Art Natura aporta un informe en el que su presidente, Fulgencio Alcaraz, dice demostrar que el alcalde Francisco de la Torre y la Gerencia de Urbanismo, habrían cometido “presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, financiación ilegal y malversación de caudales públicos”

Para Fulgencio Alcaraz, presidente de Royal Collections-Art Natura, esto prueba que “el alcalde mintió reiteradamente haciendo creer a los malagueños que Art Natura pagaría millones al Ayuntamiento, cuando la verdad probada por los Tribunales es que nunca debimos nada al Ayuntamiento, y sí al contrario”

04/09/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Fulgencio Alcaraz, presidente de Royal Collections-Art Natura (RC-AN), promotora del Museo de las Gemas de Málaga, manifiesta a esta revista que el Ayuntamiento de Málaga les pagó antes del verano 1,83 millones de euros, como parte de la condena que le impuso el Tribunal Superior...

...de Justicia de Andalucía, que determinó que el Ayuntamiento debía a RC-AN las cantidades pactadas por el año 2011 y el primer trimestre del 2012.

El presidente de Royal Collections-Art Natura ha enviado un correo a EL OBSERVADOR en el que informa que “el Ayuntamiento de Málaga acaba de pagarnos 1.830.000 euros como parte de la condena que le ha impuesto el TSJA, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (y aún deberá pagarnos otras altas cifras, por otros conceptos)”.

Para Alcaraz, “lo importante de este pago a cuenta no es solo el dinero en sí, sino la prueba de que el alcalde mintió reiteradamente haciendo creer a los malagueños que Art Natura pagaría millones al Ayuntamiento, cuando la verdad probada por los Tribunales es que nunca debimos nada al Ayuntamiento, y sí al contrario”.


Alcaraz entiende que “con estas mentiras ese alcalde consiguió ser reelegido otra vez, y por sus vinculaciones con oscuros poderes ha conseguido (por ahora) que no se investigaran otras denuncias nuestras por sus presuntos delitos”.

A EL OBSERVADOR le hubiese gustado conocer la opinión del Ayuntamiento de Málaga sobre este tema, pero hace años que el Gabinete de Prensa no responde a las preguntas de esta revista.

La historia

Para documentar todo su caso, el presidente de Art Natura adjunta “un Informe Documentado (AQUÍ) en el que se detalla todo lo habido, y en cada párrafo verá un número en rojo y clicando sobre él aparecerá en la pantalla de su ordenador el documento que prueba que lo dicho ahí es cierto”.

En el informe elaborado por RC-AN se enumeran en 27 puntos las irregularidades e incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde Francisco de la Torre y la Gerencia de Urbanismo, y las denuncias y sentencias relacionadas, todos ellos documentos que demostrarían, según Alcaraz, “presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, financiación ilegal y malversación de caudales públicos”.

Así, en el informe se asegura que todo comenzó en 2005 cuando Francisco de la Torre, y concejales de su corporación viajaron a Valencia para negociar con RC-AN para llevar a la ciudad sus exposiciones y así “reforzar que Málaga fuera Capital Cultural Europea”.

La compañía de arte en un principio lo rechazó, y entonces De la Torre subió su oferta, ofreció ceder un conjunto edificatorio en Tabacalera, rehabilitado para su explotación con museos, a cambio de un canon anual y el cobro de entradas desde 2008 al 2016. Sin embargo, RC-AN rescindió el contrato en 2010 debido a que el Ayuntamiento solo entregó una parte del conjunto edificatorio en 2008, incumpliendo el contrato.


En el informe se detalla que para el establecimiento e inicio de las actividades el Ayuntamiento debía aportar anualmente la cantidad de 1.200.000,00 euros, más IVA, lo que hace un total de 8.352.000 euros, IVA incluido, que serían abonados a RC-AN desde el 2008 hasta el año 2012, ambos incluidos.

También menciona que la Casa Real había aceptado la invitación para presidir la inauguración en noviembre de 2010, pero el Ayuntamiento no había cumplido con la entrega de los edificios completos, lo que causó problemas para la organización y la cancelación de empleos que habían sido anunciados previamente.

