La institución provincial vuelve a utilizar este mecanismo legal, eliminando cualquier posibilidad real de concurrencia y repitiendo el mismo modelo opaco usado en años anteriores para el mismo torneo y con la misma empresa beneficiaria

18/06/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La Diputación de Málaga lo vuelve a hacer: ha aprobado por decreto conceder un contrato público de más de 120.000 euros a dedo, IVA incluido. En esta ocasión, la afortunada receptora del dinero de todos es la empresa Premier Pádel Spain S.L., adjudicataria del patrocinio del torneo internacional “Andalucía Málaga Premier Pádel P1”, que se celebrará...

...entre el 13 y el 20 de julio de 2025 en el Martín Carpena. El procedimiento que utiliza el ente provincial es el cada vez más habitual “negociado sin publicidad”, que permite adjudicar sin concurso abierto cuando existe una supuesta exclusividad.

Así, la Diputación, presidida por José Francisco Salado (PP), justifica esta adjudicación directa por la "exclusividad" que ostenta Premier Pádel Spain para organizar este torneo, según consta en los documentos del expediente. Para mantener una mínima apariencia de legalidad y concurrencia, el contrato se va a publicar, “para presentación de ofertas iniciales”, en la Plataforma de Contratación del Sector Público durante apenas tres días hábiles, plazo mínimo legal para que se presenten ofertas iniciales. Una mera formalidad: solo se admite una empresa, porque se reconoce previamente que ninguna otra puede presentarse.


La trampa legal está servida: primero se certifica que solo hay un posible adjudicatario (Premier Pádel Spain S.L.) y luego se abre un falso procedimiento de licitación donde, en la práctica, nadie más puede participar. Un simple pase de teatro administrativo con el telón de fondo de la Ley de Contratos del Sector Público.

El uso del procedimiento negociado sin publicidad debería estar reservado a casos realmente excepcionales, como situaciones de emergencia o de absoluta imposibilidad de concurrencia. Pero en Málaga parece haberse institucionalizado como atajo para adjudicar sin pasar por la incómoda competencia pública. La clave está en el artículo 168.a).2º de la LCSP, que ampara estos procedimientos si existe un derecho de exclusividad. La Diputación se aferra a esta cláusula como a un clavo ardiendo, incluso aunque el espíritu de la ley vaya en sentido contrario.


En este caso, se argumenta que Premier Pádel Spain S.L. es la única empresa autorizada por Premier Pádel LLC (propiedad del fondo soberano de Qatar) para celebrar el torneo P1 en Málaga. ¿Pero quién decide que el torneo debe ser, precisamente, ese? ¿Y por qué no explorar otras alternativas deportivas o circuitos de élite? Lo cierto es que el supuesto derecho exclusivo no es una imposición divina, sino una elección política. Una decisión que luego se utiliza como coartada legal para adjudicar sin concurrencia.

El expediente está plagado de informes que intentan justificar lo injustificable: el de inicio de expediente, los de impacto económico de YouGov y Camaleonic Analytics, el análisis jurídico, el plan de retorno de marca… Todos coordinadamente orientados a demostrar que gastar 120.701,33 euros (IVA incluido) en poner el logo “MÁLAGA COMPITE” en un torneo de pádel es una inversión rentable. Según Camaleonic, el retorno mediático estimado es de más de 500.000 euros. Cifras espectaculares pero tan opacas como el propio procedimiento de contratación.

Como en otros patrocinios gestionados por la Diputación, el argumento siempre es el mismo: visibilidad internacional, difusión televisiva, promoción de hábitos saludables, proyección de la imagen de Málaga. Lo que no se explica nunca es por qué esas ventajas solo pueden lograrse con contratos negociados a dedo, sin concurso ni competencia.

Para disipar cualquier sospecha de que esto podría haberse tramitado como una subvención o un convenio de colaboración, los informes del expediente se esfuerzan en subrayar que hay “contraprestación directa” y que, por tanto, se trata de un contrato privado de patrocinio. Se hace referencia incluso a dictámenes del Consejo de Estado y a informes de la Junta Consultiva de Contratación de Madrid y Andalucía. Una jungla de referencias legales que solo sirve para camuflar lo esencial: se ha optado por un procedimiento que elude el principio de libre concurrencia.


De esta manera, lo que podría haberse resuelto con transparencia y verdadera competencia, se va a resolver como ya es costumbre: con una adjudicación dirigida y un expediente cuidadosamente armado para parecer inatacable.

Eso si, a cambio del importe económico, el contrato incluye algunas “ventajas" protocolarias para la Diputación: presencia institucional en el palco VIP, entradas para los partidos, derecho a usar una pista del recinto o acciones promocionales con jugadores.

No es la primera vez que se firma un contrato idéntico, ya que el año pasado la Diputación ya adjudicó otro patrocinio por este mismo torneo a Premier Pádel Spain S.L. por una cantidad muy similar y bajo el mismo procedimiento. Lo que en teoría era una excepción puntual se está convirtiendo en práctica reiterada. Un modelo de “colaboración público-privada” donde el socio privado siempre gana, y el dinero público siempre pierde.

Y es que, mientras miles de pequeñas entidades deportivas y asociaciones luchan por recibir unas migajas de ayuda pública con procesos burocráticos asfixiantes, un torneo de élite vinculado a una multinacional del deporte, y fundada por el fondo soberano catarí Qatar Sports Investments, recibe sin concurso más de 120.000 euros por lucir el logo de la Diputación. Y todo con la bendición jurídica de un procedimiento tan legal como antidemocrático.

La cuestión no es solo si el patrocinio del pádel genera retorno publicitario. La verdadera pregunta es si este retorno justifica renunciar a los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia. Porque cuando la ley se convierte en pretexto, y el procedimiento en teatro, lo que se subvenciona no es el deporte: es el clientelismo.

¿Hasta cuándo se normalizarán estas prácticas? ¿Cuánto más podrá la Diputación vestir de legalidad lo que es, en esencia, una decisión política opaca? La publicidad institucional, cuando se maneja sin control, deja de ser promoción y pasa a ser propaganda. Y la propaganda, como todos sabemos, no es deporte. Es otra cosa. Mucho más peligrosa.