Entrevista a Triviño, del colectivo Defendamos Nuestro Horizonte y exmiembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria por UGT, que denunció hace dos días estos hechos, que podrían anular el proyecto del rascacielos, ante la Fiscalía de Málaga. Leer la denuncia integra

Guadalupe Torres, miembro también del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en su condición de asesora jurídica, aseguraba en su informe que no era “legalmente admisible la tramitación de la solicitud al amparo de lo establecido en el artículo 84.1 c) y 84.2 de la Ley de Puertos”

24/04/24. 
Sociedad. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Juan Antonio Triviño, del colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte y que ha sido varios años miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga como representante del sindicato UGT, denunció hace dos días ante la Fiscalía de Málaga a la Presidencia de...

...dicho Consejo (cargo que han ejercido Paulino Plata y actualmente Carlos Rubio) por negarle el acceso a un informe elaborado por Guadalupe Torres, Abogada del Estado Jefe y también miembro del Consejo, que expone el posible incumplimiento de la Ley de Puertos que se cometería al tramitar la solicitud para construir el rascacielos, cosa que finalmente se hizo.

Pueden leerse AQUÍ íntegros los casi 15 folios del escrito legal presentado en Fiscalía. Se acompañaron con 108 folios de documentos demostrando lo denunciado.

EL OBSERVADOR ha hablado con Triviño de la denuncia, del famoso informe, de la posición del actual presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y de otros aspectos relacionados con la tramitación del expediente del rascacielos del Puerto.

EL OBSERVADOR: ¿Qué pretende con la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Málaga?
Juan Antonio Triviño:: Espero que con las actuaciones de Fiscalía, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, llegue a la conclusión que lo actuado por Paulino Plata no fue correcto, y por tanto proceda a tomar la mejor decisión: archivar el expediente. Y para ello, es clave reconocer la existencia del informe y publicar “ese informe perdido”, reconociendo qué la tramitación realizada, fue declarada, previamente, como ilegal por la asesora jurídica del Puerto, y que en vez de seguir su dictamen jurídico, se optó por ocultarlo, y por tanto no se facilitó a los que teníamos que decidir sobre ese importante asunto, los miembros del Consejo de Administración.

EO: Ha denunciado que desde la Presidencia le han ocultado a usted documentos.
JAT: Durante estos años vengo pidiendo acceso a toda la documentación, especialmente al informe que la misma abogada menciona en un acta. Ese informe es fundamental, por eso se oculta, o lo más esperpéntico, como ahora hace Rubio, se niega su existencia. Cuando el supuesto catarí presenta la solicitud, legalmente no se podía tramitar una concesión en una zona, calificada como complementaria a la actividad portuaria, con limitaciones urbanísticas para construir en esa plataforma, y además para instalar un hotel que esta expresamente prohibido en los puertos.


EO: ¿Guadalupe Torres elaboró un informe en el que advertía de la ilegalidad de tramitar la solicitud del rascacielos del Puerto, sin embargo luego votó a favor de la tramitación?
JAT: La actuación de la abogada fue profesional en su posicionamiento como Abogada del Estado, pero poco coherente como vocal del Consejo de Administración donde votó a favor, al ser “presionada” por el jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde del Peso, en representación de la Administración del Estado, instó a los vocales a votar a favor de la propuesta.

EO: ¿Y la pantomima para la presentación de proyectos para el Dique de Levante?
JAT: Es una obviedad que, en esas condiciones, no se optara por hacer un concurso público y se adjudicara, casi a dedo, en una tramitación que duro escasamente 1 mes. Y se fue especialmente interpretativo a la hora de valorar la supuesta solvencia económica del supuesto catarí.


EO: ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el expediente del rascacielos?
JAT: La tramitación en estos momentos ha vuelto a la Autoridad Portuaria y está en la mesa de Carlos Rubio, su presidente, y del Consejo de Administración del Puerto.


EO: ¿En qué posición se encuentra Carlos Rubio, el actual presidente de la Autoridad Portuaria?
JAT: Carlos Rubio no sabe cómo dar cobertura a lo actuado, tiene que adjudicar una concesión, cuando ya han transcurridos con creces los 8 meses de plazo que la ley exige para tramitar las concesiones, y llevamos más de 7 años. Y ese informe posteriormente tiene que mandarlo a Puertos del Estado para su validación, y en última instancia al Consejo de Ministros.

