Los cargos públicos del PP inician una campaña de desprestigio contra el Ministerio de Cultura tras su “Resolución del Expediente informativo sobre el Proyecto de construcción del hotel conocido como ‘Torre del Puerto’ en Málaga”

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio PP, convoca un consejo de administración del Puerto que destapa el enfrentamiento que, sobre este punto, existe entre los diversos vocales del organismo

30/09/21. 
Opinión. Sociedad. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com publica integra y en primicia (AQUÍ) la resolución del Ministerio de Cultura sobre el rascacielos del Puerto de Málaga que ha motivado una gran polémica en la ciudad. La publicación de este documento por parte de Cultura ha provocado que los cargos públicos del PP inicien una campaña de desprestigio...

...contra dicho Ministerio, ya que esta “Resolución del Expediente informativo sobre el Proyecto de construcción del hotel conocido como ‘Torre del Puerto’ en Málaga”, es un megatorpedo en la línea de flotación del mamotrético edificio que promueve el Partido Popular. La cuestión adquiere tal categoría que, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, convocó un consejo de administración del Puerto que destapó el enfrentamiento que, sobre este punto, existe entre los diversos vocales del consejo.


Desde que el 12 de mayo el Gobierno central activara, a través del Ministerio de Cultura y Deporte, la apertura de un expediente informativo sobre el proyecto de construcción de un rascacielos en el Puerto de Málaga, (AQUÍ) “a la vista de los riesgos que para el paisaje de la ciudad pueden presentar las construcciones y, ante la eventualidad de que se produzca un supuesto de expoliación de los bienes del Patrimonio Histórico Español. … Las características de estas edificaciones podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga, vulnerando las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 2000, ratificado por España”; este asunto del rascacielos ha iniciado un camino en una dirección que no agrada a sus promotores y partidarios.

Tal como ya se anunciaba en el comunicado de Cultura AQUÍ, la tramitación del expediente informativo se ha realizado recabando de las administraciones competentes, entre ellas el Ayuntamiento, toda la información disponible para determinar "la necesidad de iniciar o no un expediente por expoliación".


Hoy se puede asegurar, que, desde el momento de la apertura del expediente informativo, las instituciones y entidades gobernadas por el Partido Popular entendieron la importancia y trascendencia que dicha actuación administrativa puede tener; y ante los riesgos que supone para la continuidad del proyecto del rascacielos, iniciaron una especial “campaña” encaminada a poner en entredicho al Ministerio y a los funcionarios autores del ducho expediente.


Para ello, desde el Partido Popular, y en un reparto de papeles claramente determinado, el alcalde de Málaga. Paco de la Torre PP, en su habitual tono “conciliador”, acoge desde primera hora la noticia con declaraciones como “encantados de que el Ministerio de Cultura atienda a peticiones que se le han hecho, de algunos colectivos contrarios al proyecto hotelero,Como en todas las cosas puede haber opiniones diferentes y es natural que en base a ello se le haya pedido un informe sobre este tema;…le daremos toda la colaboración plena y total, la que se nos pida, cuando nos la pidan, para que hagan su trabajo cumpliendo con sus obligaciones”.

En ese reparto de papeles prefijado, El presidente y ‘padrino’ del PP de Málaga y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elias Bendodo PP, asigna al presidente del puerto, Carlos Rubio PP, el de un comportamiento hostil, e incluso faltón, un hooligan del rascacielos, que se ha evidenciado especialmente en sus declaraciones contra los funcionarios del Ministerio de Cultura. Rubio, tras expresar inicialmente su sorpresa por el expediente, no ha ocultado su incredulidad por la actuación del Gobierno central: “me sorprende mucho que una Administración pública actúe a través de una nota de prensa en lugar de dirigirse a las administraciones implicadas, en este caso, el puerto y el Ayuntamiento,… ese expediente estatal no tendrá efecto alguno a nivel jurídico respecto a la aprobación de la actuación. En cualquier caso, no es vinculante con el procedimiento urbanístico para la modificación del Plan Especial que se está llevando a cabo con el Ayuntamiento y que, actualmente, está pendiente de un informe de Puertos del Estado, por lo que seguimos trabajando en la línea que hemos estado haciéndolo hasta ahora, ya que la última valoración depende del Consejo de Ministros”. Rubio, desde el primer momento, ya viene anunciando que recurrirá judicialmente esta actuación del Ministerio.

