En relación con el rascacielos del Puerto Moyano ha venido defendiendo su construcción, y descartando cualquier inconveniente técnico para su desarrollo. ¿Puede tener este proyecto de lujo alguna vinculación con esta sorpresiva renuncia?

07
/03/24. Opinión. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Coincidiendo con esta semana tan movida en los puertos españoles, hoy, el director del Puerto de Málaga, José Miguel Moyano Retamero, ha comunicado su renuncia al cargo que viene ostentando desde diciembre del 2013, según ha podido saber esta revista. Desde esta redacción no hemos podido confirmar, hasta el momento, los motivos...

...para esa decisión “personal”. Según informa la web de la Autoridad Portuaria, la remuneración del director supera los 82.000 euros.

Así, los Puertos de España siguen dando que hablar. Tal como ya informábamos en esta revista el pasado martes (AQUÍ), el Ente Público Puertos del Estado está en el huracán producido por el conocido “caso Koldo” sobre la compra de mascarillas. Puertos del Estado compró 8 millones de mascarillas por 24,2 millones de euros. Esta misma semana, el pasado miércoles, el Ministro de Transporte anunció el cese del Secretario General del ente, Álvaro Sánchez Maldonado, por “pérdida de confianza”, y ayer mismo declaraba que no descartaba algún cese más dentro de los puertos.

José Miguel Moyano

En esta serie de ceses y dimisiones hay que anotar la de José Miguel Moyano. Su llegada a la dirección (AQUÍ) vino precedida del cese del anterior director, José Antonio Caffarena, por decisión del presidente del Puerto en aquellas fechas, el socialista Paulino Plata, (AQUÍ), que tomó como primera decisión, nada más llegar al cargo, el echar a la calle al director que había destapado el mayor caso de corrupción en el puerto malagueño.

El ya exdirector del Puerto de Málaga, José Miguel Moyano Retamero

Las irregularidades “gestionadas” durante el mandato de José Moyano Retamero como director del Puerto de Málaga han tenido un impacto significativo en el funcionamiento y la reputación de la institución:


1.-Defraudación de fondos públicos: El caso más grave es el fraude de unos 4 millones de euros en la construcción del nuevo muelle de cruceros y las obras en la terminal de contenedores entre 2008 y 2023. Se inflaron trabajos y certificaciones con partidas falsas o inexistentes, afectando al atraque Sur, muelle de contenedores y espaldón del dique de Levante. Esto ha supuesto un quebranto directo a las arcas de la Autoridad Portuaria.

2.-Daño reputacional y procesos judiciales: Los escándalos de corrupción han dañado seriamente la imagen pública del Puerto. Han derivado en largos procesos judiciales de más de15 años, con condenas a exdirectivos por delitos como falsedad documental y malversación. Esto ha generado una percepción de falta de integridad y control en la gestión portuaria.

3.-Deficiencias en infraestructuras: Las irregularidades no solo han afectado económicamente, sino que han comprometido la calidad de las obras. Por ejemplo, se descubrió que los pilotes del atraque Sur eran mucho más cortos de lo certificado, y en 2022 se reconoció internamente el mal estado de los cajones del dique de Levante, inaugurado en 2001. Esto genera dudas sobre la seguridad y durabilidad de las infraestructuras.

Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria


4.-Falta de supervisión y control interno: Los casos revelan fallos graves en los mecanismos de control y auditoría interna del Puerto durante la etapa de Moyano. Hubo denuncias internas que no fueron atendidas con diligencia por la presidencia. Se apunta a una falta de supervisión técnica rigurosa que permitió la falsificación de certificaciones.

5.-Clima de permisividad ante irregularidades: Denuncias sobre la construcción irregular de un chalet por parte del farero de Calaburras, presuntamente permitida por la dirección del Puerto, sugieren un ambiente de cierta tolerancia o pasividad ante prácticas indebidas.

En resumen, la corrupción y las irregularidades durante el mandato de Moyano han tenido un impacto muy negativo en el Puerto de Málaga, tanto en términos económicos por la defraudación de fondos, como en la calidad de las infraestructuras, la reputación institucional, la eficacia de los controles internos y el clima ético de la organización. Han sido un lastre significativo para el buen funcionamiento del Puerto en este periodo.

En relación con el proyecto del rascacielos en el Dique de Levante, Moyano ha venido defendiendo su construcción, y descartando cualquier inconveniente técnico para su desarrollo fundamentado en el evidente deterioro del lugar donde se pretende levantar. ¿Puede tener el rascacielos alguna vinculación con esta sorpresiva renuncia?

Una historia de corrupción y el Puerto de Málaga

En esta serie de ceses y dimisiones se anota ahora la de José Miguel Moyano. Su llegada a la dirección (AQUÍ) vino tras el cese del anterior director, José Antonio Caffarena, por decisión del presidente del Puerto Paulino Plata, (AQUÍ), que como primera decisión al llegar echó a la calle al director que había destapado el mayor caso de corrupción habido en el puerto malagueño.


