Exigen la inhabilitación de por vida para cargos públicos corruptos y la exclusión automática de las empresas condenadas de cualquier contrato público o subvención

17/06/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. “La corrupción no es una desviación del sistema. Es su forma de funcionar cuando nadie vigila.” Así arranca una reflexión publicada por el medio Spanish Revolution (AQUÍ), en la que se denuncia con contundencia que la corrupción no es un fallo del sistema democrático, sino su verdadero funcionamiento cuando se libera de cualquier tipo de control real...

...Un texto que ha circulado ampliamente en redes sociales y que pone el foco en el papel que juegan tanto el poder político como el económico en lo que denominan “saqueo legalizado”.

“No aparece cuando fallan los mecanismos democráticos, sino cuando han sido diseñados para parecer que funcionan mientras protegen a los de siempre”, continúa el escrito, que describe con claridad cómo el sistema institucional, lejos de combatir la corrupción, está construido para encubrirla y sostenerla. En esa lógica perversa, “la mordida no es un accidente, sino un precio”, y los contratos públicos se convierten en botines, no en instrumentos de redistribución del dinero común.

El texto denuncia que los mecanismos actuales de control y fiscalización son insuficientes, y que los corruptos siguen ocupando cargos públicos o sentándose en consejos de administración, mientras las empresas implicadas continúan contratando con las administraciones como si nada hubiese pasado. “La empresa sigue concursando. El político se recicla en un consejo de administración. El asesor se convierte en diputado. Y la ciudadanía aprende, año tras año, que la ley no se aplica igual para todas y todos.”


Ante este panorama, Spanish Revolution propone una serie de medidas ejemplarizantes: “exclusión automática para cualquier empresa condenada por corromper, y inhabilitación de por vida para los cargos públicos que acepten o faciliten esa corrupción”. Medidas acompañadas de una exigencia de devolución del dinero y la creación de un registro público con los nombres de los implicados, como forma de reparación y advertencia.

La denuncia apunta también a los grandes grupos económicos, a quienes se acusa de ampararse en cambios de nombre y estructuras societarias para seguir participando en la contratación pública sin consecuencias: “Que esta exclusión afecte también a sus filiales, a las empresas pantalla que suelen crear después y a cualquier sociedad en manos de sus principales accionistas. No más amnistías encubiertas para los grandes del IBEX.”

Una de las frases más potentes del texto resume toda la lógica detrás de esta crítica al sistema: “el crimen sí paga, siempre que se cometa desde arriba. Y una democracia que tolera eso ya no se llama democracia. Se llama saqueo legalizado.”

La reflexión concluye con un recordatorio: “No hay mordida sin mordedor.” Una advertencia clara de que la corrupción necesita siempre dos actores: quien ofrece y quien acepta. Por eso, el reclamo es doble y firme: sanción definitiva tanto para los empresarios corruptores como para los cargos públicos corrompidos. “Que devuelvan lo cobrado, que pierdan el derecho a volver a lo público y que figuren en un registro transparente, accesible, oficial, que señale con nombre y apellidos a quienes traicionaron lo común.”

Spanish Revolution lanza así una llamada de atención sobre la normalización del saqueo desde las instituciones. Un mensaje que, más allá de ideologías, interpela a una ciudadanía cansada de ver cómo la corrupción no solo no se castiga, sino que se perpetúa desde los mismos espacios que dicen combatirla.