para bollos.
LOS delitos económicos son acciones complejas. Avaladas por una ingeniería financiera escurridiza que se ampara en fronteras y paraísos fiscales tanto como en la politización de la fiscalía o la de los cuadros superiores de hacienda o exteriores.
RESULTA risible el caso Blesa. Cuando un juez decide meter en prisión al amiguísimo de Aznar, acaban a la postre inhabilitando al juez que lo ordena. Una reflexión. Cómo estará la justicia para que haya sido necesaria la actuación insolente de un juez arbitrario y lograr, con ello, empotrar unos días en prisión a Miguel Blesa. Blesa, un tipo directamente responsable de la crisis financiera española por su caprichosa gestión de Caja Madrid. En Estados Unidos, en 2009, una jueza federal impuso una condena de 150 años de prisión al estafador Bernard Madoff. Aquí buena parte de las tropelías realizadas por el Madoff español (y castizo) están prescritas según expertos penales. El 16 de octubre aparecía en los periódicos que el Juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu responsabilizaba a Rato y Blesa de todo el gasto de las tarjetas opacas. Y le imponía a Blesa una fianza de 16 millones de euros. Ahora Blesa pretende que la aseguradora MAPFRE abone por él la fianza que le ha impuesto el juez. MAPFRE, que esconde bajo su acróstico a la Mutua Aseguradora de Propietarios de Fincas Rústicas de España, había suscrito un seguro de responsabilidad civil con los directivos de la Caja. El juez instructor parece rechazar de plano tal posibilidad. Alega que no es serio que los propietarios de fincas rústicas de España abonen la fianza de un propietario de una tarjeta opaca de España.
LO dicho, creemos una ONG: Salvemos al ladrón.
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