El informe

Efectivamente, tal y como publicó EL OBSERVADOR en su día (El rascacielos del Puerto es ilegal desde que se inició su tramitación. EL OBSERVADOR publica actas del Consejo de Administración del Puerto de Málaga en las que la Abogada del Estado asegura que no es legalmente admisible la tramitación del expediente), cuando la Autoridad Portuaria de Málaga inicia el trámite para construir un rascacielos de 150 metros de altura en el Dique de Levante del Puerto, su Consejo de Administración, en su reunión del 23 de noviembre del 2015, acuerda encargar a la Abogacía del Estado, un informe sobre el posible incumplimiento de la Ley de Puertos, en caso de que se tramitara la solicitud presentada para construir el rascacielos.

Guadalupe Torres López, Abogada del Estado Jefe, y miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en su condición de asesora jurídica del puerto, emitió un informe con fecha 25 de noviembre, donde resolvía la consulta del Consejo en el sentido de que no era “legalmente admisible la tramitación de la solicitud al amparo de lo establecido en el articulo 84.1 c) y 84.2 de la Ley de Puertos” (AQUÍ).

La Ley de Puertos, establece para su tramitación, el cumplimiento de los siguientes condicionantes:

1.- Aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial del Puerto de Málaga.
2.- Aprobación por el Ministerio de Fomento de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).
3.- Que el Consejo de Ministros levantase expresamente la prohibición del uso hotelero en el recinto portuario.


A esa fecha de presentación de la solicitud (finales de 2015), ninguno de los requisitos exigidos por la Ley, y señalados correctamente por la Abogacía del Estado (cuerpo de Abogados del Estado que tiene como principal cometido dar asistencia jurídica tanto al mismo Estado, como a los Organismos Autónomos o a los Órganos Constitucionales), estaban realizados. No se encontraba finalizada la tramitación del documento de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Málaga DEUP, (AQUÍ) que se aprobó el 6 de Julio del 2017 (casi 2 años después); obviamente no se había iniciado tramitación alguna para modificar el Plan Especial del Puerto, que finalmente se aprobó el pasado 19 de noviembre (El Ayuntamiento aprueba hoy un pelotazo urbanístico. El PP quiere modificar el Plan del Puerto para poder construir 45.000 metros, en vez de los 6.000 actuales. Y si no hace el rascacielos hacer oficinas); y por supuesto, el Consejo de Ministros no se había pronunciado sobre el levantamiento de la prohibición de construir un hotel en el dominio público portuario, situación que continúa al día de hoy.

Por tanto, eran más que ajustadas a derecho las conclusiones de la Abogacía del Estado de que hasta que no se cumplieran todos esos requisitos, la solicitud no solo no debería ser tramitada, sino lo que procedía era rechazar la admisión de la misma. El Puerto y su presidente, Paulino Plata, no hizo caso a este informe y continuó con el expediente, lo que dio lugar a que no se convocase un concurso abierto para la adjudicación del rascacielos y hacer, prácticamente, una concesión a dedo a los supuestos cataríes.

Consejo de Administración del Puerto de Málaga

El procedimiento que muchas de las partes consultadas consideran más adecuado hubiera sido el de concurso de ideas, un concurso abierto, tal y como se hizo para la conversión del muelle 2 en Palmeral de las Sorpresas, ganado por el arquitecto Jerónimo Junqueras; o el utilizado para la prevista construcción del Auditorio. Transcurrido el tiempo, y a la vista de las consideraciones negativas recibidas sobre los nulos valores arquitectónicos del rascacielos de Pepe Seguí, hoy, hasta la Gerencia Municipal de Urbanismo defiende públicamente que debería haberse convocado un “concurso de arquitectura que hubiese sido más abierto y reflexivo para generar nuevas ideas y estimular el debate público” (AQUÍ).

Este esencial informe de la Abogada del Estado, que de atenderse las conclusiones del mismo hubiera supuesto el archivo y rechazo de la solicitud presentada por los supuestos cataríes, no solo se ocultó al conocimiento del Consejo de Administración, sino que llegó a negarse su existencia ante aquellos consejeros que pidieron conocerlo, como es el caso de Juan Antonio Triviño, y es el motivo por el que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga.

