Repudia la planificación de Málaga realizada por el Ayto y Paco de la Torre en los últimos años, considerándola producto de decisiones políticas, “donde las nuevas propuestas de desarrollo urbano no se ajustan a un plan preexistente y a menudo carecen de debate ciudadano”

Deplora los últimos objetivos urbanísticos (rascacielos del puerto, construir en REPSOL, Málaga litoral, Expo 2027, etc.), ya que “pueden ser jurídicamente cuestionables y contravienen el principio de no regresión planificadora en materia de zonas verdes y suelos protegidos”

Destaca que la acción municipal parece favorecer a actores económicos en detrimento de los intereses generales de la población local, “lo que plantea interrogantes sobre la aplicación justa de la legislación urbanística y la participación ciudadana en la toma de decisiones”

20/09/23. Opinión. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Pedro Marín Cots ha sido durante varias décadas director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) del Ayuntamiento de Málaga, desde donde ha ejercido, sobre todo en los últimos años, como ‘azote’ del alcalde, Paco de la Torre. Marín Cots ya se ha jubilado (aunque ahora es presidente del recién creado Instituto de Estudios Urbanos y...

...Sociales), pero eso no parece indicar que vaya a dejar de señalarle a De la Torre sus meteduras de pata, en este caso mediante un artículo en el que habla sobre todo de urbanismo.

En el artículo publicado por la revista Ciudad Sostenible (AQUÍ), Marín Cots empieza describiendo la evolución del planeamiento urbano en Málaga a lo largo de varias décadas. Así, entiende que en la década de 1960, el crecimiento económico acelerado llevó a un aumento significativo de la población, lo que resultó en un planeamiento urbano poco coherente debido a la influencia de intereses económicos oligárquicos en una dictadura. Por su parte el Plan de 1971 introdujo a su parecer un enfoque más orientado hacia los negocios inmobiliarios y económicos, lo que condujo a una alta concentración de edificaciones, incumplimiento de obligaciones de urbanización y escasez de zonas verdes y equipamientos.


Pasamos a 1983, cuando se aprueba el primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la época democrática. Para Marín Cots este plan buscaba corregir la fragmentación urbana y la falta de conexiones viarias, y a diferencia del Plan de 1971, este PGOU fue más detallado en la ordenación a nivel de manzana o parcela. De esta manera en las décadas de los ochenta y noventa, se intentó recuperar una visión más holística del espacio urbano, considerando la sociología urbana y la participación ciudadana en la planificación. Luego, en los planes de 1998 y 2011, se mantendría la estructura urbana previa, pero se enfatizó más en los aspectos contables y los convenios urbanísticos. A pesar de las diferencias, se mantuvo una idea formal de metodología de trabajo unitaria y respeto por las reglas de juego definidas por la Agenda Urbana y el PGOU.

Llegados a este punto, Marín Cots expone que se ha producido un cambio significativo en la planificación urbana de Málaga en los últimos años, donde las nuevas propuestas de desarrollo urbano no se ajustan a un plan preexistente y a menudo carecen de debate ciudadano. Menciona ejemplos de proyectos controvertidos, como la propuesta del rascacielos del Puerto, el Plan Málaga Litoral, o la candidatura a la Expo 2027. Además, se destaca la adopción de una nueva legislación urbanística que permite la urbanización de suelos rústicos por motivos económicos, turísticos o industriales, lo que ha llevado a una especie de "urbanismo a la carta".


Además, Marín Cots subraya las consecuencias de estos cambios en la población de Málaga, con una creciente gentrificación, expulsión de residentes de viviendas asequibles debido al aumento de alquileres y una disminución de la población en el centro histórico. A pesar de la inversión pública y los fondos europeos destinados a la revitalización, no se ha logrado el objetivo de recuperar la población en áreas degradadas, y señala que hay un alto porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social, incluyendo una alta tasa de pobreza infantil.

El ex director del OMAU también aborda la transformación que ha sufrido Málaga en términos de planificación urbana y gentrificación. Así, sostiene que la demanda actual de viviendas en la ciudad no siempre beneficia al ciudadano promedio, ya que muchas propiedades son adquiridas por inversores externos. Esto ha llevado a un aumento de la gentrificación, que no se limita solo a los barrios céntricos, sino que se extiende por toda la ciudad, particularmente en la zona este, lo que dificulta que los jóvenes locales puedan encontrar vivienda en sus propios barrios.