En este punto, según RC-AN, el Ayuntamiento intentó un acuerdo para retirar la petición de resolución del contrato a cambio de compensar las pérdidas, pero luego se negó a firmarlo. Incluso hace referencia a la campaña electoral de 2011 y cómo el Ayuntamiento exigió una "Acta de Ocupación" a la constructora Ferrovial para aparentar que los edificios estaban terminados, aunque en realidad aún estaban incompletos.

Después, en el informe se mantiene que el Ayuntamiento se negó a entregar a Art Natura Málaga los documentos necesarios para la apertura de los museos, alegando que no estaban en el proyecto aprobado, algo que consideran que es falso, además de acusar al alcalde de tener un plan para perjudicar a Art Natura Málaga, culparla por no abrir los museos y reclamarle millones de euros. Así, el Ayuntamiento habría engañado al Juzgado y al Consejo Consultivo de Andalucía en relación a la situación con el museo.

El Ayuntamiento habría realizado diferentes pagos a RC-AN, quedando pendientes de pago 5 trimestres y otras facturas por un total de 1.827.000 € que RC-AN reclamó en los Juzgados. Por su parte, el Ayuntamiento argumentó en su informe para denegar la indemnización a RC-AN que los pagos realizados fueron para mantener inmovilizadas las colecciones de RC-AN debido a la exclusiva dada al Ayuntamiento, lo que impidió que pudieran rentabilizarse.

Desde RC-AN sostienen que Francisco de la Torre abusó de su poder para desprestigiar a RC-AN en los medios y en las elecciones municipales, haciendo creer a los malagueños que era RC-AN quien debía dinero al Ayuntamiento, cuando en realidad era al revés. Después el Ayuntamiento exigió a RC-AN y sus sociedades auxiliares 9.571.641 € en concepto de reintegro de la aportación municipal, embargando locales y viviendas de las directoras de RC-AN y provocando la insolvencia y el despido de personal.


Tras esto RC-AN solicitó la creación de una Comisión de Investigación y una auditoría, pero De la Torre se opuso. Finalmente, el Juzgado condenó al Ayuntamiento por sus actuaciones en contra de RC-AN. En ese momento la oposición convocó un Pleno para reprobar al Alcalde debido a una Sentencia en su contra, pero la concejala de Ciudadanos votó a favor del Alcalde argumentando que la sentencia no es firme.

A continuación RC-AN recibió una demanda del Ayuntamiento para entregar los dos pabellones que utilizaban, reteniendo indebidamente los equipamientos de RC-AN sin seguir el procedimiento adecuado, y tras lo que han desaparecido, lo que podría constituir un delito y causar perjuicio a las universidades y centros científicos a los que RC-AN ofreció cederlos. RC-AN ha presentado una reclamación administrativa al Ayuntamiento para que pague el costo de rehacer la documentación científica, estimada en al menos 1.250.000 €.

Luego RC-AN presentó otra querella contra Francisco de la Torre y otros funcionarios del Ayuntamiento por prevaricación, falsedad documental y estafa procesal. Debido a que el alcalde se convirtió en senador, la querella fue elevada al Tribunal Supremo, lo que ha retrasado el proceso

En el informe RC-AN lamenta “las ilegales, injustas y ruines actuaciones del alcalde y su grupo, embargando y renovando sus embargos hasta 2024 a pesar de haber ya sentencia en su contra”, lo que “ha llevado a la ruina a 7 de las 10 sociedades que formaron RC-AN, que por pérdida total de su patrimonio tuvieron que disolverse; y las 3 que quedan están en situación de Sin Actividad, porque estando embargadas ningún proveedor o banco les da crédito”.

Por lo que, “en esta situación otros socios de RC-AN van a reiterar las denuncias desde sus respectivas sedes (Madrid, Valencia, Barcelona) para mayor certeza en su tramitación, aportando más documentos posteriormente encontrados, denunciando prevaricación, falsedad en documento oficial, financiación ilegal de campañas del alcalde y malversación de caudales públicos, al haberse pagado con fondos del Ayuntamiento encuestas, carteles, propaganda, etc, confiando en la actuación profesional de otras fiscalías”.