La Fundación DemocraciActiva con la colaboración de la Sociedad Económica de Amigos del País organiza en Málaga un coloquio para dar a conocer la batalla judicial de más de 7 años de EL OBSERVADOR: ‘Como pelearse contra la publicidad institucional a dedo y ganar’

El coloquio será hoy viernes 27 a las 19:00h en la sede de La Económica, en la plaza de la Constitución, con la presencia de Félix Gil (vicepresidente Fundación DemocraciActiva), Fernando Rivas (editor de EL OBSERVADOR), Carmen Domínguez (socia de Gaona Abogados) y Francisco J. Paniagua (vicerrector de Comunicación Universidad de Málaga)

27/09/24. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Hoy, viernes, 27 de septiembre, a las 19:00 horas, se celebra un coloquio en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga titulado ‘La batalla judicial de la revista EL OBSERVADOR: Cómo luchar contra la publicidad institucional a dedo y ganar’, en el que se explicará por primera vez...

...en público la sentencia del Supremo condenando al Ayuntamiento y la Diputación de Málaga por no dar publicidad institucional a este medio por su línea editorial, y concedérsela a dedo a otros medios amigos.

Una batalla legal de más de siete años por la que la revista EL OBSERVADOR demandó al Ayuntamiento y la Diputación de Málaga por no incluirla en el reparto de publicidad institucional por su línea editorial. Esta revista ganó ambas demandas, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó al Ayuntamiento y a la Diputación de Málaga del PP a indemnizarla por discriminación publicitaria. Recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo, este no admitió a trámite el recurso de la Diputación, por lo que su sentencia es firme, y el recurso del Ayuntamiento seguirá el mismo camino.


En el coloquio intervienen Félix Gil, vicepresidente de Comunicación de la Fundación DemocraciActiva, Fernando Rivas, editor de EL OBSERVADOR, Carmen Domínguez, socio especialista en Derecho público de Gaona Abogados (RocaJunyen Grupo) y Francisco J. Paniagua, vicerrector de Comunicación de la Universidad de Málaga.

Desde la Fundación DemocraciActiva, que organiza el acto, creen que estas sentencias a favor de EL OBSERVADOR deberían provocar por pate de otros medios de comunicación “demandas colectivas o individuales para aprovechar esta brecha que vosotros habéis abierto en el muro, que hasta ahora ha contenido lo que son adjudicaciones a dedo sin más, que es lo que se ha hecho siempre”.


Es lo que defiende Félix Gil, vicepresidente de Comunicación de la Fundación DemocraciActiva, que considera que “tiene muchísimo mérito el que se pueda conseguir que una ley de las que la gente, pues no sé si porque no la conoce o porque no sabe la potencia que tiene, le da la espalda. Entonces, lo que habéis hecho al no darle la espalda y sentar ese precedente, es conseguir un hito que nadie en este país ni siquiera se había planteado”. Gil opina que “esto debería de ser un asunto que tendría que ser aprovechado por los otros editores, por los otros medios que están siempre al margen de una publicidad que debería llegar a todos, en proporción a las personas a las que llega cada publicación”

Desde la Fundación DemocraciActiva organizan este coloquio “para contribuir modestamente a que se de a conocer esta experiencia y que se genere un debate en la sociedad. Estamos tratando de ponernos en contacto con los editores y directores de los medios más perjudicados en este momento por el reparto de la publicidad institucional, sobre todo en la Comunidad de Madrid y Andalucía”.

Gil sostiene que “es importante la presencia del vicerrector de Comunicación de la Universidad de Málaga, Francis Paniagua, y muy importante sobre todo la presencia de la abogada, de la letrada, que ha tenido la habilidad de aprovechar la existencia de esa ley para sacar adelante esta sentencia que obliga al Ayuntamiento y a la Diputación a que os den una parte de la publicidad institucional que han estado dando a dedo durante estos últimos años”.


Para Gil es reseñable que “el Gobierno anuncie que pretende hacer cosas en este sentido, y ojalá que se puedan llevar a cabo. Aunque la situación del gobierno, que no va a tener grandes mayorías para aprobar lo que quiere, no invita a ser optimista, pero el que exista la voluntad ya me parece un elemento positivo”.

Ya que entiende que “la democracia está digamos corrompida, entre otras cosas, porque el dinero público no se utiliza para favorecer los intereses generales, sino los intereses particulares de aquellos que tienen la capacidad de dirigir esos recursos exactamente a sus correligionarios”.

Gil hace hincapié en que hay que reclamar el cumplimiento de las leyes, “como vosotros habéis hecho con esta ley, que era un papel mojado hasta la existencia de esta sentencia, y ahora se convierte en una herramienta con la que poder tratar de sacar adelante un principio tan básico como es que el dinero de todos vaya para los intereses generales, y no para los intereses particulares de quien administra esos fondos”.