La Asociación de Vecinos Gálica celebra que, por segunda vez, la Junta de Andalucía impida el proyecto de Petroprix por razones de salud pública y seguridad del vecindario, y reclaman ahora un espacio verde y social para el barrio

04/07/25. Redacción. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com. La Pelusa, un pequeño barrio obrero de Málaga olvidado por los grandes planes municipales, ha logrado lo que parecía imposible: frenar por segunda vez el proyecto de instalación de una gasolinera en la calle Potosí. La empresa Petroprix, con la bendición del Ayuntamiento de Málaga, pretendía levantar una estación de servicio a escasos metros...

...de viviendas habitadas. Pero la resistencia vecinal, organizada en torno a la Asociación de Vecinos Gálica, ha vuelto a dar sus frutos. Ahora la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha paralizado el proyecto, invocando razones de salud pública y seguridad.

Es un pequeño paso, sí, pero una gran reafirmación”, señala Inmaculada de la Torre, presidenta de la asociación, en declaraciones que acompañan el comunicado difundido el 2 de julio. “La Pelusa resiste”, añaden los vecinos, que recuerdan que llevan casi cinco años librando esta batalla, sin más recursos que sus cuotas, sus energías y una voluntad férrea de no dejar que les impongan lo inaceptable.

De la Torre lamenta que durante estos años “le han puesto una alfombra roja a la empresa, mientras a los vecinos, que se supone que son a los que tienen que apoyar…”. Y es que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, no solo no ha protegido a los residentes, sino que, según denuncian, ha actuado como facilitador del interés comercial de Petroprix.


Así, la presidenta indica que “lo primero que hicieron fue meterlo y darle la aprobación. Y lo segundo, darle el permiso de obra. Que por cierto lo tienen en suspensión, no anulado. Eso se puede regenerar como el ave fénix en cualquier momento”.

Y es que los vecinos recuerdan con claridad cómo desde el principio el Consistorio les negó apoyo jurídico, a pesar de contar con un servicio legal público al que nunca tuvieron acceso. “¿O es que solo sirve para que el equipo de gobierno se libre de las querellas?”, se pregunta con ironía la presidenta vecinal. Mientras tanto, la Asociación ha tenido que pagar de su propio bolsillo dos informes medioambientales —uno de 400 euros y otro de más de 1.200 euros— además de otros gastos derivados de campañas, acciones y posibles litigios judiciales pendientes.

“Cada batalla nos está costando un riñón”, dice De la Torre. Por eso han anunciado una campaña de recogida de fondos, llamando a la solidaridad ciudadana y también pidiendo al propio Ayuntamiento que “dé ejemplo” y los apoye económicamente como forma de disculpa institucional. “Sería una bonita forma de compensarnos por los malos ratos que nos ha hecho pasar”, apuntan.


A pesar del rechazo inicial y la inacción municipal durante años, el Ayuntamiento ahora parece estar rectificando a regañadientes. Según la propia presidenta vecinal, Carlos Conde, concejal del equipo de gobierno, le ha comunicado que van a iniciar conversaciones con Petroprix para buscar una permuta del solar. Aunque desde el Consistorio no se ha garantizado nada, el simple hecho de que se contemple esa opción es ya un cambio respecto a la cerrazón previa. “Parece que ya hay ánimo, y sobre todo voluntad política, de querer arreglar esto, entonces estoy contenta, pero sigo pensando que es una batalla más, no es el fin de la guerra”, declara De la Torre con cautela.

Los vecinos no se fían. Han sido demasiados los desplantes, las puertas cerradas y las reuniones evitadas, por lo que temen que una vez pasado el verano todo se congele de nuevo. Por eso exigen una reunión urgente antes de agosto, con Conde, con Carlos Casero y con representantes de Petroprix, para dejar “la cosa más atada”. “Cuando termine agosto y empiece septiembre, poder tener un punto de donde agarrarnos para seguir, no para empezar. Porque en agosto se para el mundo y se olvidan las cosas”.

Lo que el vecindario quiere es claro: que ese solar sirva para mejorar la vida de los que ya viven en La Pelusa. “Aquí se necesita un poquito de arboleda, porque ya estamos viendo el calor que hace, y cada vez hay menos árboles”, dice De la Torre. Pero también sueñan con un pequeño centro social, un espacio comunitario que sirva para reunirse, hacer talleres, actividades vecinales, convivir. “No tiene que ser grande, el espacio suficiente para poder hacer las actividades”.


El caso de La Pelusa demuestra que, incluso en un entorno político y urbanístico adverso, la organización vecinal y la constancia pueden doblegar intereses empresariales y forzar a las instituciones a actuar. La Delegación de Salud de la Junta ha hecho lo que el Ayuntamiento nunca quiso hacer: proteger a los vecinos.

Pero la batalla no ha terminado. La licencia de obra está suspendida, no anulada. Petroprix sigue interesada. El Ayuntamiento aún no ha demostrado con hechos que esté dispuesto a cambiar de rumbo. “Nosotros no nos fiamos, hasta que no se resuelva esta guerra no está ganada”, advierten.