De esta manera, sugiere que la mercantilización de la ciudad está ocurriendo a expensas del planeamiento urbano tradicional y de la participación ciudadana. Incluso argumenta que las reglas del juego están siendo modificadas para beneficiar a los intereses económicos, mencionando la necesidad de abordar la crisis climática y promover la resiliencia urbana y la inclusión social.


Marín Cots entiende que la evolución de Málaga como ciudad a lo largo del tiempo ha llevado a cambios en su estructura social y urbana. Destaca que la ciudad solía ser vista como un lugar acogedor y protector, donde la vida urbana se basaba en la participación ciudadana y en el concepto del "derecho a la ciudad". Sin embargo, la globalización y el cambio en la jerarquía urbana están generando conflictos y desigualdades, lo que amenaza con convertir la ciudad en un espacio dominado por intereses mercantiles en lugar de ser un lugar de convivencia social y participación ciudadana.

En este punto, Marín Cots enfatiza la importancia de recuperar el equilibrio perdido en la ciudad, lo que implica respetar la estructura estratégica representada por la Agenda Urbana y el Plan Estratégico, así como fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones urbanas. Aboga a su vez por dejar de lado las decisiones impulsivas y enfocarse en un enfoque más estructurado y participativo para el desarrollo de la ciudad.


El ex director del OMAU dedica un especial a los terrenos de Repsol, que originalmente estaban destinados a ser una zona verde en Málaga. Así, en el primer Plan General de la democracia en 1983 se habían calificado estos terrenos de Empetrol/Repsol como una zona verde con la intención de construir un gran parque en el futuro, considerando la falta de áreas verdes en un entorno urbano densamente poblado. Sin embargo, a lo largo de las revisiones posteriores del Plan General en 1998 y 2011, se redujo significativamente el espacio verde asignado y se aumentó el potencial de construcción residencial en la zona.

Estas modificaciones, asegura Marín Cots, pueden ser jurídicamente cuestionables y contravienen el principio de no regresión planificadora en materia de zonas verdes y suelos protegidos. Además, destaca que la acción municipal parece favorecer a actores económicos en detrimento de los intereses generales de la población local, lo que plantea interrogantes sobre la aplicación justa de la legislación urbanística y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

A continuación se puede leer el artículo competo o verlo en su fuente original AQUÍ.

De la ciudad desnuda pero acogedora, a la ciudad inquietante y excluyente

El Plan General de Ordenación Urbana publicado en 1971, en pleno desarrollismo económico que haría duplicar la población de Málaga entre 1960 y 1980, certificaba el final jurídico y practico al planeamiento de mediados de los años cincuenta de González Edo, que en la práctica nunca se había llevado a cabo. En una dictadura sometida a los intereses económicos oligárquicos no había oportunidades de constituir un paisaje urbano coherente y cohesionado.

El Plan de 1971 consagraba tanto el zoning diferenciador de usos del territorio como la posibilidad de una ordenación urbana abierta a las propuestas y necesidades de negocio inmobiliarias y económicas de la época. Los resultados de la edificación de la década anterior y de los setenta son apreciables hoy en día en la ciudad, pero a finales de los años setenta eran todavía más evidentes, ya que, a la alta concentración edificatoria, se le unieron el incumplimiento reiterado de las obligaciones de urbanización y creación de zonas verdes y equipamientos.

PGOU de 1983

El primer PGOU de la época democrática, aprobado en 1983 mostraba la imagen de la ciudad heredada como de un espacio urbano roto, hecho a trozos, donde las conexiones viarias entre los planes parciales en diferentes fases de tramitación, pero ya edificados en la práctica, eran difíciles o inexistentes, y los costes ambientales de la deficiente o nula urbanización serian una costosa carga económica para la labor de recuperación urbana del nuevo Ayuntamiento.

A diferencia del PGOU de 1971 de grandes manchas, el Plan de 1983 fue meticuloso en la ordenación a nivel de manzana, o incluso de parcela, detallando de manera pormenorizada los usos e intensidades de cada ámbito urbano. Posiblemente ese nivel de detalle fuera un contrapeso necesario de la época frente a los grandes excesos del planeamiento anterior.