Dado que, a pesar de la evidente ilegalidad, se pretende continuar con la tramitación del expediente, la Abogada del Estado, Guadalupe Torre, en una posterior reunión del Consejo de Administración, el 27 de junio del 2016, instó al presidente y secretaria del Consejo, a que constase en el acta transcripción literal de la nota explicativa de su posicionamiento, que reproducimos a continuación:


Actas del Consejo de Administración donde se indica la ilegalidad del expediente del rascacielos


Ante la evidencia de que la solicitud no reunía los requisitos de la Ley, en aplicación de la Ley de Puertos lo que procedía era el archivo sin más de la solicitud de concesión. También se incidió por Guadalupe Torres en que la Ley de Puertos fija un plazo de 8 meses máximo de duración, entre la solicitud de concesión y la resolución de la misma, plazo más que sobrepasado. Por tanto, es evidente la caducidad del procedimiento.

El mencionado informe de la Abogacía del Estado (AE), fue elaborado a petición del propio Puerto, y supuestamente, a la vista de su contenido, no fue tenido en cuenta por el presidente de la Autoridad Portuaria, en ese entonces, Paulino Plata; dado que si se hubiera tenido en cuenta la opinión jurídica de la AE se hubiera procedido al archivo de la solicitud. Sin embargo, el entonces presidente del puerto y la dirección del mismo, optaron por continuar con el procedimiento de adjudicación; y para ello, en un intento de cubrir los aspectos de ilegalidad planteados por la abogada del Estado, Paulino Plata, presidente entonces, solicitó otro informe jurídico, en este caso a Puertos del Estado, en el deseo que ese nuevo informe fuera favorable a atender la concesión solicitada.

Este proceso de decisión política, fue publicado parcialmente en prensa: “El hotel se atasca hasta que Puertos del Estado aclare el procedimiento”; así se recogía esta noticia en Málaga Hoy (AQUÍ). En la lectura de la noticia, se puede observar como Paulino Plata omite a los medios de comunicación la existencia del informe que a esa fecha ya existía, el de la abogada del Estado. El que las conclusiones de la abogada del Estado, Guadalupe Torres, fueran contrarias a su decisión política y a sus pretensiones, le “obligaron” a recurrir a Puertos del Estado, dirigido en ese momento por un presidente designado por el PP, José Llorca Ortega.

Plata utilizó ante la prensa el falso argumento de que “no quería crear una situación de inseguridad jurídica, y deseaba garantizar un procedimiento impecable”. Ya en ese artículo de Málaga Hoy, el redactor hace referencia a la posición de la Abogacía del Estado y “sus dudas sobre la posibilidad de afrontar la concurrencia sin antes disponer de una tramitación urbanística clara en este sentido”. Sin embargo, no se menciona la existencia del informe negativo de la Abogacía del Estado (AE).

El Consejo de Administración, ante la tensa situación creada por el Informe negativo de la AE, asumió a propuesta de su presidente, el nuevo informe, un contrainforme, en este caso elaborado por otro miembro del Consejo de Administración, incorporado recientemente, en su condición de abogado de Puertos del Estado, José Antonio Morillo-Velarde; letrado muy conocido por los contenciosos y conflictos generados en distintos puertos españoles.

Según letrados consultados, y a la vista de los fundamentos jurídicos expuestos en el contenido del informe, tiene toda la apariencia de haber sido elaborado a petición y “necesidad de parte”, señalándose que, por su entramado argumental, debería ser “estudiado” en las facultades de Derecho.

Sin embargo, llama la atención poderosamente, que ese nuevo informe con el que se pretendía amparar la ilegalidad de la tramitación, también se advertía igualmente que no podría someterse a la aprobación del Consejo de Administración el otorgamiento concesional si no se había aprobado la modificación del Plan Especial, la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios y no se había levantado la prohibición del uso hotelero que se consagra en la vigente Ley de Puertos.


La tensa situación creada en el Consejo, llegó a provocar, que al objeto de garantizar una mayoría que permitiera el inicio de la tramitación con la aceptación de la solicitud, el representante de la Administración del Estado, y autor del contrainforme, José Antonio Morillo, se atrevió a instar a los vocales en representación de la Administración del Estado, tres en total, a votar a favor de dar por válido el contenido de su informe, rechazando el elaborado por la Abogacía del Estado, y violentado con esa actitud la libertad de voto de los consejeros presentes.

A similitud del comportamiento de Morillo, José Luis Ruiz Espejo, en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, igualmente “invita” a los vocales en representación de la Comunidad Autónoma a votar a favor de la propuesta presentada por el presidente.