Este cese, calificado por muchos como una “decisión política” de Plata, ante los hechos que estaban ocurriendo en el puerto, fue justificada por Paulino Plata, como la necesidad de contar en su equipo con un nuevo director de su confianza. Habrá que estar atentos al currículo de su sustituto y su experiencia en el sector portuario y vigilantes para descifrar qué significa eso de que lo importante es que sea un hombre de su confianza. A estas alturas y visto lo visto, la primera decisión de Plata en el Puerto recuerda a corralitos y cortijos de esa política en la que la gestión del interés general queda supeditada siempre al interés propio. Esperemos que despeje dudas. Y cuanto antes”. Así expresaba el director de diario Sur, Manuel Castillo, la sensación de perplejidad y sospecha que rodea la orden de decapitación del organigrama tomada por el maestro en excedencia de Antequera”.


Tras casi cuatro años como director del Puerto de Málaga, Caffarena (AQUÍ) fue destituido al frente de la dirección de la Autoridad Portuaria, que venía ocupando desde 2009. En este intervalo, y después de una dilatada experiencia al frente del importante Puerto de Algeciras, fue el responsable de que llegasen a manos de la Fiscalía presuntas irregularidades en dos de las grandes obras ejecutadas en el recinto, el atraque sur de la estación de cruceros y el Muelle de Contenedores. En ambas se estimaba, un desfase cercano a los 5 millones de euros; e impidió, como él mismo admitió en una entrevista, que se contratase una obra de reparación por un valor cuatro veces superior al que finalmente tuvo su ejecución.


Caffarena, en junio del 2010,  ya informó (AQUÍ) al anterior presidente del puerto, el también socialista Enrique Linde, de un posible daño patrimonial y le instó a reclamar compensaciones a la compañía SANDO, a cuyo presidente se le ha concedido recientemente la medalla de Andalucía por parte del Partido Popular desde la Junta. Durante el periodo 2006-2010 se llevaron a cabo obras en el recinto portuario por valor de 76 millones y medio de euros entre nuevos atraques, dragados, mejora de tramos ferroviarios, construcción de nuevas terminales de pasajero. De este monto total, el 25 por ciento, 16,5 millones de euros, fueron facturados por SANDO. Solo Acciona, que construyó la Terminal de Cruceros por 17,5 millones y la UTE formada por Dragados-FPS, que por 18 millones se hicieron cargo del Atraque Norte, se sitúan a la altura de SANDO.

Como ha venido informando EL OBSERVADOR, existen dos procesos judiciales abiertos en base a la comisión de fraudes de grandes proporciones en determinadas obras del puerto malagueño, con la imputación y condena de ingenieros de la Autoridad Portuaria y responsables de las empresas constructoras. Como esta revista publicó en su día, últimas informaciones apuntan a un posible y sorprendente acuerdo de conciliación, por parte de la Autoridad Portuaria con los acusados. (AQUÍ)

Otra historia

José Miguel Moyano Retamero, el hasta ahora director del puerto, es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada. Anteriormente a su llegada a la dirección del recinto portuario, estuvo trabajando en los Departamentos de Infraestructura, Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria de Gijón desde 2002, hasta su llegada a Málaga en el 2013.


Moyano, es un destacado directivo portuario español que ha estado involucrado en importantes proyectos de infraestructura, pero cuya trayectoria también ha estado salpicada por cuestionamientos e irregularidades, durante su etapa en Gijón y en Málaga.

Como director de las obras de ampliación del Puerto de Gijón (El Musel), Moyano estuvo en el centro de un proyecto plagado de controversias. Un informe de la Intervención General del Estado apuntó a graves irregularidades de gestión durante este periodo.

Según informó El Diario.es, durante 2005, el puerto de Gijón abordo obras por valor de 579,2 millones de euros. Las obras terminaron en 2012 con un coste de 708 millones y fue una de esas enormes inversiones de los años de bonanza antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Las constructoras –Dragados, FCC, Sato y Alvargonzález agrupadas en la UTE Dique Torres– reclamaron, sin éxito, otros 300 millones.

Años después, en 2014, con el puerto terminado, la Oficina Europea Antifraude detectó que había sobrecostes no explicados de unos 250 millones de euros. La principal pega venía por el uso de las piedras de una cantera para los rellenos del puerto en el terreno ganado al mar.

Las constructoras no usaron la cantera original prevista junto al puerto, la de Aboño, sino una alejada, lo que dio origen a sobrecostes. Inicialmente, de la Cantera de Aboño iban a salir el 78% de las toneladas para el puerto, pero solo pudieron obtener de allí el 24,8% por discrepancias con Hidrocantábrico, la dueña. La Autoridad Portuaria validó el cambio y pagó un sobreprecio.

La Audiencia Nacional dejó en nada el caso del Musel, un proceso impulsado por Anticorrupción en el que acusaba a 21 personas, entre ellas a cuatro ex altos cargos de Fomento por malversación y fraude en las obras del puerto de Gijón.