Los años ochenta y noventa fueron años de una cierta recuperación de los códigos del urbanismo como instrumento de la ordenación urbana donde el espacio público pretendía vertebrar la ciudad. La visión global del espacio urbano entrelazaba la arquitectura de la ciudad con la sociología urbana y la atención a la participación ciudadana en una metodología de trabajo cercana al estructuralismo que se extendió a los primeros planes estratégicos como compañeros de viaje de la planificación urbana.

Planes de 1998 y 2011

Aligerados de los compromisos de ordenación urbana de 1983, y bajo otra esfera política más permisiva con las necesidades de los negocios inmobiliarios, los planes de 1998 y 2011 todavía mantenían sin embargo vigente la estructura conocida, aunque ganase fuerza la imagen de un planeamiento “contable” más que urbanístico, basado en un buen número de convenios urbanísticos.

Sin embargo, la aparición de las Agendas 21 y sobre todo de las Agendas Urbanas ya avanzados los 2000, mantenían el vínculo prioritario con el planeamiento urbanístico como evidencia la Agenda Urbana de Málaga (2015) o la Agenda Urbana Española (2019), al tiempo que introducía en la estructura de carácter global conceptos vinculados a la nueva movilidad, la eficiencia energética o la crisis climática.

En todo este periodo, pese a sus notables diferencias, permanecía vigente, por lo menos a nivel formal, una idea de metodología de trabajo unitaria u holística que la diferenciaba de la época del Plan de 1971 y del “no planeamiento” de la época de la dictadura. Las autoridades municipales aunque habían modificado progresivamente elementos favorecedores del mercado inmobiliario (crecimiento hacia las colinas del litoral este, disminución progresiva de espacio público verde en los antiguos terrenos de Repsol sin que nadie recurriera o denunciara esa situación urbanística, eliminación del límite de altura en la edificación…) mantenían un cierto respeto por los procesos “consensuados” de crecimiento de la ciudad en las reglas de juego que suponía la Agenda Urbana como marco de referencia estratégico de la ciudad (definición del acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y España de octubre de 2014).

Es decir, los proyectos urbanos que se desarrollaban partían de una estructura global que les daba cobijo, el PGOU y la Agenda Urbana. Habían sido debatidos y consensuados por la participación ciudadana. Y en todo caso partían de una metodología de trabajo conocida y respetada.

La ciudad hoy

Frente a esta forma de trabajo que con sus deficiencias había perdurado cuarenta años, en los últimos años se ha ido dejando de lado este sistema de proceder, de manera que las nuevas propuestas de ciudad no tienen una ubicación prevista en ningún tipo de planeamiento, y además se muestran como decisiones políticas con escaso o nulo debate ciudadano.

La propuesta de la torre del Puerto, el denominado plan de Málaga litoral, la recalificación de una gran zona verde para su destino residencial y terciario, ignorando el principio de no regresión planificadora en zonas verdes del Tribunal Supremo o de los Dictámenes del Consejo de Estado, las inusuales modificaciones de elementos, vía convenio urbanístico, que duplica la edificabilidad de un suelo urbanizable no desarrollado (Bizcochero-Capitán), la apuesta frustrada por una exposición universal precisamente sobre la sostenibilidad urbana, o el incumplimiento generalizado de los objetivos iniciales de la renovación de la ciudad histórica, muestran una imagen de vuelta a los años setenta donde las prioridades de grupos económicos prevalecían sobre la forma urbana como reflejo de un planeamiento inexistente, y hoy en día frecuentemente superado.

La fragilidad del planeamiento tradicional se constata no solo en las nuevas actuaciones que los grupos económicos, que no las necesidades ciudadanas, promueven, si no en la nueva legislación urbanística aprobada por el Parlamento Regional que supone un cambio radical en la tradición urbanística española de los últimos 160 años, donde el suelo urbanizable como concepto desaparece, y los suelos rústicos (antes no urbanizables) susceptibles de ser urbanizados lo son por necesidades de interés económico, turístico o industrial, lo que se asemeja a una especie de urbanismo a la carta. La nueva ley denominada Lista, fue amenazada de inconstitucional por la Dirección General de Urbanismo del MITMA, y finalmente el Ministerio y la Junta de Andalucía llegaron recientemente a un acuerdo para reformar 42 artículos de la Ley y evitar el recurso de inconstitucionalidad.

