Esta es la empresa con la que el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga tienen un convenio para la recogida de envases. Una empresa sin ‘ánimo de lucro’ cuyos 10 directivos cobran 1,66 millones de euros

EL OBSERVADOR publicó en su día ‘Desmontando a Ecoembes’ y ‘Ecoembes miente’, un informe de Greenpeace denunciando a la empresa que gestiona los envases domésticos: “Apenas recupera y recicla de su contenedor amarillo el 25% de lo que se introduce”

Julio Barea, responsable de campaña de residuos de Greenpeace España, expone a
EL OBSERVADOR el sistema de retorno y devolución de envases que la conocida ONG medioambientalista propone contra el de Ecoembes


Una iniciativa en Valencia propone que Ecoembes, las marcas de alimentación y supermercados, sigan trasladando su responsabilidad legal como productores a los contribuyentes. Las 3.000 máquinas que quieren costarían unos 45 millones, estimación de la industria. Y si este abuso se extrapola al resto de España, el coste de 30.000 máquinas sería de 450 millones para las arcas públicas”

03/02/21. 
Opinión. Medioambiente. La Alianza Residuo Cero, conformada por las entidades ambientalistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider, denuncian el intento por parte de la empresa Ecoembes de sufragar un sistema de recuperación de envases por cuenta de los contribuyentes. Su idea consiste en la compra de 3.000 máquinas para el retorno de botellas de plástico...

...pero con los fondos públicos europeos o de recuperación post-COVID. Quiere empezar este particular experimento por Valencia. Ecoembes está implantada en Málaga mediante un sinuoso convenio del que EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com ha escrito muchas veces. Leer: Desmontando a Ecoembes. Empresa con la que el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga tienen un convenio para la recogida de envases. Una empresa sin ‘ánimo de lucro’ cuyos 10 directivos cobran 1,66 millones  de euros.

Ecoembres es la empresa responsable de los contenedores amarillos para envases domésticos que se ven en toda Málaga. Contenedores que han sido objeto de campañas de Greenpeace denunciando la gestión que se hace de ellos. Leer: Los contenedores sucios. “Ecoembes miente”: Un informe de Greenpeace denunciando a la empresa que gestiona los envases domésticos: “Apenas recupera y recicla de su contenedor amarillo el 25% de lo que se introduce. En estas campañas ha sido protagonista Málaga. Leer: Málaga participa en la campaña de Greenpeace "Ecoembes miente". Contenedores amarillos de la ciudad aparecen con pegatinas con dicho lema, lo mismo que en otras ciudades de España.

De hecho, la reconocida ONG Greenpeace publicó un serio informe sobre Ecoembes del que se hizo eco esta revista. Leer: “El reciclaje no funciona en España: Greenpeace saca un informe demoledor para Ecoembes”, un artículo de Pepe Galindo, editor del portal de divulgación ecologista ‘BlogSOStenible’.

Greenpeace España habla para EL OBSERVADOR

Con todos estos antecedentes, se ha creado la Alianza Residuo Cero, que denuncia que “Ecoembes pretende extender su sistema Reciclos a todo el Estado, un modelo sumamente complejo, costoso e ineficiente, planteado para boicotear e impedir la implantación de un verdadero sistema de retorno y devolución de envases (SDDR)”. Para ello “está usando la Comunitat Valenciana de laboratorio y, además, persigue que los costes de su sistema sean sufragados con fondos públicos. Se trata de un procedimiento "inaceptable" para la Alianza Residuo Cero, ya que las directivas europeas y la ley de residuos vigente exigen que los costes de la gestión de sus residuos sean asumidos por las empresas productoras a través de la conocida Responsabilidad Ampliada del Productor”.


Una iniciativa legislativa en Valencia propone que Ecoembes, las marcas de alimentación y grandes supermercados, sigan trasladando su responsabilidad legal como productores a los contribuyentes. Las 3.000 máquinas que quieren costarían unos 45 millones, estimación de la propia industria. “Y si este abuso se extrapola al resto de España, el coste de 30.000 máquinas sería de 450 millones de euros para las arcas públicas”.


