El edificio, inaugurado en 1933 como modelo de humanismo penitenciario por impulso de Victoria Kent, fue símbolo de la represión franquista, escenario de fugas y atentados, y forma parte del imaginario colectivo de un barrio que quiere recuperar ese espacio para uso cultural, verde y de memoria democrática

03/07/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. Los vecinos y colectivos sociales del distrito de Cruz de Humilladero se han unido para exigir que la antigua cárcel provincial de Málaga mantenga el uso público que motivó su cesión al Ayuntamiento en 2012. Tras años de abandono y promesas incumplidas, el Consistorio prepara ahora su entrega...

...a una empresa privada, no sin antes gastar dinero público para su rehabilitación. Ante esta maniobra, la ciudadanía reclama que el edificio se convierta en un espacio cultural, social y de memoria gestionado por el propio vecindario, tal y como se prometió desde el principio.

“El Ayuntamiento lo tiene ‘a la venta’, lo que están buscando es un inversor privado”, denuncia la historiadora Raquel Zugasti, una de las voces que más está peleando para que el edificio no acabe como un negocio más en manos ajenas. “En este caso, parece ser que es un grupo de Formación Profesional privada el que va a hacerse cargo del edificio, pero con una inversión público-privada, con lo cual vamos a seguir pagando por una rehabilitación y una reacomodación de un edificio para un uso privado del mismo”.


La historia de la antigua cárcel provincial de Málaga, ubicada en el distrito de Cruz de Humilladero, es la historia de un edificio cargado de memoria, sufrimiento, represión, resistencia y vida vecinal. Inaugurado en 1933 gracias al impulso reformador de Victoria Kent, entonces directora general de Prisiones durante la Segunda República, el penal fue concebido como un avance humanista en el sistema penitenciario español.

Pero apenas unos años después, tras el estallido de la Guerra Civil, sus muros se convirtieron en testigos silenciosos de una de las etapas más oscuras de la ciudad: el hacinamiento de miles de presos republicanos y los fusilamientos sin juicio.

Hoy, casi un siglo más tarde, la cárcel vuelve a ser un símbolo, esta vez del modelo de ciudad que impone el Ayuntamiento de Málaga, que después de años de abandono y promesas incumplidas, prepara su cesión a una empresa privada para montar allí un centro de Formación Profesional. Además, la rehabilitación del edificio se haría con fondos públicos, lo que ha provocado una gran oposición vecinal, social y política.


La traición

La prisión cerró sus puertas en 2009, tras la apertura del nuevo centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. En 2012, el edificio pasó oficialmente a manos del Ayuntamiento de Málaga mediante una permuta. Desde entonces, se han sucedido los anuncios y promesas de uso público y cultural. En 2014 se planteó el fallido proyecto “Jailhouse”, financiado con fondos europeos. En 2019, el PP presentó el plan “Distrito 6” con 24 millones de euros de inversión en fases, pero nunca se ejecutó nada salvo una limpieza valorada en 300.000 euros.

Ahora, tras años de abandono, el equipo de gobierno liderado por Francisco de la Torre quiere ceder el 80% del recinto a una empresa privada que lo explotará como centro de FP, bajo una fórmula de colaboración público-privada. Es decir: la ciudadanía pagará la rehabilitación, pero el beneficio lo obtendrá una empresa.

Y eso ha sido la gota que ha colmado el vaso. “Entendemos que no debe primar el beneficio económico, sino el beneficio cultural, histórico, social y ambiental”, clama Zugasti. “Estamos hablando de 14.000 metros cuadrados, con patios enormes, que podrían convertirse en huertos urbanos, zonas verdes, espacios de ocio. Málaga necesita espacios públicos, y Cruz de Humilladero más que nadie. Es un barrio con una evidente falta de equipamientos”.


Así, la indignación ha prendido entre los vecinos y colectivos sociales. La Coordinadora de Memoria Histórica de Málaga, la CNT, asociaciones vecinales, Bosque Urbano Málaga, Málaga Ha Vesos y representantes de Con Málaga, como Toni Morillas, participaron en la primera asamblea vecinal celebrada recientemente. Se decidió seguir organizando actos y reuniones, la próxima en la misma puerta del edificio.

“Queremos que llegue a toda la ciudadanía, especialmente a la gente que vive en la zona, pero también que se entienda que este es un espacio de toda Málaga”, explica la historiadora. La propuesta es clara: que se convierta en un espacio de gestión vecinal, con usos culturales, sociales y de memoria histórica. Un centro de interpretación de la represión franquista, sí, pero también un pulmón verde, un espacio de convivencia, una casa para asociaciones.

Y es que aún no hay un consenso cerrado sobre los usos, pero sí un principio irrenunciable: el edificio debe ser público y estar al servicio del bien común. “Que el beneficio que se pueda sacar de un edificio así se reporte en la ciudadanía, no se lo lleve una empresa privada”, resume Zugasti.

La historia

La construcción del penal se gestó antes de la Segunda República. El Ayuntamiento compró la parcela, y la cedió al Estado con la intención de levantar allí una nueva prisión que sustituyese a la ruinosa y saturada cárcel del Pasillo de Santa Isabel. El impulso definitivo lo dio Victoria Kent, que incorporó una visión más humana al proyecto, tal y como indica Zugasti.


De esta manera, la nueva cárcel se inauguró en octubre de 1933. “Tenía unas instalaciones muy modernas para lo que era la época”, explica Zugasti. Pero la llegada de la dictadura transformó el centro penitenciario en un infierno. El propio gobernador civil franquista de Málaga advirtió en 1938 del hacinamiento brutal: más de 3.000 presos en una prisión diseñada para 800.

Ese mismo año se produjo uno de los episodios más lamentables, narra Zugasti, durante una saca nocturna para fusilar a seis internos en el cementerio de San Rafael, los presos gritaron “¡Viva la República, abajo el fascismo!” al escuchar sus nombres. El conato de rebelión fue reprimido con dureza. Más de 60 fueron juzgados en consejo sumarísimo y casi 40 fusilados al día siguiente, acusados de un delito de rebelión por gritar consignas.

En 1946 hubo una fuga espectacular que el vecindario todavía recuerda: “Al estilo de la película La gran evasión, excavando un túnel, se fugaron una veintena de presos. Algunos llegaron a incorporarse a la guerrilla antifranquista en la sierra”. También está muy presente el atentado de ETA en 1991, o el trapicheo cotidiano, con objetos lanzados por encima de las vallas. “La cárcel ha formado parte del día a día de la gente del barrio. Hay mucha memoria contenida allí, más allá de la memoria democrática. Es parte de nuestra historia reciente”, afirma Zugasti.


La antigua prisión de Cruz de Humilladero fue declarada Lugar de Memoria Histórica en 2014 por la Junta de Andalucía. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Málaga ha ignorado reiteradamente esa condición, negándole el trato que merece como espacio de dignidad democrática. Ahora, quiere entregarlo al mercado.

La historia se repite: primero se promete un uso público, luego se privatiza. Como pasó con Tabacalera, como pasó con La Invisible, como está pasando con tantas parcelas y edificios públicos en una ciudad cada vez más entregada al negocio.

Frente a eso, la ciudadanía organizada reclama lo obvio: que la memoria no se venda, que el patrimonio no se entregue, que los barrios no sean moneda de cambio para operaciones urbanísticas encubiertas. Que la antigua cárcel, como símbolo de todo lo que fue, pueda convertirse ahora en todo lo que necesitan los vecinos que sea.