La única declaración del Gobierno del Estado, ha venido desde la ministra Montero que, en una visita a nuestra ciudad, se distanciaba de un pronunciamiento detallado y confirmaba que se “están recabando todos los informes para poder dar una opinión sustanciada y argumentada...Vamos a esperar a obtener toda la documentación que tiene que ver con los impactos del patrimonio y medioambientales. Cuando tengamos esos datos podremos dar una opinión al respecto”, aclaró la portavoz del Gobierno.


Dentro de la tramitación prevista, y tal como ya anuncio el Ministerio, a finales de junio, funcionarios del mismo se desplazaron a nuestra ciudad, y mantuvieron reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo con concejales, y con la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Casero PP, para posteriormente desplazarse a la explanada del Dique de Levante y observar el lugar donde se proyecta la construcción del rascacielos, así como mantener una reunión con los directivos del Puerto.


La resolución del Ministerio de Cultura

El pasado 7 de Julio, el Ministerio de Cultura, tras dar por finalizado el expediente informativo que había iniciado unos dos meses antes, y con posterioridad a la recepción de documentos facilitados por las instituciones interesadas y las visitas realizadas al Ayuntamiento y el Puerto, el secretario general del Ministerio emitió Resolución del Expediente informativo sobre el Proyecto de construcción del hotel conocido como “Torre del Puerto” en Málaga. Esta Resolución se publica por primera vez en primicia, por la revista EL OBSERVADOR, y puede leerse completa AQUÍ.


Ante la confusión que partes interesadas en la construcción han podido crear, es necesario incidir en que la Resolución, de 13 hojas, y que aparentemente según el alcalde se inicia a instancias de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, lo que viene a efectuar es la consiguiente apertura de un expediente informativo para determinar o no la existencia de expoliación del patrimonio histórico español”. En su contenido, acompañado de varios planos indicativos de las zonas afectadas, con la delimitación tanto del distrito como de la zona declarada BIC por la Junta, así como su cercanía al recinto portuario; concluye que en el proyecto existen “indicios suficientes de expoliación para el patrimonio cultural de la ciudad de Málaga, y entiende que “alteraría de manera irreversible el paisaje histórico y natural que caracteriza el Centro Histórico de la ciudad y su relación entre este y el mar, y la contemplación conjunta de ambas, elementos motivadores de su declaración como Conjunto Histórico Bien de Interés Cultural”.


Así se explicita en los Fundamentos Jurídicos, donde el Ministerio señala que la Plataforma del Dique de Levante, se encuentra “dentro del Distrito 1-Centro, según la delimitación urbana fijada por el Ayuntamiento”, y según plano que se acompaña a la Resolución, “guarda relación directa, histórica y geográfica" con un entorno protegido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como es el Centro Histórico de Málaga”.

También se señala que la plataforma portuaria “es prolongación de la zona del puerto que conecta directamente con el Centro Histórico, presidido en lo alto por la Alcazaba y el Castillo del Monte Gibralfaro, incluido en la declaración del BIC y considerado como el mirador principal de la ciudad y su mar”.

Se incide en que “las características volumétricas de la edificación proyectada podrían provocar un impacto negativo en el paisaje urbano, histórico y natural de la ciudad de Málaga, en especial en su Distrito Centro, vulnerando así las especificaciones establecidas en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 2000, … en vigor desde el 1 de marzo de 2008”.


El Ministerio de Cultura, como Administración del Estado, se declara competente para intervenir de acuerdo a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Nacional, que fija su actuación cuando haya “peligro de pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social”.


Otro aspecto esencial argumentado, con referencias concretas a la legislación vigente, es el de que “los terrenos donde se proyecta la construcción son de titularidad y gestión estatal, a través de la Autoridad Portuaria de Málaga dependiente de Puertos del Estado, y que por tanto, según establece el artículo 6.b de la Ley del Patrimonio Histórico Español, es la Administración General del Estado, en este caso el Ministerio de Cultura y Deporte, la administración competente en materia de patrimonio cultural”.

Valores patrimoniales definitorios de la ciudad

En la Resolución se menciona en distintas ocasiones que los “valores patrimoniales definitorios de la ciudad, desde un punto de vista histórico y natural, son su bahía y los Montes”, destacando “el Puerto como parte fundamental en la creación del conjunto histórico de Málaga”.

