Según la denuncia presentada por el abogado O.L.C.C. Lara habría incurrido presuntamente en un delito de prevaricación administrativa por haber votado a favor de una sanción contra el letrado a pesar de existir “enemistad manifiesta”
El pasado 1 de febrero ocho miembros que componían la Junta de Gobierno del Colegio el 10 de febrero de 2016, cuando se produjo la votación de la sanción contra O.L.C.C, acuden a declarar ante el juez en calidad de testigos
06/03/18. Opinión. El Juzgado de Instrucción Número 1 de Málaga admite a trámite una querella criminal por prevaricación administrativa contra Francisco Javier Lara, decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Málaga. Según la denuncia presentada por el abogado O.L.C.C Lara habría incurrido presuntamente en un delito de prevaricación administrativa por haber votado a favor...
...de una sanción contra el letrado a pesar de existir “enemistad manifiesta”. Según recoge el apartado 9 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la amistad íntima o enemistad manifiesta son motivo de abstención en los procesos en los que estén implicados ambas partes. Unas garantías pensadas para el ámbito judicial, fundamentalmente de los procesos penales. Y que sólo se extienden a los procedimientos administrativos cuando estos tienen un carácter sancionador, según explica en un informe Daniel Cuadrado, técnico de la Junta de Castilla y León (AQUÍ). Es una información de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
EL pasado 1 de febrero ocho miembros que componían la Junta de Gobierno del Colegio aquel 10 de febrero de 2016, cuando se produjo la votación para imponer la sanción a O.L.C.C, acudieron a declarar ante el juez en calidad de testigos. De los cuales cuatro continúan a día de hoy formando parte de la Junta de Gobierno, como recoge la página web del Colegio (AQUÍ). Se trata de Manuel Conejo Ruiz, actual diputado del área de Formación del ICA; José Rafael González Melero, actual diputado del área de Deontología y Contador; Guillermo Jiménez Gámez, diputado del área de Turno de Oficio y Oficina de Intermediación Hipotecaria y Pedro Pablo Merinas Soler, actual diputado del área de Biblioteca y Revista Miramar.
LOS otros cuatro miembros llamados a declarar como testigos que formaban parte de la Junta de Gobierno el 10 de febrero de 2016 pero que no están presentes a día de hoy son Francisco Damián Vázquez Jiménez, José Enrique Delgado- Schwarzmann Jiménez, José Eduardo López Abad y Julia Clisol García.
PREGUNTADOS algunos letrados pertenecientes al Colegio de Abogados de Málaga por esta revista si tenían conocimiento de la existencia de esta querella criminal, todos han contestado que no sabían nada de ella, expresando su asombro de que el decano Lara no hubiese puesto en conocimiento de los colegiados que estaba inmerso en este procedimiento judicial, y con más razón cuando lleva ya dos años de instrucción.
SEGÚN recoge la querella criminal interpuesta por O.L.C.C Lara participó en la votación para imponerle una sanción durante la Junta de Gobierno del Colegio que tuvo lugar el 10 de febrero de 2016. El decano, con “enemistad manifiesta” hacia el letrado, votó a favor de la sanción según se recoge en el escrito. Por lo que O.L.C.C le interpuso una querella criminal por prevaricación administrativa. Delito consistente según la Real Academia Española (RAE) en que “una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta”.
ESTA revista se ha puesto en contacto con el demandante, O.L.C.C pero no ha querido hacer declaraciones al respecto. Del mismo modo, también se ha puesto en contacto con la secretaria del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, pero no ha querido hacer ninguna manifestación sobre la querella criminal que pesa contra él.
LARA es el decano del Colegio de Abogados desde el año 2012, cuando su candidatura resultó la vencedora en las urnas. En 2016 estaba previsto que se celebrasen de nuevo elecciones pero como sólo se presentó Lara finalmente no hubo comicios, convirtiéndose en el presidente del Colegio durante cuatro años más, hasta el 2020.
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