17/06/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La publicación del informe de 490 pàginas, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que demuestra la existencia de una trama supuestamente encabezada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, a quienes...

...Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, habría respaldado con “la gestión del monto y los pagos” de comisiones millonarias a cambio de adjudicaciones a dedo de contratos públicos, afecta también a algunas empresas con vínculos con Málaga y Andalucía.

La Guardia Civil apoya sus conclusiones en cinco grabaciones que el propio Koldo García realizó entre 2019 y 2023, en las que se escucha a Santos Cerdán hablando abiertamente de los pagos. “Lo de Sevilla diré que te lo pongan por escrito y te lo doy”, dice el exsecretario de Organización del PSOE en una de las conversaciones, en referencia a una de las adjudicaciones supuestamente amañadas.


Esa licitación, como recoge el informe, es la del Puente del Centenario de la SE-30 en Sevilla, adjudicada a Acciona por 86 millones de euros con sobrecostes hasta los 128. Además, según recoge la investigación, solo la constructora Acciona habría pagado 620.000 euros en comisiones, aunque Koldo cifra en 450.000 euros más lo aún pendiente de abonar.

Vínculos en Andalucía y Málaga

Aunque el epicentro de la red se sitúa en Madrid, donde Cerdán y Koldo aterrizaron desde Navarra con su “modus operandi” ya ensayado, Andalucía no queda fuera. Varias empresas investigadas tienen sede o actividad en la comunidad, algunas con presencia directa en Málaga.


Entre ellas destaca Obras Públicas y Regadíos S.A.(OPR), cuya sede principal está en Peligros (Granada), y que ha resultado adjudicataria de contratos sospechosos según la UCO. Esta empresa opera en Andalucía y está vinculada a proyectos en Málaga.

En el informe se detalla que la mujer de Koldo fue contratada por una firma vinculada al entorno de OPR, Áridos Anfersa, con una nómina mensual de 1.300 euros. Los pagos comenzaron en septiembre de 2022, más de un año después de que Koldo dejara el ministerio, lo que según la Guardia Civil demuestra que seguía operando en la sombra.

Otra de las empresas clave en la investigación es Levántina Ingeniería y Construcción (LIC), cuya cúpula directiva se vincula también con las empresas Lopera Activa SL, Carráigh SL, Chic Fun SL y Altair Med SL, varias de ellas con actividad en Andalucía. LIC pagaba a Koldo 2.600 euros al mes como supuesto “salario”, pese a que no constan trabajos concretos realizados. Según el informe, estas cantidades formaban parte de una red de pagos opacos vinculados a adjudicaciones públicas.

Por su parte, la empresa Acciona, adjudicataria de obras por valor de cientos de millones en toda España, también tiene una fuerte presencia en el sur. A las obras en Murcia y Logroño se suman los proyectos en Sevilla y Sant Feliu (Barcelona), siempre acompañados de notas internas, audios grabados por Koldo y menciones explícitas a los “sobres” pendientes.


Contratos públicos

La UCO describe con detalle el mecanismo usado para manipular los concursos públicos. En los contratos del Ministerio de Transportes, gestionados a través de la Dirección General de Carreteras y ADIF, se recurría a la figura de las mesas de contratación. En ellas, aunque se daba más peso a la oferta económica, se incluía un componente subjetivo con informes técnicos que eran elaborados por personas del propio organismo.

Esto permitía, según el informe, “una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva” que beneficiaba a las empresas elegidas. Así, aunque una empresa no presentase la mejor oferta económica, lograba una puntuación total que le garantizaba la adjudicación del contrato.

Por otro lado, al margen de las comisiones que gestionaba Cerdán, Koldo y Ábalos mantenían su propio negocio con Víctor de Aldama, empresario investigado y habitual en la órbita de contratos públicos. Según la Guardia Civil, Aldama pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo como una “nómina fija” a cambio de mantener la capacidad de influir en el ministerio. Este pago continuó incluso cuando ambos habían dejado el Gobierno.

Aldama está relacionado con varias empresas adjudicatarias de contratos públicos y, según el informe, participó activamente en el intento de que algunas constructoras ganaran concursos concretos. Una de las grabaciones entregadas por Koldo apunta a que el reparto de comisiones se realizaba incluso “por territorios”, presuntamente con disputas entre Cerdán y otros dirigentes socialistas por el control de las adjudicaciones.