Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT-A: “Es absolutamente vergonzoso y deprimente para la clase trabajadora que estemos indefensos ante la actual situación, porque esto no es algo que venga solo, sino que es una trama perfectamente orquestada en la defensa de los intereses de la patronal”

16/02/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La Confederación General del Trabajo (CGT) llevará a cabo mañana martes a las 10:30h, coincidiendo con el Día Mundial por la Justicia Social, una protesta ante la Ciudad de la Justicia de Málaga como respuesta a la creciente indignación ante la situación de indefensión que sufre la clase trabajadora...

...derivada de la caótica situación de los juzgados de lo social en Málaga.

Según explica Miguel Montenegro, secretario de Organización de CGT en Andalucía, “la justicia social en Málaga hace aguas, por lo que el próximo martes, coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social, desde CGT vamos a realizar una protesta ante la Ciudad de la Justicia de Málaga, en la que vamos a difundir entre todos los usuarios del servicio público de la Justicia, la situación tan grave que está pasando”.

De esta manera, desde CGT “vamos a poner algunos ejemplos, algunos compañeros afectados por esta lentitud, por este mal funcionamiento del servicio público de la Justicia, van a exponer sus casos”. Son casos “en los que se está violando flagrantemente su derecho a la Tutela Judicial Efectiva e incumpliéndose gravemente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social”.

Como ejemplos, desde CGT nombran a “la compañera Kristel, despedida hace un año por la empresa Novaluz por haber sido diagnosticada de esclerosis múltiple y que aún debe esperar para la celebración del juicio por despido Nulo hasta el 2025 o el compañero David Molina, despedido a finales de 2023 como represalia por la actividad sindical que desarrolla en la empresa Interbus y la fecha de juicio prevista, por la violación de sus derechos fundamentales a la libertad sindical y a la indemnidad, en octubre de 2026”.


Así, “cuestiones tan graves como personas que han sido despedidas y que apelan a la vulneración de derechos fundamentales, pues están tardando los juicios 3 años, más luego lo que queda hasta que se emite la sentencia, posibles recursos y demás”.

Montenegro entiende que “la indefensión es absoluta, y eso que estamos hablando de derechos fundamentales, que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social dice que en el plazo de un mes desde que se presenta la demanda tendría que tener sentencia. No hablamos ya de reclamaciones que se consideran de segundo orden, como pueden ser reclamaciones de diferencias económicas en las nóminas, o una reclamación de derechos como antigüedad u otro tipo, que estas se están yendo ya para 4 o más años”.

Desde CGT denuncian que “los juzgados de lo Social no están al borde del colapso, están colapsados. Demandas cuyas vistas judiciales se fijan para 2025, 2026 o 2027 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social. Esta es la situación que padecemos, que no genera ninguna alarma relevante para sus máximos gestores y que aprovecha la patronal para campar libremente a sus anchas sabedores de la indefensión de la clase trabajadora que se encuentra privada del derecho al servicio público de la justicia social”.

Para Montenegro, “es absolutamente vergonzoso y deprimente para la clase trabajadora que estemos indefensos ante la actual situación, porque esto no es algo que venga solo, sino que es una trama perfectamente orquestada en la defensa de los intereses de la patronal, que ve como permanece impune en muchas situaciones de abuso hacia sus trabajadores”.

Un ejemplo de esto son algunas subcontratas, que “sabedoras de la lentitud de la Justicia pues no tienen inconveniente en despedir, sancionar, modificar condiciones, robar en las nóminas, sabiendo que cuando el juicio vaya a salir, la empresa ya no va a estar en el servicio”.


De esta manera, “se obliga de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales que dejan ser útiles y no surten efecto. Se impone por la vía de hecho el abandono de debates jurídicos que adolecerán de ‘pérdida sobrevenida de objeto’. Se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de los trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012”.

En CGT creen que “hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación”. Así, “observamos cómo surgen ya para posicionarse en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –todas ellas bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos”.

Para el sindicato “quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito, sobre el que la patronal –la más incumplidora atendiendo a las estadísticas judiciales- mantiene un indisimulado silencio. La dilación en el tiempo de las condenas es otro factor a su favor”.

Por todo esto, desde CGT exigen “el cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el respeto de los plazos que en ella se establecen”, y proponen un “aumento del número de Juzgados de lo Social”, que se implanten “Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona”, y que se agilice “el sistema de notificaciones a las demandadas, pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida”.