Menciona “importantes contradicciones del proyecto del puerto con el Plan Especial de Gibralfaro”, aprobado por el Ayuntamiento de la ciudad en el 2015, con el objetivo de “desarrollar modelos que persigan la integración de la naturaleza en entornos fuertemente urbanizados”, por lo que se considera que la intención de los promotores del rascacielos de convertirlo en “hito referencial, resulta contrario a los objetivos del plan municipal…. El proyecto de la torre del puerto no solo no conecta, sino que rompe por su extremo final una cadena topográfica y las conexiones pretendidas por el Ayuntamiento en su Plan Especial entre Monte Gibralfaro y el Centro Histórico, no tendrían continuidad con su salida natural al mar, el Puerto, ya que pretensión del proyecto es justo la contraria, convertirse en ‘referencia del perfil litoral’”.


También se menciona por parte del Ministerio el pronunciamiento realizado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS España) reconociendo el posible impacto negativo de este proyecto. En los dos informes emitidos al respecto, este organismo asesor de la UNESCO, recomendó "renunciar" a la edificación, ya que el rascacielos tendría consecuencias “irreversibles” en la ciudad. Ver la Evaluación del impacto del hotel-rascacielos en el muelle de Levante en el paisaje patrimonial de Málaga – Enero/2018 (AQUÍ) y la Adenda al Informe sobre evaluación del Hotel Rascacielos en el Muelle de Levante en el paisaje patrimonial de Málaga – 11/Mayo/2021 (AQUÍ).

Dentro de este expediente de denuncia de expoliación, (hay que incidir en que el pronunciamiento no es definitivo), se ha iniciado el 30 de julio, en aplicación del artículo 3 de la mencionada Ley de Patrimonio Histórico Español, la solicitud de informes técnicos y consultivos a cinco instituciones: Real Academia de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de ámbito estatal; y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga y la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de ámbito regional y local.

Según se indica en la resolución, “se pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe en caso de disconformidad la interposición de un recurso Contencioso-Administrativo” ante los juzgados en el plazo de dos meses a contar desde la notificación, plazo este que debe estar a cumplirse, dada la fecha de 7 de Julio en que se emitió la resolución.

Ante este apartado de un posible recurso, el presidente del Puerto, Carlos Rubio, es contundente. “Desde el punto de vista jurídico es bastante defectuoso; no entendemos que no se dé pie a recursos administrativos cuando desde el punto de vista procedimental es necesario. Hay personas que por lo menos a nivel individual tratan de boicotear el proyecto”.


Una vez que las instituciones consultivas remitan sus informes, Cultura cuenta con un plazo de dos meses para dictaminar si la construcción del rascacielos ocasionaría un expolio al patrimonio histórico a no ser que la acción judicial anunciada por la Autoridad Portuaria y por el Ayuntamiento pudieran impedirlo. En el caso de que se confirme que existe ese riesgo de expoliación, por el impacto que el rascacielos provocaría en el conjunto del Centro Histórico de Málaga, se podrá emitir una orden ministerial que sí tendría efecto jurídico de paralización.

Ante esta posición con la que está actuando el Ministerio de Cultura, cabe recordar la que, por el contrario, mantuvieron la Consejería de Medio Ambiente y la de Cultura, en la tramitación que realizaron en 2017 (AQUÍ).

Posicionamiento de los promotores del rascacielos: diario Sur, presidente Rubio y alcalde De la Torre

Es más que evidente, que la consistencia en las argumentaciones del Ministerio, han despertado rechazo entre los promotores del rascacielos, y de ahí que el “promotor mediático” el diario Sur, bajo el titular del “El Ministerio de Cultura rechaza la Torre del Puerto de Málaga por su impacto sobre el Centro Histórico”, publicara el 2 de agosto un artículo (AQUÍ) donde destacan apartados como:


Como se esperaba, el Ministerio de Cultura ha emitido un informe negativo en relación al proyecto de la Torre del Puerto de Málaga, un hotel de 27 plantas y 116 metros de altura previsto en la plataforma del dique de Levante”.


De nada han servido las explicaciones y los argumentos que ofrecieron los responsables del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria a los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes que el pasado 22 de junio visitaron la ciudad para conocer de primera mano el escenario en el que está proyectado el hotel. Como informó este periódico, los funcionarios de Cultura se mostraron sorprendidos de la distancia que presenta la ubicación del futuro edificio respecto al casco antiguo de la ciudad –casi un kilómetro y medio–, tal vez porque venían con la idea preconcebida de que el emplazamiento era mucho más próximo al Centro Histórico. No obstante, incidieron en que, en cualquier caso, supondrá un nuevo hito o referente visual de la capital, una apreciación que muchos de los que asistieron a ese encuentro entendieron como una señal de que el ministerio iba a emitir un informe desfavorable, como así ha sucedido”.