La imagen de parque temático en que se había convertido la ciudad antigua, sus arrabales y ensanches próximos comienza a extenderse al conjunto de la población, “Málaga para invertir” promociona el propio Ayuntamiento, y los agentes inmobiliarios muestran las expectativas crecientes de rentabilidad de sus operaciones comerciales, en las que el ciudadano medio no solo está ausente, sino que a menudo es objeto de gentrificación, en una ciudad que entre 2015 y 2020 perdió 36.687 personas, hombres y mujeres entre 25 y 40 años, y sus hijos entre 0 y 10 años que se trasladaron de Málaga a la corona metropolitana o a otras ciudades españolas.

Le Monde ha seleccionado a Málaga, junto a otras ciudades europeas entre las que están Berlín, Londres, Amsterdam o Budapest, como ejemplo de la Europa gentrificada, y recogiendo lo que escribí en el último texto publicado en el OMAU en el informe de Indicadores 2022 de la Agenda Urbana, en el sentido que los cuantiosos fondos Feder europeos recibidos para la recuperación y renovación de un Centro Histórico degradado y de su población originaria han tenido el efecto contrario, han servido para mejorar las infraestructuras, calles, plazas y edificios donde los intereses económicos han desplegado su actividad, pero no han reforzado la cohesión social, sino que han contribuido a la expulsión de un gran número de vecinos residentes incapaces de asumir las nuevas rentas del alquiler de viviendas, ocupadas ahora por viviendas turísticas o población de mayor poder adquisitivo.

La falsedad de la colaboración público-privada se ha plasmado en Málaga, al igual que en otras ciudades europeas donde a través de la inversión pública, principalmente de fondos europeos se han sentado las bases para dejar el campo de juego preparado para los inversionistas inmobiliarios o de hostelería, recordando aquella secuencia inicial del film de Francesco Rossi en “Mani sulla Citta”. Es comprensible cuestionar si su utilización, como en otras ciudades, ha sido adecuada, ya que la gentrificación, la turistificación, y la conversión en un inmenso parque temático de la zona histórica de la ciudad, no eran los objetivos originales del PEPRI de 1990 y del URBAN de 1994.

Por tanto, se puede afirmar con datos y documentos concretos que los fondos europeos no han cumplido plenamente su cometido de recuperar población en entornos degradados. Sino todo lo contrario, a través de políticas mercantilistas han servido de apoyo a la llegada de nuevas actividades, básicamente hoteles, apartamentos, viviendas turísticas, empresas de restauración y franquicias comerciales, y al mismo tiempo la sustitución de gran parte de la población residente.

Frente a la ciudad que algunos caracterizan como una mezcla de Qatar y un simulacro de Silicon Valey nos encontramos con recientes datos escalofriantes del INE de los porcentajes de población que viven en riesgo de pobreza y exclusión social, que en Málaga alcanza el 23% de la población. La pobreza infantil supone el 40% y los niveles de renta familiar disponible continúan siendo los más bajos de España.

Vivienda

Una consultora se hacía eco recientemente en la prensa local de que en Málaga hacían falta 5.000 viviendas. Aunque seguramente se refería a viviendas susceptibles de vender se a precios interesantes con el objetivo de hacer un negocio rentable. Cuando la prensa económica o las consultoras inmobiliarias hablan del interesante crecimiento de la rentabilidad de las inversiones en Málaga, no se refieren a las 21.000 personas que están en lista de espera del IMV, esa población posiblemente es invisible para estas empresas.

Una parte muy importante de la demanda de viviendas actuales no son adquiridas por el malagueño medio, si no por inversores externos a Málaga. En algunas promociones actuales de conocidas siluetas, los propietarios asentados en Málaga no superan el 20% de los compradores, y en algunas pequeñas promociones de Caleta-Limonar, no suponen ni el 10%. Estas promociones, algunas de las cuales podríamos denominar “espacios de renta” suponen las últimas tendencias financieras de especulación inmobiliaria en un proceso de mercantilización del espacio público totalmente ajeno a la ciudad existente, y que ya han sido puestos en práctica por ejemplo Londres o Barcelona.

En los últimos años, la tendencia histórica de ciudad dual separada por el Guadalmedina se ha ido ensanchando hasta el sentido de bipolaridad psicológica.21 La gentrificación no afecta ya a barrios populares de la ciudad central, se extiende a toda Málaga y con especial intensidad en la zona este, donde los jóvenes que allí nacieron tienen que buscar vivienda en otros barrios o en la corona metropolitana.