Julio Barea, responsable de campaña de residuos de Greenpeace España, expone a EL OBSERVADOR el sistema de retorno y devolución de envases (SDDR) que ellos proponen: “Este modelo ya funciona en más de 40 países del mundo. El sistema consiste en que cuando tú compras un envase, de cualquier tipo, pagas unos céntimos de más, y cuando llevas el envase a reciclar te devuelven esos céntimos. Realmente a ti no te cuesta más, simplemente das un depósito que luego recuperas. Cuando dicen que le va a costar dinero al usuario no es verdad, es más, el sistema se financia solo, no es como con los Reciclos de Ecoembes que las máquinas que van a valer una millonada las van a pagar con dinero público. Este sistema se financia solo, ni un euro proviene de las arcas públicas, lo financian los productores que lógicamente siguen pagando su punto verde”.

La proposición de ley presentada en las Cortes valencianas sugiere que para la implantación “de un sistema para incentivar el retorno de envases de bebidas a través de máquinas automáticas” se pueda contar con “financiación de fondos europeos, estatales o autonómicos de hasta un máximo del 100 % de las inversiones necesarias para los equipos automáticos de recogida separada”. Lo que quiere decir que “la administración pública costee directamente lo que la Responsabilidad Ampliada del Productor y las nuevas directivas europeas de residuos obligan a asumir a las empresas fabricantes”. Desde la Alianza recuerdan que “por normativa comunitaria las empresas fabricantes tienen la responsabilidad sobre los productos que ponen en el mercado y por lo tanto deben asumir los costes de la gestión de los residuos que generan”.

En cuanto al proceso de devolución de envases con el sistema SDDR, Barea explica que “los residuos se recogen sobre todo en supermercados y grandes superficies, pero también en establecimientos de barrios o gasolineras, mediante máquinas o manualmente, se pasa el código de barras y te devuelven el dinero del envase. Las máquinas no son indispensables, y mucho menos si la tienen que pagar los consumidores. Porque hay una cosa en la ley que se llama Responsabilidad Ampliada del Productor, que establece que el que vende estos productos se tiene que hacer cargo del coste de recogida de esos envases”.


Por último, Barea llama la atención sobre el cambio necesario que se debe dar en la gestión de envases: “El sistema que proponemos lo que hace es abrir la puerta a la utilización de envases reutilizables, y ahí es donde está la clave, no podemos seguir con envases de usar y tirar. La única manera de devolver el casco y que esa botella se vuelva a rellenar es tener un sitio donde devolver los envases, pero no lo hay. Esto se tendría que generalizarse en todos los productos. La crisis de contaminación por residuos y por plásticos es tan grave que ya el reciclar no es suficiente. Ecoembes nos hace creer que recicla pero con los niveles de reciclaje que tiene no llegamos a ninguna parte, tenemos una pandemia global de contaminación por plásticos, que va a más, porque las expectativas es que las ventas de productos envasados aumenten. Con lo cual lejos de ir a menos vamos a ir a más”.

A continuación puede leer el escrito completo de Alianza Residuo Cero:

Ecoembes pretende que su nuevo sistema de devolución de envases Reciclos se pague con dinero público

Ecoembes pretende extender su sistema Reciclos a todo el Estado. Un modelo sumamente complejo, costoso e ineficiente, planteado para boicotear e impedir la implantación de un verdadero sistema de retorno y devolución de envases (SDDR) que funciona ya con éxito en más de 40 países y regiones del mundo. Para ello, está usando la Comunitat Valenciana de laboratorio y, además, persigue que los costes de su sistema sean sufragados con fondos públicos. Se trata de un procedimiento "inaceptable" para la Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider, ya que las directivas europeas y la ley de residuos vigente exigen que los costes de la gestión de sus residuos sean asumidos por las empresas productoras a través de la conocida Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).

El pasado 30 de diciembre se presentó en la mesa de las Corts valencianas la proposición de ley para la Prevención de Residuos, la Transición Ecológica y el Fomento de la Economía Circular. El texto propone la puesta en marcha de un sistema para incentivar el retorno de envases de bebidas a través de máquinas automáticas y a cambio de dos céntimos de euro por envase, que serán descontados de la tasa de residuos de cada persona que participe. La propuesta se centra en las botellas de plástico inferiores a tres litros y establece que, a partir del 1 de enero de 2022, deberán instalarse 100 máquinas de retorno en la Comunitat Valenciana y que esta cifra deberá llegar a 3.000 antes del 31 de diciembre de 2023.