Continúa: “… la Autoridad Portuaria no va a quedarse de brazos cruzados y, según ha anunciado Carlos Rubio, va a presentar un recurso judicial por la vía de lo Contencioso para poner freno a los posibles efectos que pueda tener la actuación del Ministerio de Cultura a nivel administrativo. ‘Es una valoración tan subjetiva, tan fuera de la realidad, y tan interesada que no la compartimos, no tiene pies ni cabeza’, ha afirmado el presidente del Puerto, quien ha insistido en que el pronunciamiento de este departamento estatal ‘se extralimita y no responde a criterios objetivos’”.

“Rubio ha remarcado que este informe no paraliza la tramitación urbanística del proyecto. «No pueden paralizar ni instar la paralización», ha apuntado, y ha argumentado que el criterio defendido por los funcionarios de Cultura respecto a que el hotel suponga un daño a los valores patrimoniales del Centro ‘está cogido con alfileres’. ‘Dicen que hay indicios... Como funcionario me sorprendo de cómo unos técnicos se han prestado a eso. Huele a manipulación tendenciosa, no sé cómo unos funcionarios se dejan manipular de esa forma. No son criterios técnicos, clarísimamente, porque no se sostienen’, ha añadido”,
dice Sur.



Estas graves acusaciones de Rubio exigirían o una demostración de la prevaricación que señala de los funcionarios de Cultura, o una rectificación que al parecer no se ha producido. En todo caso evidencian una ausencia del necesario “respeto institucional” entre entidades de la administración.

Por el contrario, con manifestaciones de una forma más educada, el alcalde, cree “forzada y artificial” la argumentación que aporta el Ministerio de Cultura con respecto a la consideración de los suelos públicos del Puerto y La Malagueta como parte intrínseca del centro de la ciudad y considera que no hay ninguna afectación al centro histórico. Y volvió a insistir en su único argumento “El proyecto catarí tiene más ventajas que inconvenientes”. Defenderemos el proyecto y trataremos de que salga adelante por lo que aporta a la ciudad y por la seguridad jurídica.


Campaña de desprestigio del PP contra el Ministerio de Cultura

Tal como decíamos anteriormente, el Partido Popular desde el momento que intervino el Gobierno a través del Ministerio de Cultura, puso en marcha una campaña de desprestigio a Cultura y sus funcionarios, a través de sus cargos políticos en las instituciones.


La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, del núcleo de confianza de Elías Bendodo, presidente provincial del partido, ha denunciado “la instrumentalización del Ministerio de Cultura; un claro ejemplo de deslealtad institucional por parte de un Gobierno que parece empeñado en ir contra el progreso de Málaga. Una vez más, asistimos al trato sectario y al intento de boicoteo permanente por parte del PSOE en las administraciones en las que gobierna, con un informe emitido por el Ministerio de Cultura que, por lo que se conoce de él, es más propio de un argumentario del PSOE, e incluso de Podemos, que de un planteamiento serio sobre la estrategia y la proyección de la ciudad".

Y en esa misma campaña emprendida por el PP, sus diputados por Málaga en el Congreso, Pablo Montesinos, Carolina España y Mario Cortés han registrado una pregunta parlamentaria para cuestionar al Gobierno central por los criterios técnicos que ha seguido el Ministerio de Cultura para desacreditar el proyecto del rascacielos y preguntan al Gobierno sobre por qué se ha elegido este momento para publicar dicho informe y quién lo ha solicitado.


Dibujo de Idígoras en Diario Sur


La vía de los juzgados del presidente del puerto y el alcalde…

Al parecer, hoy día 30 finaliza el plazo para que la Resolución del Ministerio de Cultura pueda ser contestada. En ella se especifica que, en su contra, únicamente cabe emplear la vía judicial, pero tanto el Ayuntamiento como la Autoridad Portuaria consideran que esto no es así y que cabe en primer lugar presentar una reclamación por la vía administrativa.