En numerosos círculos ciudadanos se considera que asistimos en los momentos actuales a potentes impulsos de mercantilización de la ciudad a toda costa, similares a la desregularización económica que dio paso a un radical neoliberalismo que nos sumió en la gran recesión de 2008. En los años ochenta el PGOU vino de alguna manera a establecer las condiciones del campo de juego, que fueron mayoritariamente aceptadas en un momento político determinado. Ahora las reglas del juego cambian o se modifican a voluntad de los poderes económicos, una situación inédita desde la dictadura y que ha roto el equilibrio estratégico de la ciudad.

La degradación de la utilidad del planea- miento urbanístico va pareja a la de la participación ciudadana en unos momentos históricos que nos demandan cambios rápidos y profundos en nuestra forma de vida. Durante décadas e incluso siglos cambiamos lentamente nuestros rituales de consumo y forma de vida, y ahora nos vemos presionados a modificar nuestras pautas de forma radical en pocos años por la crisis climática.

No es fácil seducir a una misma generación a la que se propuso el automóvil como fuente de progreso y libertad, y ahora, de lo contrario. O la misma situación se reproduce en como frenar la sociedad de consumo que ha sido el modelo identificador de la sociedad occidental y que todavía se impulsa a diario.

Recientemente se está introduciendo la “sobriedad urbana” como un nuevo termino que enlaza la armonía y el equilibrio de las políticas públicas para lograr una calidad de vida vinculada al medio ambiente y a la gestión de los recursos naturales. Esta idea conecta con el término resiliencia, es decir nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones climáticas, pero también económicas que difícilmente vamos a poder modificar.

A su vez la resiliencia está unida a la capacidad democrática de la inclusión territorial y social, a potenciar la participación ciudadana, y a no dejar atrás a nadie víctima de la pobreza o la exclusión social. Lo que significa combatir la ley del más fuerte que hoy predomina en el espacio urbano.

El planeamiento urbanístico posiblemente deberá observar estas premisas para redefinir su lenguaje que epistemológicamente siempre ha tenido dificultades para definir su enorme complejidad. Hoy en día el planeamiento se ha convertido en el compendio de multitud de informes sectoriales que se constituyen en una barrera burocrática que impide tener una visión integral u holística del hecho urbano como era históricamente su cometido.

La reforma radical a la que debe someterse el planeamiento urbanístico ha de tener por objetivo agilizar los trámites administrativos y los largos periodos para culminar su aprobación, sin perder ninguna de sus características básicas26 como la ordenar y diseñar el conjunto de estructuras y sistemas básicos de la ciudad. Al tiempo que establece pautas de trazado del espacio público, de composición edificatoria y de equipamientos que pueden ser desarrolladas por otros instrumentos menores de planeamiento.

El nuevo planeamiento, al igual que la arquitectura, al tiempo de hacerse más sencillo administrativamente se hace más complejo al integrar cuestionadas a la crisis climática, a la cuestión determinante del paisaje urbano y a la sociedad de la información. Y la propia arquitectura replanteando gran parte de actividad en la rehabilitación, la re- modelación y la restauración.

Ciudad globalizada

Málaga, como otras muchas ciudades, tuvo durante mucho tiempo la idea social de ciudad acogedora y protectora, que es ciertamente la génesis de la idea de ciudad como lugar de convivencia social y refugio para sus residentes y visitantes. La vida urbana estructurada en base a la participación ciudadana en lo que conocimos hace muchos años como el derecho a la ciudad.

La nueva ciudad globalizada es también más diversa y mestiza. Pero para Málaga no es algo nuevo, lleva muchos siglos de convivencia cultural como espacio marítimo.

Sin embargo, este cambio de jerarquía urbana esta aumentando los conflictos y los problemas típicos de la globalización con el peligro de que el aumento de la segregación y las desigualdades urbanas conviertan la ciudad, como está sucediendo en la actualidad, en un espacio sometido a la prevalencia de la actividad mercantil, donde los individuos, lejanos a la participación en el destino de la urbe, se parezcan más a súbditos que ha ciudadanos.

Málaga siempre me ha recordado Nápoles, no solo por su situación meridional, sino porque como decía Italo Calvino es una ciudad atravesada por desigualdades y exclusión social, lo que la hace repelente e inquietante. Pero al mismo tiempo es atractiva y tiene una inagotable vitalidad.

