Los vecinos de El Candado llevan desde 2003 en una batalla judicial, consiguiendo varias victorias en los tribunales, que declararon nulos los permisos que otorgó el Ayuntamiento para la ampliación de la fábrica y la inmensa altura de la chimenea

Según confirman a EL OBSERVADOR por ahora, no van “a tomar partido” en el asunto, siempre y cuando “no se estén incumpliendo las obligaciones” y sigan teniendo acceso a los datos continuos de emisiones, pero aseguran que se pondrán “pinturas de guerra siempre que sea necesario”

“Ahora estamos más tranquilos que antes, pero seguimos muy vigilantes en cuanto al cumplimiento de la normativa medioambiental y la urbanística” gracias a la autorización ambiental integrada de 2017, aseguran los vecinos

05/02/20. Opinión/Sociedad. La desvergüenza del PP del Ayuntamiento y de la Junta es total. Se bajan los pantalones ante las ilegalidades de la empresa más contaminante de Málaga, la cementera de la Araña. Como la inmensa chimenea de la fábrica es ilegal por ser demasiado alta, se cambia la ley y ya es legal. En 2003 comenzó la batalla de los vecinos de El Candado contra la cementera, una fábrica que cuenta...

...con una chimenea de 115 metros de altura y que tiene un gran impacto medioambiental en la atmósfera de la zona este de la capital malagueña (AQUÍ). No han sido pocas las veces que los damnificados de la zona han sentado en el banquillo a la cementera, alzándose victoriosos, llegando incluso a declarar nulo el permiso que otorgó el Ayuntamiento para la ampliación de la fábrica, en el que se incluyó la construcción de la chimenea por su inmensa altura, que, ahora, la Junta de Andalucía respalda, pese a su impacto. Desde la administración autonómica defienden que la altura de la edificación permite que se dispersen mejor las partículas contaminantes que se emiten, según han mantenido fuentes cercanas al caso a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. No dicen, que mientras más alta, más lejos llegan sus partículas contaminantes.

Pese a ello, los vecinos de la zona han declarado a esta revista que, por el momento, se encuentran “más tranquilos que antes” y que no van “a tomar partido” en el asunto, siempre y cuando “no se estén incumpliendo las obligaciones” y sigan teniendo acceso a los datos continuos de emisiones, aunque advierten que se mantendrán “vigilantes” y no dudan en ponerse “pinturas de guerra siempre que sea necesario”. Esa tranquilidad viene porque, desde aproximadamente “septiembre u octubre de 2018, se firmó un acuerdo, y en virtud de este, tenemos una serie de medidores que están funcionado y seguimos controlando la calidad del aire”.


Estos medidores les permiten hacer un seguimiento medioambiental de los gases emitidos que, gracias a la autorización ambiental integrada de 2017, “se han limitado una barbaridad”. Esta normativa es “mucho más restrictiva que la de 2007, que era una barbaridad los límites de los umbrales de contaminación, sobre todo del óxido de nitrógeno, uno de lo más contaminantes” han aseverado a EL OBSERVADOR, añadiendo que, la actual, mantiene los límites establecidos por la normativa europea.

“Que la Junta esté llevando a cabo la evaluación ambiental estratégica, en definitiva, es lo que nosotros habíamos ganado en Tribunales. Ni más, ni menos”. Además, han resaltado que “se está cumpliendo un poco lo que se quería, que no era ni más ni menos que comprobar las emisiones casi en continuo y por otro lado que la Administración haga lo que hasta ahora nunca había hecho que es su obligación de ser policía medioambiental. Se anuló el plan especial y están empezando uno nuevo y comenzando con los trámites que en su día no se hicieron”.


“Se anuló la licencia que se dio en el año 2003 para la obras que contemplaban la chimenea. La sentencia fue firme. Y se anuló la autorización ambiental integrada de la Junta del año 2007. También firme” recuerdan a esta revista. “¿Qué pasa? Que la licencia de 2003 la legalizó Urbanismo y la autorización de 2007 cuando se anuló en 2017, la Junta le dio una nueva. Es decir, que mientras se estaba en los tribunales, le habían tramitado una nueva porque sabían que se le podía caer. Como, de hecho, ocurrió”.

“Nosotros también les hemos anulado el plan especial que venía contemplado en el PGOU de agosto de 2011. Prácticamente, nuestras batallas han sido muy fructíferas, pero el resultado final es que la Administración -Junta y Ayuntamiento- siempre va poniendo parches para salvar las resoluciones judiciales” han criticado a esta revista.

En lo que respecta a la chimenea, la Justicia declaró ilegal dicha ampliación, por lo que el Ayuntamiento comenzó a tramitar el plan especial para los terrenos de la cementera. Ahora, la Junta de Andalucía ha respaldado el informe del Consistorio con otro ambiental estratégico, en el que se da luz verde al mantenimiento de la torre de 115 metros de altura. Según publica el diario Sur, el Ejecutivo andaluz ha mantenido que “gracias a la altura de la misma se logra una mayor eficiencia energética, con la consiguiente reducción de emisiones, así como una mejor dispersión de contaminantes. Por consiguiente, el impacto paisajístico que entrañe la existencia de dicha chimenea habrá de ponderarse junto con otra incidencia, está positiva, en la calidad del aire”, argumenta la resolución de la delegación territorial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, con la que el Consistorio puede seguir adelante con la tramitación para que el nuevo plan especial de la fábrica de FYM-HeidelbergCement Group (Financiera y Minera) pueda alcanzar su aprobación definitiva (AQUÍ).

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