La falta de regulación empuja el consumo de cannabis hacia el mercado negro, fomentando el trapicheo y la economía sumergida. “Las asociaciones ayudan a que no haya mafias y eso tiene un efecto muy positivo”, señala un abogado
04/02/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. En los últimos años Málaga ha sido testigo de un notable aumento en el número de clubes y asociaciones cannábicas. Esta tendencia responde a la creciente normalización del consumo de marihuana y a la aparente existencia de un vacío legal que permite el funcionamiento de estos espacios. Sin embargo, recientes pronunciamientos judiciales han puesto...
...de manifiesto los límites del llamado “consumo compartido” y la delgada línea entre la legalidad y la ilegalidad en la que operan estos clubes.
En España, el consumo personal de marihuana no está tipificado como delito, lo que ha llevado a muchos consumidores a agruparse en asociaciones para compartir el consumo en un entorno privado. La idea básica de estos clubes es sencilla: personas adultas, previamente registradas como socias, contribuyen económicamente para la adquisición colectiva de cannabis, que luego consumen en el interior del local. Este modelo ha servido de base para la proliferación de clubes en diversas ciudades del país, incluyendo Málaga.
No obstante, el Tribunal Supremo ha dejado claro que el consumo compartido no equivale a la legalización de los clubes cannábicos. En una reciente sentencia, la justicia ha subrayado que cualquier acción encaminada a promover, favorecer o facilitar el consumo de marihuana puede ser perseguida (AQUÍ).
De acuerdo con esta doctrina, el consumo compartido solo es legítimo si se cumplen estrictas condiciones. Los participantes deben ser consumidores habituales, evitando así la difusión indiscriminada del consumo, y el grupo debe ser reducido, lo que permite considerar la práctica como un acto privado y sin trascendencia pública.
Asimismo, los miembros deben estar claramente identificados y ser registrados de manera rigurosa, y el consumo debe realizarse en un lugar cerrado y privado, sin exposición a terceros ajenos.
Por otro lado, es obligatorio que las cantidades de cannabis sean pequeñas, limitadas a lo necesario para una sola sesión, por lo que el consumo debe ser inmediato, sin permitir el almacenamiento ni la distribución posterior.
Estas limitaciones han sido confirmadas en el caso reciente de la asociación Green Shark, cuyos responsables fueron condenados a penas de prisión por delitos contra la salud pública y asociación ilícita (AQUÍ). El tribunal argumentó que la estructura de esta organización, con una operativa establecida y una base de socios en constante crecimiento, no encajaba en la definición de consumo compartido entre amigos o conocidos, sino que implicaba una distribución organizada de cannabis.
Según explica un abogado experto en el tema, el concepto de consumo compartido se basa en una doctrina del Tribunal Supremo que nació de un caso en el que un grupo de amigos, tras una fiesta, compartía drogas en un entorno privado sin que ello se considerara tráfico. La clave para no ser considerado un delito radica en que el grupo sea cerrado, privado y sin incitación al consumo. Sin embargo, algunos promotores de asociaciones han intentado extender esta doctrina a los clubes cannábicos, aprovechando un vacío legal que, según este experto, es “un agujero en el sistema”.
La realidad en Málaga
El caso de Málaga no es una excepción. Con el auge del turismo y la creciente aceptación social del cannabis, muchos clubes han surgido en la ciudad bajo la premisa de cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, las autoridades han incrementado la vigilancia y las inspecciones a estos establecimientos, utilizando estrategias como la observación de las entradas y salidas de los locales, la identificación de consumidores en sus inmediaciones y la verificación del cumplimiento de las normas establecidas por el Tribunal Supremo. No sabemos si esto se está realizando en Málaga.
En Barcelona, donde estos clubes proliferaron con gran fuerza, las autoridades locales implementaron una ordenanza municipal para regular su funcionamiento. Según el abogado consultado, dicha normativa estableció criterios estrictos, como la prohibición de abrir clubes a menos de 300 metros de colegios, hospitales o centros de rehabilitación, y la obligación de que los trabajadores cumplan con ciertos controles. Estas medidas garantizaron un funcionamiento más regulado de los clubes, hasta el punto de que las licencias de apertura llegaron a venderse por cifras millonarias. No obstante, el turismo cannábico que atrajo a la ciudad llevó a las autoridades a restringir nuevas licencias, limitando así la proliferación de estos espacios.
En cualquier caso, los clubes que no se ajusten estrictamente a la legalidad se exponen a sanciones y posibles cierres. Además, la policía ha dejado claro que la existencia de estos espacios no es sinónimo de impunidad. La detección de actividades como la reventa de marihuana, la admisión de nuevos miembros sin control riguroso o la distribución de cantidades superiores a las permitidas puede ser motivo suficiente para actuar judicialmente contra estas asociaciones.
De esta manera, el panorama legal en España sigue siendo incierto para los clubes cannábicos. Mientras algunos sectores abogan por una regulación más clara que permita su funcionamiento dentro de un marco legal definido, otros consideran que estas asociaciones representan un riesgo para la salud pública y pueden fomentar el tráfico ilegal de marihuana.
El Tribunal Supremo ha cambiado su postura en los últimos años, argumentando que muchos de estos clubes no son realmente espacios de consumo compartido, sino negocios encubiertos. Esto ha llevado a que los responsables de algunas asociaciones enfrenten no solo cargos por delitos contra la salud pública, sino incluso acusaciones de organización criminal.
El abogado consultado opina que la falta de regulación empuja el consumo de cannabis hacia el mercado negro, fomentando el trapicheo y la economía sumergida. “Las asociaciones ayudan a que no haya mafias y eso tiene un efecto muy positivo”, señala, aunque también reconoce que “el Partido Socialista no quiere regularlo, y mientras no lo haga, seguirá siendo una mafia y un negocio malo”.