El cierto equilibrio urbano trabajado en 50 años se puede perder muy rápidamente como estamos viendo en Málaga en los últimos años, tanto por la presión de los intereses económicos y mercantiles, pero sobre todo por la dejadez e inacción de los responsables municipales, más dispuestos a estar en convivencia con el consumismo desbordado y la maximización de beneficios (lo que es incompatible con el estado social) que con las necesidades y la participación ciudadana.

Recuperar el equilibrio perdido en estos años será una tarea complicada, pero pasa primero por respetar la estructura estratégica de la ciudad que es la Agenda Urbana y el Plan Estratégico, dejando de lado las continuas “ocurrencias” que al margen de los documentos estratégicos se han elaborado en los últimos años. La ciudad cambia y evoluciona y puede tener nuevas necesidades sociales, urbanísticas, económicas o ambientales, pero las debe debatir a través de la participación ciudadana, y si es consensuadamente, mejor. Y luego incorporarlas a sus planes estratégicos o agendas urbanas de manera estructurante y jerarquizada. No es algo nuevo y desconocido, Málaga fue ciudad pionera esta forma de trabajo colectivo por el que recibió muchos reconocimientos, que des afortunadamente fue abandonando por las urgencias vitales del virus de la economía neoliberal, alérgica a los planes y al engorro de la participación ciudadana.

Terrenos de Repsol

El primer Plan General de la nueva democracia (1983, y Premio Nacional de Urbanismo de 1985), calificaba los terrenos de Empetrol, luego Repsol, como zona verde con una superficie de 207.000 m2. En un ámbito urbano heredado de la construcción desarrollista de los años sesenta y setenta, los niveles de densidad urbana superaban los 600 habitantes por hectárea, mientras las zonas verdes eran prácticamente inexistentes, y hoy siguen siendo inferiores a los 3 m2 por habitante. Por tanto, la motivación urbanística de la calificación era evidente para construcción de un gran parque cuando finalmente se pudieran retirar los enormes depósitos de combustible, que suponían al mismo tiempo un peligro para los vecinos.

En la revisión del PGOU de 1998 el parque se redujo sensiblemente, al tiempo que se asignaban al sector 62.628 m2 de edificación residencial. En la siguiente y última revisión de 2011, el parque se redujo a 70.000 m2 aumentando el techo edificable a 177.548 m2. El ayuntamiento de Málaga no se cuestionó si jurídicamente podía realizar esas grandes reducciones de zonas verdes y la nueva consideración de superficie edificable. Pero tampoco se lo cuestiono la oposición política, ni la propia Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

Después de rechazar las más de 500 alegaciones vecinales contra la nueva edificación planteada, en 2016 se constituyó la plataforma Bosque Urbano para recuperar la calificación original, poco tiempo antes el Ayuntamiento ha sacase a subasta los terrenos, aunque solo una empresa de las que mostraron su interés por edificar se ha mantenido en el concurso, después que las otras renunciaran por los posible problemas jurídicos derivados de las denuncias vecinales en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo o los Dictámenes del propio Consejo de Estado son muy claros en estas situaciones, ni una revisión del PGOU, ni una modificación puntual de elementos del Plan General tienen capacidad de modificar, y menos de disminuir una zona verde previa, lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado principio de no regresión planificadora en materia de zonas verdes y suelos protegidos. A menudo las sentencias hablan de decisiones jurídicamente inaceptables las tomadas por ayuntamientos, en otras ocasiones hablan de situaciones irracionables y arbitrarias, señalando que una vez establecida una zona verde esta constituye un mínimo sin retorno.

Visto tantos años después la acción municipal tiene claros visos de una actuación arbitraria alejada de los intereses generales de la numerosa población residente en la zona, e impulsora de actividades inmobiliarias que no estaban previstas en 1983, lo que puede constituir un ejemplo más de impunidad de la legislación urbanística que benéfica a unos determinados actores económicos. Cuando desde el propio ayuntamiento se acusa a los vecinos que quieren paralizar la construcción de desafiar el estado de derecho y romper la seguridad jurídica, que pueden pensar los vecinos del triste destino del planeamiento original que posiblemente hubiese sido restituido sin alguien hubiese recurrido en su momento.