La empresa CONACON, como muchas otras, encadena tres facturas cuya cuantía supera los 330.000 euros por hacer lo mismo, “sin seguir las estipulaciones legales”, denuncia la concejala de IU Málaga, Remedios Ramos. El PP gasta 12.000 euros en caramelos para el distrito Cruz de Humilladero de Teresa Porras; más de 250.000 para el adecentamiento del Jardín Botánico;…

En 2007, antes de la Gran Crisis y en pleno periodo expansivo de la economía, los gastos con ‘reparos’ de la Intervención General eran de 7,8 millones de euros. En 2018 ya se situaban en torno a los 20 millones, en 2021, son ya 26 millones los que salen ‘ilegalmente’ del bolsillo de los malagueños y malagueñas y así se gastan

03/05/22.
 Opinión. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La Intervención General del Ayuntamiento de Málaga, organismo encargado de la correcta fiscalización de los fondos públicos municipales, detectó que, sólo durante el ejercicio de 2021, el equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), con el alcalde Paco de la Torre al frente,...

...pagó a dedo 1.103 facturas ilegales a quién quiso y como quiso, lo que supusieron un gasto de más de 26 millones de euros por parte de los representantes de la soberanía popular de los malagueños y malagueñas. El interventor municipal pone reparos legales a las facturas, pero luego, políticamente, el alcalde y el PP levantan estos reparos y pagan lo que quieren a quien quieren y como quieren. (Ver el dossier de las más de 1.000 facturas pagadas AQUÍ).


La mayoría de las infracciones que ha detectado la Intervención General del Consistorio malagueño vienen derivadas por adjudicaciones ‘a dedo’ que se saltan algunos, si no casi todos, los procedimientos para que éstas sean formalizadas de acuerdo a la ley. Algunos de los conceptos llaman especialmente la atención por su infantilismo, como el gasto público de 12.000 euros que se embolsó una empresa elegida de forma arbitraria y sin concurso público por la venta de caramelos para el distrito de Cruz de Humilladero, que controla la popular concejala Teresa Porras.

‘Los chuches’, como decía el ex presidente del Gobierno, M. Rajoy, pueden ser muy golosos. Tanto que la empresa CONACON concatenó tres contratos que han tenido que ser ‘reparados’ por Intervención General que ascienden a más de 330.000 euros por las mismas tareas en el Jardín Botánico y adjudicadas, de nuevo, “sin seguir las estipulaciones legales”, tal y como denuncia la concejala de IU Málaga, Remedios Ramos. Éstas facturas irregulares dependían del Área de Sostenibilidad Medioambiental, cuya responsable es la concejala del Partido Popular en el Consistorio, Gemma del Corral, a quien no se le puede acusar de austeridad, ya que la edila delegada de Medioambiente es especialmente generosa a la hora de errar las facturas de los servicios contratados, tal y como se puede comprobar en el Anexo de Reparación de Intervención General del Ayuntamiento de Málaga que hoy EL OBSERVADOR pública íntegramente AQUÍ.


En él se puede comprobar cómo la mayoría de ‘fallos’ de las distintas áreas y estamentos municipales del equipo de gobierno se producen con las mismas empresas, o lo que es lo mismo, con los mismos empresarios, cuyos nombres se repiten de forma alarmantemente recurrente. Estos errores, para mayor sorpresa, siempre suelen incumplir los mismos preceptos legales, huelga especificar que de obligado cumplimiento, como la falta de expediente o saltarse parcial o totalmente las diferentes y escuetas normativas que debe pasar todo procedimiento de externalización de servicios que, si bien podrían ser públicos, la deriva neoliberal de las últimas décadas ha convertido (y sigue haciéndolo) en privados.

Otro aspecto reseñable es cómo una misma empresa, como Ilunion Limpieza y Medioambiente, presta sus servicios a distintas delegaciones. ¿A dónde va ese dinero? Por ejemplo, en este caso, Ilunion Limpieza y Medioambiente S.A. tiene su sede en el número 3 de la calle Albacete de Madrid. ¿No existen empresas malagueñas o, cuando menos, andaluzas, capaces de prestar estos servicios? ¿Por qué el dinero que sale de los impuestos de los malagueños y malagueñas termina en esas cuentas bancarias a través de procedimientos reconocidos como irregulares en tanto que han de ser ‘reparados’ por el Interventor municipal?


Endesa como paradigma de la descapitalización del Estado

A pesar de que, junto al extravagante alcalde de Vigo, Abel Caballero, De la Torre y su equipo son unos apasionados de la iluminación, especialmente las navideñas, se puede afirmar que a los gobernantes del Ayuntamiento de Málaga le faltan luces. Sólo así se pueden explicar que algunas de las facturas ilegales más cuantiosas, una de ellas millonaria, hayan ido a parar durante 2021 a Endesa. La empresa eléctrica, con sede por cierto también en Madrid y propiedad de la energética italiana de carácter público, recibió de las arcas públicas municipales de Málaga un importe de 1.297.011,60 euros de una factura con irregularidades por parte de la concejalía de la edil Teresa Porras: el área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas.

Lo sucedido con Endesa ilustra lo que de verdad se conoce como la colaboración público privada. La eléctrica española fue una empresa cien por cien pública hasta que los distintos gobiernos del PSOE y el PP fueron vendiendo y cuarteando su propiedad a fondos inversores bajo el argumento de que se trataba de un proceso de liberalización de la economía española. Hoy, Endesa es una empresa de gestión cien por cien privada y propiedad de Enel, la empresa pública eléctrica italiana. Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.435 millones de euros en 2021, lo que representa un incremento del 2,94 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Málaga, a través de su Ayuntamiento, contribuyó con más de un millón de euros en facturas reparadas por Intervención General, es decir, irregulares es su forma o en su procedimiento.


Incremento exponencial de las facturas a dedo

Cuando España surfeaba la ola de la burbuja inmobiliaria, en 2007, que al final resultó ser un tsunami de consecuencias devastadoras, la cifra de gastos reparados por Intervención en el Consistorio se situaba en 7,6 millones y desde 2018 el montante supera cada año los 20 millones de euros para acercarse a los 30 millones en el último ejercicio. “Este proceder se ha convertido ya en un modus operandi del PP para saltarse los mecanismos y garantías legales para el gasto de los fondos públicos”, denuncia la concejala de IU Málaga, Remedios Ramos, quien añade: “Entre las facturas que han encendido las alarmas en la Intervención se contabilizan muchos fraccionamientos de contratos o adjudicaciones directas que se saltan todos los procedimientos, a dedo.”


Tanto el Partido Popular como Ciudadanos, quienes gobiernan en coalición Málaga, dicen ser firmes defensores del modelo liberal a la par que incrementan las externalizaciones de servicios a las mismas empresas privadas a través de procedimientos cuando no ilegales, de difícil justificación ética. El gobierno local cada vez gasta más en asesores y cargos elegidos de forma arbitraria, cada vez concede más partidas a las mismas empresas y empresarios, y compaginan esta práctica con la defensa de la que llaman democracia liberal.


Hay que consultar el listado completo de las más de 1.000 facturas de más de 26 millones de euros que ofrece EL OBSERVADOR AQUÍ, con una calculadora a mano, para poder valorar el dinero del contribuyente malagueño que el equipo de gobierno municipal, capitaneado por Paco de la Torre, gasta en facturas de carácter irregular. Hay que recordar que en Málaga, uno de cada cuatro habitantes vive en riesgo de exclusión social.