Más allá de la idoneidad de esta medida, mucho más simbólica que efectiva para acabar con los millones de latas y botellas abandonadas cada día y que nada tiene que ver con los Sistemas de Depósito de envases de bebidas que recuperan más del 90 % de las latas y las botellas para su reutilización y reciclaje, lo alarmante es que la proposición de ley sugiere que puedan contar con "financiación de fondos europeos, estatales o autonómicos de hasta un máximo del 100 % de las inversiones necesarias para los equipos automáticos de recogida separada". O lo que es lo mismo, que la administración pública costee directamente lo que la Responsabilidad Ampliada del Productor y las nuevas directivas europeas de residuos obligan a asumir a las empresas fabricantes.

"Desde la Alianza Residuo Cero se considera inadmisible que Ecoembes junto con la industria responsable de la nefasta gestión de residuos en el Estado español y de los costes ambientales, sociales y económicos que ésta supone ya ni tan siquiera trabaje para solventar esta situación, sino que pretende seguir trasladando el coste de su negligencia a las personas contribuyentes", opinan las entidades de la Alianza Residuos Cero.

El texto apunta directamente a los "fondos europeos o de recuperación pos-COVID" y a la propia ciudad de Valencia que ya ha anunciado que promoverá esta iniciativa conjuntamente con el sistema Reciclos que impulsa Ecoembes. De hecho, de las 100 máquinas de retorno que piensan instalar en la capital levantina, el ayuntamiento ha confirmado que 40 se financiarán con dinero público.

Esas 3.000 máquinas de retorno automático que recoge la propuesta de ley tendrían un coste aproximado de 45 millones de euros, en estimaciones de la propia industria. Y si este abuso se extrapola al resto del Estado, el coste de 30.000 máquinas (la Comunitat Valenciana representa el 10 % del PIB) sería de 450 millones de euros para las arcas públicas.

La Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es un principio que rige la gestión de los residuos en la UE. Por normativa comunitaria las empresas fabricantes tienen la responsabilidad sobre los productos que ponen en el mercado y por lo tanto deben asumir los costes de la gestión de los residuos que generan. Pero esta obligación se lleva incumpliendo durante años ya que las personas expertas calculan que los productores solo cubren el 30 % de los costes reales de la gestión de los residuos que provocan sus productos, trasladando el 70 % a las administraciones públicas y por ende a las personas contribuyentes.

Consciente de este agravio, en 2019 la UE aprobó la Directiva contra los plásticos de un solo uso que, en su artículo 8, obligaba al cumplimiento real de esta responsabilidad por parte de los productores, incluyendo incluso los costes de limpieza que el abandono de sus productos genera. Esta directiva debe ser transpuesta antes de julio de este año y el Gobierno español cuenta con tratar el asunto en la nueva Ley de Residuos que debe llegar al Parlamento en las próximas semanas, pero existen ya indicios de que los grandes fabricantes quieren seguir ignorando su responsabilidad y trasladar el coste de su actividad económica a nuestros bolsillos.

Acerca de la Alianza Residuo Cero

La Alianza Residuo Cero está conformada por las entidades Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider. Forma parte de Zero Waste Europe, plataforma formada por 30 organizaciones de 24 países europeos. Según esta plataforma, se entiende por "Residuo Cero" el modelo de gestión de residuos que trata de emular los ciclos de la naturaleza en los que todos los materiales descartados para un proceso son necesarios para otro uso, de manera pragmática y a largo plazo. Residuo Cero significa diseñar y gestionar los productos y los procesos de manera que se reduzca el volumen y la toxicidad de los residuos generados, se conserve y se recuperen todos los recursos y no se quemen ni entierren. La implementación de modelos Residuo Cero eliminaría todas las emisiones al aire, agua y suelo que amenazan en la actualidad a la salud humana, animal, vegetal y planetaria.


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