Remedios Ramos, exconcejala y coordinadora IU Málaga: “Nos parece totalmente impresentable que los grupos ultracatólicos, autollamados ‘provida’, sigan acosando a las mujeres que acuden libremente a ejercer su derecho al aborto a una clínica”

El personal de la clínica denuncia: “Hace un mes si tuvimos una chica más agresiva, y me dijo la policía que a menos que denunciara la mujer afectada que no podían hacer nada, y le pregunté ¿no ha cambiado la ley?, y me dijo ‘ya, pero si no denuncia’…”

22/02/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Grupos antiabortistas persisten en su acoso frente a la clínica Ginecenter de Málaga, sin que el Ayuntamiento ni la Policía hagan nada para evitarlo, pese a que la legislación vigente lo prohíbe. Desde Izquierda Unida exigen medidas contundentes para proteger el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Por su parte, el gobierno de Moreno Bonilla...

...ha otorgado 1,7 millones de euros en subvenciones a asociaciones antiabortistas en los últimos tres años.

Tal y como explica una trabajadora social de la clínica, “desde el miércoles de ceniza se puso este grupo, y están todos los días. Tengo una compañera que viene los fines de semana, y dice que el sábado estuvieron hasta las 10 de la noche, que los vio cuando se iba, y el domingo también estaban”.

“Ahora mismo los tengo delante”, confirma, “han puesto una cruz enorme, como de 1,8 metros de alto, y hay puestos 8 carteles. Ahora mismo hay cuatro personas, mirando fijamente a la clínica. Otras veces hay una chica joven de rodillas”.


Las trabajadoras creen que los antiabortistas están organizados para que siempre haya alguien frente a la clínica. “Sabemos que se turnan en los horarios o algo así, porque el otro día escuchamos a una mujer que decía ‘tú que acabas de llegar firma aquí’. Hacen una especie de recogida de firmas para los que van llegando”.

Estos grupos se dedican a acosar a las pacientes que acuden a la clínica. “Este año no han dejado de ponerse”, afirma, “lo que pasa que no traían carteles ni nada, porque se supone que no pueden, según entiendo yo con la legislación nueva”.

Efectivamente, la Ley Orgánica 4/2022 del Código Penal, que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, establece que “el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días”.


“De momento a nosotras no nos han dicho nada, lo tienen aprendido”, cuenta esta trabajadora, “pero a las pacientes si, porque han entrado varias mujeres que nos lo han comentado, y les decimos que si quieren llamamos a la policía”.

Y es que “hace un mes si tuvimos una chica más agresiva, y me dijo la policía que a menos que denunciara la mujer afectada que no podían hacer nada, y le pregunté ¿no ha cambiado la ley?, y me dijo ‘ya, pero si no denuncia’…”.

IU Málaga denuncia el acoso

La coordinadora de Izquierda Unida Málaga, la exconcejala Remedios Ramos, asegura que “desde IU Málaga ciudad nos parece totalmente impresentable que los grupos ultracatólicos, autollamados ‘provida’, sigan acosando a las mujeres que acuden libremente a ejercer su derecho al aborto a una clínica, concretamente a la de calle Alemania”.

Ramos sostiene que “esta clínica y sus usuarias llevan sufriendo el acoso de estos grupos más de una década, y desde el principio lo hemos denunciado vía mociones en el Ayuntamiento, escritos a la Subdelegación de Gobierno, ruedas de prensa, peticiones… lo hemos hecho muchas veces en solitario, otras veces con la Coordinadora 8M y con grupos feministas de Málaga”.


Desde IU van a exigir al Ayuntamiento y a la Subdelegación de Gobierno que “no se autorice este acoso a las mujeres, no estamos hablando de la libertad de 3 o 4 personas de ponerse con un cártel diciendo lo que quieran, es un acoso a las mujeres, y también a las mujeres de esta clínica”.

La propia Ramos pasó el martes por la zona, “y comprobé que estaban allí. Y en otra ocasión yo misma presencié como estas personas perseguían a unas chicas que salían de la clínica hasta el parking. No se debe consentir, por ejemplo en Cataluña ya lo han prohibido”.

Ramos recuerda que “se trata de un momento extremadamente delicado, cuando una mujer acude a ejercer su derecho al aborto, es una decisión muy difícil, y lo último que necesitan es sentirse acosadas, se deberían sentir apoyadas”.

Por todo esto, Ramos mantiene “nuestro rechazo ante estas actitudes y nuestro compromiso de seguir luchando para que las mujeres puedan ejercer su derecho a abortar de forma libre y gratuita”.

La Junta subvenciona a los antiabortistas

Por su parte, el Gobierno de Moreno Bonilla del Partido Popular ha otorgado 1,7 millones de euros en tres años (2021, 2022 y 2023) como parte de una línea de subvenciones acordada con Vox en 2020, destinadas a asociaciones antiabortistas, tal y como explica Raúl Bocanegra en un artículo para Público (AQUÍ).

Estas ayudas están diseñadas para ayudar a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos menores de cero a tres años. Aunque inicialmente pactadas con Vox y Ciudadanos para aprobar los presupuestos de 2021, el PP ha mantenido y financiado estas subvenciones incluso después de que Vox dejara de ser una influencia directa en el gobierno. El presupuesto para 2024 reserva 700.000 euros para estas ayudas.


Las subvenciones se han utilizado para crear un entramado de asociaciones antiabortistas en Andalucía. Aunque se presentan como subvenciones competitivas, solo las asociaciones que promueven la protección y defensa de la vida humana y el apoyo a la maternidad pueden recibirlas, lo que ha llevado a la exclusión de algunas organizaciones como la Cruz Roja de Granada.

Entre las organizaciones beneficiarias se encuentran entidades católicas, grupos antiabortistas como Red Madre y Adevima Provida, así como otras con perfiles ideológicos menos marcados, como Afammer, que atiende a mujeres rurales, y organizaciones que apoyan a familias monomarentales y a la diversidad.

Estas subvenciones son objeto de críticas por parte del movimiento feminista andaluz, que las considera un respaldo a grupos que se oponen a la igualdad y al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Señalan que, aunque se presentan como asesoramiento a mujeres en situación vulnerable, en realidad pueden ser utilizadas para acosar a aquellas que optan por interrumpir su embarazo.

La oposición de izquierdas ha pedido la retirada de estas ayudas, así como de otras medidas pactadas con la ultraderecha, argumentando que en el pasado existían ayudas más neutrales para mujeres en situación de exclusión social.