Según últimas declaraciones, al parecer, la vía de los juzgados es precisamente la que no descartan tanto el alcalde de Málaga como el presidente del Puerto, Carlos Rubio, que ha mostrado su “absoluta disconformidad” con una Resolución que, interpretan como un ninguneo a la Junta de Andalucía por la falta de competencias urbanísticas del Ministerio.

En una reunión el pasado viernes, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Puerto, en un intento de “salvar el rascacielos”, estas instituciones gobernadas por el P.P., intentaron coordinar una respuesta jurídica conjunta al expediente de expoliación.

Según ha informado el concejal de urbanismo, el Ayuntamiento ha decidido presentar una reclamación previa, “entendemos que la resolución firmada por Cultura no está conforme con lo que entendemos como razonable, porque se mete en la competencia municipal y eso es lo que vamos a defender. En cualquier caso, habría expolio cuando haya proyecto, ahora estamos definiendo las normas del planeamiento, no el proyecto. Si hubiera expolio, aún no se habría producido”.

Carlos Rubio, punta de lanza de la estrategia iniciada por el P.P., continúa siendo contundente en sus declaraciones contra el informe del Ministerio, “la resolución por la que se inicia el expediente está llena de errores jurídicos y sus argumentos de rechazo al mismo le llevan a considerarla como nula de pleno derecho porque no ha seguido el procedimiento adecuado y ha sido evacuada por un órgano incompetente”.


… y la postura contraria del Consejo de Administración del Puerto

Es necesario resaltar que esta posición especialmente beligerante del presidente del Puerto, no cuenta con el beneplácito del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.


Como evidencia de que el rascacielos se ha convertido en un claro elemento de confrontación política entre el Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) y las instituciones gobernadas por el Partido Popular, tenemos también la situación creada en el seno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

El presidente Carlos Rubio, convocó con carácter extraordinario una reunión del Consejo para el 30 de Agosto, (AQUÍ). Carlos Rubio pretendía que los miembros del Consejo le dieran el visto bueno a la presentación de un recurso contra la Resolución del Ministerio de Cultura.

Al comienzo del Consejo, Rubio se vio obligado a retirar ese asunto del orden del día. La no presencia de los vocales designados por el Gobierno: Subdelegado del Gobierno, representante de Puertos del Estado y Abogada del Estado, evidenciaba la división existente en el seno del Consejo sobre el controvertido y problemático rascacielos. Carlos Rubio, con la convocatoria de esa urgente y “extraña” reunión acababa de destapar la situación de enfrentamiento existente entre los concejeros. Cabe mencionar que los vocales nombrados por el PP se encontraban todos presentes.


Ante esas destacadas y significativas ausencias, Carlos Rubio opto por retirar el asunto, y “justificar” ante los presentes y medios de comunicación, las ausencias motivadas por las fechas coincidentes con el periodo vacacional, a pesar de que la reunión se participaba de forma telemática.

El vocal del Consejo, designado a propuesta de UGT, Juan Antonio Triviño, consultado sobre esa reunión, confirma que efectivamente el asunto no se abordó y que la única intervención que hubo sobre el mismo fue por su parte, al reclamar al presidente el motivo por el que no se habían solicitado, con carácter previo a la convocatoria de la reunión, los necesarios informes jurídicos, a Puertos del Estado y a la Abogacía del Estado, exigiendo que se pidieran dichos informes con anterioridad a la toma de decisión sobre la posible presentación de recurso anunciado reiteradamente en los medios de comunicación por el presidente.

Al día de hoy, Triviño manifiesta no tener conocimiento de que se hayan gestionado aun dichos informes, así como que no se ha facilitado a los vocales del consejo ninguna documentación al respecto, por lo que considera que en caso de presentarse un recurso en nombre de la Autoridad Portuaria se estaría actuando a espaldas del Consejo de Administración, máximo órgano de decisión del Puerto.

Un dato más de esta confrontación política, la tenemos en las declaraciones del candidato del PSOE a presidente de la Junta, Juan Espadas, en el sentido de considerar como "bastante contundente" el informe emitido por Cultura y la llamada al Ayuntamiento de que es necesario que tenga en cuenta esta situación, han irritado sobremanera al alcalde.

Espadas considera que “el informe de Patrimonio es bastante contundente; entiendo que no se van a poner en peligro otros elementos, otros valores de la propia ciudad de Málaga, en tela de juicio o en cuestión por un proyecto de estas características”. Espadas ha pedido respeto hacia las administraciones y las autoridades que tienen la competencia.

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