De estos hechos que denunciamos en primicia en su día desde EL OBSERVADOR, fueron participe también los dos vocales designados por el Ayuntamiento, Elena Rubio Priego y Francisco Pomares Fuertes, con lo que difícilmente la Gerencia de Urbanismo pueda alegar desconocimiento de la situación de ilegalidad con la que se iniciaba esa tramitación que con posterioridad tendrían que gestionar en el Ayuntamiento.

Una vez conseguido el necesario “relato de legalidad”, con el informe del abogado Morillo-Velarde, Paulino Plata, con las habituales prisas, y a los 2 días de recibirlo, inicia el procedimiento y se publica en el BOE (AQUÍ) la Resolución de Inicio del Trámite de Competencia de Proyectos, que finalizaría con la adjudicación, a la supuesta empresa catarí, de la concesión para construir el pretendido rascacielos en la Plataforma de Levante del puerto.

No existió ningún concurso abierto y quién lo diga miente, incluidos el presidente Carlos Rubio, el alcalde Paco de la Torre o los promotores Pepe Seguí y diario Sur

Conclusión. A pesar de la falsedad que vienen reiterando los interesados en la construcción del rascacielos, no solo no existió un concurso de ideas, sino que ni siquiera se optó por convocar un concurso público tal como se establece en la Ley de Puertos en sus artículos 83 y 86, con las suficientes garantías de concurrencia y transparencias para su adjudicación, y con el necesario plazo ampliado para poder optar al mismo. Por el contrario, el plazo que se estableció en el mal llamado “concurso” fue solo de 30 días.


Artículo 83 Ley Puertos. (AQUÍ) Iniciación del procedimiento.
El procedimiento de otorgamiento de una concesión se podrá iniciar a solicitud del interesado, incluyendo un trámite de competencia de proyectos, o por concurso convocado al efecto por la Autoridad Portuaria.

Hoy sabemos, no ya que se debería haber convocado por concurso, sino que no debió iniciarse dicha tramitación de ‘competencia de proyectos’, y por tanto, este propósito de construir un rascacielos de 150 metros en el puerto, desde el inicio de su tramitación, se encuentra en evidente situación de ilegalidad de acuerdo con el informe de la Abogacía del Estado realizado a petición del propio Puerto.


Las llamativas “prisas” del anterior presidente del Puerto, el socialista Paulino Plata, le llevaron a utilizar la modalidad del trámite de competencia de proyectos, que tras una escasa información pública durante 30 días, ridícula para un proyecto tan complejo, venía a eliminar la concurrencia necesaria ante otros posibles proyectos que se pudieran presentar. Esta vía rápida provocó que, junto al proyecto de la supuesta empresa catarí, solo concurriera otro segundo proyecto, que curiosamente fue rechazado por la mesa de contratación por incumplir algunas de las condiciones exigidas. Al final se produjo una cuasi adjudicación directa, ya que solo un proyecto fue admitido.


El trámite de competencia de proyectos se trata de uno de los procedimientos previstos en la ley, junto a la adjudicación directa (procedimiento excepcional) y el concurso (que resulta preceptivo en supuesto tasados), para el otorgamiento de concesiones demaniales portuarias (esto es, cuando se pretenda la ocupación de dominio público portuario con obras o instalaciones no desmontables, o usos del mismo, por plazo superior a tres años).

El trámite de competencia de proyectos comienza a iniciativa particular, mediante una solicitud presentada ante la Autoridad Portuaria competente, y dirigida a su presidente. Presentada la solicitud de concesión por el interesado, se inicia, por un plazo de un mes, un trámite de competencia de proyectos, publicado en el B.O.E. En ese plazo, cualquier otro interesado puede presentar una solicitud, que tenga el mismo o distinto objeto que la que inició el procedimiento en cuestión. En todo caso, la ley impone el respeto a la confidencialidad de los proyectos y de la documentación aportada.

Es decir, nada de concurso público, un particular presenta un proyecto y si se lo admiten se da un mes para que otro interesado presente otro proyecto de la misma envergadura. En este caso otro proyecto de un rascacielos de 150 metros de altura. Cualquier cosa. No se puede decir que sea una competencia abierta, legal e igualada. Los promotores: Seguí, diario Sur, Rubio, De la Torre, etc., se empeñan en llamar a esto ‘concurso abierto’.

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