A la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, le sorprenden las palabras del alcalde, De la Torre, en las que culpa al Gobierno del problema con las viviendas turísticas, y le insta a “no buscar excusas, no buscar culpables y actuar”

05/07/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Los vecinos de una promoción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la calle Charles Dickens en Málaga llevan meses denunciando el deterioro de los dos bloques de viviendas construidos en 2007, que presentan humedades, grietas y hundimientos del terreno. Antonio Ruiz, presidente de la...

...comunidad, destaca una gran grieta en el patio interior como el principal problema, además de señalar el estado lamentable de los poyetes y el riesgo asociado a la oxidación de la llave general de paso del agua. A pesar de los numerosos informes enviados al Instituto Municipal de Vivienda, el Ayuntamiento ha mostrado poca disposición para abordar estos problemas estructurales, ofreciendo únicamente pintar los portales. Además, la situación se agrava por una deuda de 90.000 euros debido a impagos de varios vecinos, lo que complica aún más la gestión comunitaria y el mantenimiento básico del edificio.

Tal y como explica José García en un artículo para La Opinión de Málaga (AQUÍ), los vecinos de una promoción de VPO en calle Charles Dickens vienen denunciando desde hace meses el mal estado en que se encuentran los dos bloques, que se terminó de construir en 2007 y cuanta con 72 viviendas en total, debido a las humedades, grietas e incluso hundimientos del terreno.


Según el presidente de la comunidad, Antonio Ruiz, el “principal problema es una gran grieta en el patio interior que hay entre los dos edificios, es enorme”. También “los poyetes también están en un estado lamentable, el polvo y el desgaste hacen que estén totalmente negros. Además, los bloques están edificados sobre un suelo arcilloso, por lo que se generan hundimientos debido al terreno, que no es sólido”. A esto se suma que la llave general de paso del agua está oxidada, con el evidente riesgo de saludo para los vecinos.

Ruiz asegura que “son diversos partes los que ya hemos enviado al gerente del Instituto Municipal de Vivienda –IMV–, José María López Cerezo”, sin embargo desde el Ayuntamiento no están por la labor de arreglar nada. Eso si, han accedido a sufragar la mano de obra para pintar los portales, “es lo único que nos ofrecen, pero los portales son el menor de nuestros problemas, están formados en su mayor parte por azulejos”.


La excusa que ponen desde el Ayuntamiento gobernado por Francisco de la Torre es “que no hay dinero, pero hay vecinos que llevamos 17 años pagando la comunidad. El único gasto mayor es el conserje y servicio de limpieza, y apenas vienen unas horas a la semana”, asegura Ruiz.

En este sentido, Ruiz admite la existencia de impagos por parte de varios vecinos, de manera que la deuda general de los inquilinos por no pagar el alquiler ascendería a una cantidad cercana a los 90.000 euros. Ante esto los vecinos que pagan religiosamente no pueden hacer nada. “No hay sanciones para aquellos que no cumplen, el resto les estamos pagando los servicios, como la luz de la comunidad, el mantenimiento y la limpieza de la misma”, lamenta Ruiz

La ministra responde a De la Torre

Por otro lado, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), aseguró el pasado miércoles que "la ciudadanía nos esta encendido las alarmas rojas", refiriéndose a la manifestación que convocó el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos el pasado sábado en Málaga y a la que acudieron miles de ciudadanos (AQUÍ).

A la ministra le han sorprendido las palabras del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en las que culpa al Gobierno de España de la situación con las viviendas turísticas, y le insta a "no buscar excusas, no buscar culpables y actuar".


Para Rodríguez el sector turístico "es importante" y se debe trabajar en su "sostenibilidad ambiental, económica y social", pero sostiene que si el turismo "entra en colisión" con el derecho a una vivienda digna, "siempre me van a encontrar de este lado (vivienda)".

La ministra informó sobre la reforma del artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que incluirá un registro de pisos turísticos y de temporada publicados en plataformas digitales, esperando tenerlo listo antes de finales de 2025. También mencionó que se pretende modificar la Ley sobre Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos tengan más poder de decisión sobre la aceptación de pisos turísticos en sus edificios, mediante una autorización previa o veto. Para esto, se han iniciado conversaciones con grupos parlamentarios y se realizarán reuniones con sectores afectados.

