OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por Ángela Burón
Periodista

26/01/16. Opinión. Una de las candidatas al concurso de ideas de Torremolinos TV, Ángela Burón, remite una tribuna a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en la que denuncia la situación que rodea la adjudicación de la coordinación de contenidos de la emisora pública a una empresa privada del Grupo Mundo, Modula Eventos. Expone que, tres meses después de las quejas suyas y...

...de sus compañeros, el Consistorio torremolinense mantiene el silencio administrativo.

La TV de Torremolinos, en manos de una empresa malagueña

A través de un proceso de adjudicación irregular y un contrato plagado de errores, se trata de enmascarar la gestión directa de la televisión de Torremolinos por parte  Modula Eventos S.L. A través de un proceso de  adjudicación  irregular, y tratando de  esquivar la ley con un contrato subscrito entre el Ayuntamiento de Torremolinos y Modula Eventos S.L., plagado de errores  y omisiones, el Consistorio torremolinense, gobernado por el socialista José Ortiz, ha entregado la llave de la televisión a una empresa malagueña.

LO que en un principio era un “concurso de ideas” para profesionales de la comunicación, para la gestión de una forma “global” y por tanto “directa” de la Sociedad de Televisión Torremolinos TV SA., se convierte, después, y a través de un pliego de condiciones, en una “convocatoria de empleo público encubierta” con la finalidad de cubrir la plaza de un director con un pliego de condiciones mínimas. Un pliego totalmente surrealista y en el que se habla de unos requisitos mínimos, entre ellos CV del director que vaya a ocupar plaza, y su trayectoria, así como su cualificación o experiencia demostrada en la gestión de medios.

REQUISITOS que, sin cumplirse por la que más tarde sería la empresa adjudicataria a través de la votación, se incluyen paradójicamente nombres de empresas, todo ello sin publicar lista de admitidos. Todo esto le ha servido para formalizar un contrato lleno de errores el 18 de diciembre de 2015 entre Ayuntamiento y Modula Eventos SL.

A pesar de que tres de los once licitantes al concurso presentaron escritos de impugnación, tres meses después el Ayuntamiento mantiene su postura de silencio administrativo por respuesta, adjuntando únicamente copia de un informe del abogado Luis Merino en el que hábilmente ya no se habla de gestión directa, que fue para lo que se hizo la convocatoria del concurso, son de contrato privado de parte de los contenidos de la programación. Todo esto ha dado lugar a la presentación el 18 de enero por registro de un recurso de alzado basado en la ilegalidad que supondría conceder la gestión directa a una empresa, tal y como establece el artículo 7 del decreto 1/2006 de 10 de enero, que regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres. Este servicio prestado por los municipios será gestionado de forma directa por estos, mediante cualquiera de los medios previstos en el artículo 85.2A) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Ley que no ampara por parte de una empresa privada como Modula ni la gestión de los contenidos ni de la prestación de servicios usando las instalaciones o el personal de la televisión municipal, como aparece en el contrato suscrito. Admite solo la contratación externa de programas ya grabados, en el que Modula actuase como productora, que no es el caso.

SIN embargo, en el mismo, aparece como gestor de los servicios a desarrollar dentro de las instalaciones de la televisión el señor A. Rodróguez y el coordinador, señor Valenzuela, para que coordine las instrucciones de ambas partes, tanto con el personal y medios con los que cuenta la televisión municipal conforme al proyecto presentado y a la convocatoria antedicha. Contrato que trata de sustituir la figura de un director y de apañar una situación de gestión indirecta, que no era objeto de concurso y ni siquiera ha sido aprobado en una Junta General o Extraordinaria anterior a la firma del contrato, como hubiera sido preceptivo.

POR tanto se prevé que en breve sean los partidos de Gobierno u oposición los que presenten moción al pleno de esta supuesta irregularidad, que de confirmarse legalmente en un proceso Contencioso Administrativo conlleve una sanción por infraccion muy grave y al posible cierre de la actividad de este ente televisivo.

RECORDAMOS el caso del alcalde del municipio granadino de Íllora que se vio obligado a dimitir por realizar una concesión de una radio municipal, por externalizar este servicio sin previo concurso. El socialista Francisco Domeneque fue acusado de prevaricar. El Sindicato de Periodistas de Andalucía explica en un comunicado que el mero hecho de externalizar el servicio de esta emisora local es prevaricar.

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