Además Rodríguez habló sobre los planes de vivienda, mencionando una próxima reunión con las comunidades autónomas para evaluar los planes actuales y planificar el próximo con una "visión distinta". El objetivo es alcanzar un 9% de vivienda pública, alineándose con la UE, y cumplir la meta de tener 184.000 viviendas asequibles en marcha al final de la legislatura, de las cuales 80.000 ya están en desarrollo.

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos es el gran artífice, que no culpable, de la manifestación que hubo en Málaga el sábado pasado, en la que miles de ciudadanos protestaron por el derecho a una vivienda digna y por la limitación de las viviendas turísticas.

La página web Infobae ha publicado una entrevista con dos de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, Assiatou Diallo y Andrés Pradillo, en la que analizan los logros y desafíos desde la creación del sindicato en 2017 (AQUÍ).

Así, Diallo subraya que el sindicato ha logrado visibilizar el problema de la vivienda y la explotación del mercado inmobiliario, denunciando que se trata de un problema social y político. Han luchado contra la especulación que afecta a los más vulnerables y promovido que las leyes relacionadas con la vivienda no sean meros parches, sino soluciones integrales que frenen los abusos en los alquileres.

Por su parte Pradillo complementa señalando que han creado una herramienta de autoorganización para los inquilinos, permitiendo que no enfrenten estos problemas en soledad. A través de asambleas, cientos de personas se organizan, reciben asesoramiento y se defienden colectivamente. Esta organización de base ha sido fundamental para enfrentar los abusos y empoderar a los inquilinos.


Respecto a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno, Diallo la critica por ser insuficiente y no generar un impacto real en el mercado del alquiler. Aunque ha permitido denunciar los honorarios indebidos cobrados por inmobiliarias, estas prácticas continúan bajo otros conceptos. La ley no aborda medidas esenciales como los contratos de alquiler indefinidos y permite los alquileres de temporada y turísticos, perpetuando la especulación.

Y Pradillo agrega que la Ley de Vivienda es una huida hacia adelante, ya que no toca los pilares esenciales de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula el alquiler. Necesitan medidas estructurales más allá de esta ley, ya que antepone el derecho a especular sobre el derecho a la vivienda. El problema radica en que los alquileres deben bajar, no solo topar, ya que destinar la mitad del salario a pagar un alquiler es una forma de empobrecimiento y explotación.

Los portavoces también destacan la propuesta de una ley para regular el alquiler de temporada y por habitaciones, para evitar que los propietarios esquiven la regulación y continúen especulando. Exigen que los alquileres de temporada se ajusten a la Ley de Arrendamientos Urbanos, otorgando los mismos derechos a los inquilinos.

En cuanto a los pisos turísticos, Diallo y Pradillo abogan por su eliminación, ya que contribuyen a la gentrificación y expulsan a los residentes de los barrios. Quieren que estos pisos vuelvan al mercado de alquiler habitual para cumplir su función social y no especulativa.

Los portavoces consideran que los alquileres asequibles promovidos por las administraciones públicas son una estafa, ya que en muchos casos las rentas son superiores a las del mercado libre. Critican la colaboración público-privada que utiliza dinero público para beneficiar a empresas y fondos buitre sin realmente bajar los alquileres. La única solución real, según ellos, es bajar todos los alquileres.

Respecto a la declaración de zonas tensionadas, Pradillo señala que solo Cataluña ha solicitado esta medida debido a la fuerte presión social. En otras comunidades, los grandes partidos ven la vivienda como un negocio, por lo que no se plantean tales declaraciones.

Ambos portavoces lamentan que, tras la crisis de 2008, no se haya aprendido nada y sigan produciéndose desahucios y tragedias como el suicidio de dos hermanas en Cataluña. Critican la falta de protección para los inquilinos y la ineficacia de las leyes actuales.

Por todo esto, los portavoces aseguran que el problema del acceso a la vivienda es político y estructural, ya que entienden que en España la vivienda ha sido históricamente un bien de especulación, y las leyes han facilitado esta dinámica. Por eso proponen una transformación profunda del mercado inmobiliario, con medidas que realmente protejan a los inquilinos y aseguren una vivienda digna y asequible para todos, poniendo fin a la especulación y al rentismo.