OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por José Cosín
Abogado
04/07/17. Opinión. En esta Tribuna Abierta el abogado José Cosín hace un análisis sobre el asombroso archivo de la denuncia a la licencia de “erradicación de fauna” en la urbanización La Zagaleta de Benahavís. En este artículo para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com el abogado advierte de la poca documentación que la Junta de Andalucía...
...aportó para corroborar que esta licencia se ajusta a la legalidad, y que sea admisible la caza con armas de fuego dentro de un recinto residencial. Cosín, que fue uno de los que interpusieron la denuncia junto a Patricia Lara, y que asegura perdió su trabajo por ello, afirma que no se van a “rendir ni resignar ante actos crueles y criminales continuados en el tiempo” porque tienen “la certeza de que se han perpetrado estos delitos”.
El oscuro ‘affaire’ de La Zagaleta o el asombroso archivo de una denuncia judicial
LA fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha decidido archivar la denuncia interpuesta por Patricia Lara y yo mismo, José Cosín, ante el otorgamiento de una licencia de “erradicación de fauna” a la Urbanización de lujo “La Zagaleta”, sita en la carretera de Ronda, con la que pretendían acabar con 1.200 ciervos, cabras montesas y muflones, entre otros.
TAL y como manifiesta el detallado informe, de más de 90 folios del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la solicitud de aniquilación de fauna fue solicitado por la empresa Alten SPT & S, S.L.U el 13 de noviembre de 2015 y concedida el 22 de diciembre de ese mismo año, es decir, en apenas 21 días hábiles. Todo un récord para la administración autonómica que resulta todavía más inexplicable ya que para la tramitación de una licencia para instalar jaulas trampa (un procedimiento administrativo más corto y sencillo) tardaron seis meses, constando la aportación de los documentos necesarios (desde el 19 de mayo de 2015 a 11 de enero de 2016) mientras que para la licencia de exterminio, necesitaron 21 días, sin que conste que se haya aportado ninguna de la documentación exigida por la ley y requerida por la Benemérita reiteradas veces en sus investigaciones.
RESULTA llamativo para la Guardia Civil, y así lo manifiestan en el informe, que no aporten los documentos que probarían los “daños” producidos por los ciervos, cabras y muflones y que justificarían el otorgamiento de la licencia de exterminio. Con todo el respeto a las decisiones del Ministerio Fiscal, no aportan los documentos porque es imposible que los ciervos, ni las cabras montesas, ni los muflones de la Zagaleta hayan producido ningún tipo de daño. Seamos sinceros. Aquí se trataba de permitir que Vladimir Putin y sus amigos pudieran cazar ilegalmente, sin ser molestados.
EXAMINADA la Licencia, se reconoce que los únicos documentos aportados fueron un poder notarial, un currículum y una póliza de seguro de responsabilidad civil. A la vista del documento, es falso que se documentaran los daños producidos por los ciervos, porque jamás existieron. Lo que se alega es la “alta prevalencia” de enfermedades, dato que se comprueba falso, puesto que apenas 3 de los 305 ejemplares exterminados estaban enfermos. No obstante la Consejería de Medio Ambiente manifiesta su temor a que contagien enfermedades como la tuberculosis, a los habitantes de las mansiones cuyo precio mínimo son 6 millones de euros. Me gustaría hacerle llegar a la Consejería que, desgraciadamente, conozco a niños y mayores enfermos de tuberculosis, pero que éstos no se encuentran precisamente en la urbanización más cara de Europa. Ojalá tuviera el gobierno de la Junta de Andalucía la misma sensibilidad por los numerosos casos de tuberculosis que azotan a la infancia andaluza.
PERO la Consejería tenía que hacer frente a una dificultad todavía mayor: justificar el método del sacrificio de los animales con armas de fuego y por la noche en una urbanización residencial, en los mismos jardines de algunos vecinos que estaban auténticamente aterrorizados de escuchar constantes tiros durante las noches de verano. Asegura el Sr. Director de Medio Natural, don Francisco Javier Madrid, firmante de la autorización:
“ASIMISMO, en los terrenos donde se pretenden aplicar las medidas de control de daños se corresponden con terrenos urbanizables, sin embargo debido a las propias características de los mismos, su situación e inexistencia de viales, servicios, equipamiento, edificación etc. Si que permiten la práctica de la actividad cinegética con carácter de excepcionalidad para el control de daños”. (Ver licencia)
POR terminar rápido, no hay ni una sola palabra en este párrafo, introducido en el modelo de licencia con un formato distinto, que sea verdad. Se trata de justificar con mentiras flagrantes (en La Zagaleta hay viales, equipamiento, edificaciones…) el otorgamiento de un permiso de caza con armas de fuego en una zona residencial, lo cual, se pongan como se pongan, yo defiendo que es ilegal.
LO que resulta “sumamente extraño” para el SEPRONA es que la administración autonómica, a pesar de haber sido requerida policialmente para ello, no aporte documentación alguna que ratifique los daños manifestados por La Zagaleta y que no justificó documentalmente, tal y como obliga la ley.
TRAS las denuncias realizadas por la revista EL OBSERVADOR, la Junta de Andalucía procedió a suspender la licencia de erradicación el 29 de septiembre de 2016, el motivo alegado para revocar la autorización fue el incumplimiento de las notificaciones relativas al número de animales abatidos, así como la forma y el destino dado a sus cuerpos. Según manifestó el veterinario responsable de la matanza, se eliminaron 305 ejemplares de los 1.200 previstos siendo identificados tres de ellos como portadores de enfermedades que los convertían en “no aptos” para el consumo humano. El peso total de los ejemplares, 22.292 Kg, de los cuales se comercializaron 14.077 Kg. Con estos datos (de ser ciertos, puesto que han sido aportados por los denunciados) cabe concluir que el peso medio de los animales muertos era de 73 kg. Desgraciadamente, no han manifestado cuántos de ellos eran ciervos, jabalíes o las protegidas cabras montesas.
LA licencia, cuyos documentos adjuntamos AQUÍ fue solicitada a la Junta de Andalucía en seis ocasiones por los denunciantes, habiendo sido denegada por la Delegación de Medio Ambiente de Málaga, e incluso por la Comisión de Transparencia de la Junta de Andalucía, alegando la existencia de “datos de carácter personal” en la misma. Resulta triste que tengamos que conseguir un documento que es público a través del Ministerio Fiscal. ¿Para qué sirve entonces la Ley de Transparencia? Para que la Comisión que debe velar por su cumplimiento se la pase por el arco del triunfo alegando la manoseada Ley de Datos de carácter personal.
LO que parece que pasó por alto la investigación de la fiscalía, es que uno de los propietarios, apoyado por el expresidente, Pablo Azcárate, preguntó al director de seguridad de La Zagaleta, Jaime Hachuel (quien fue antes director de seguridad de Juan Antonio Roca Nicolás) sobre los cazadores furtivos de La Zagaleta. Respondió el jefe de seguridad que conocía de su existencia y que la Guardia Civil estaba haciendo una investigación al respecto. No era la única relación entre la Guardia Civil y la urbanización, según manifiesta el propio Hachuel:
“SE ha reunido con un responsable de la Guardia Civil, persona con gran experiencia y prestigio en temas de seguridad, que ha visitado la finca y a quien han pedido información sobre el sistema de seguridad de la misma. Esta persona, ha confirmado que el sistema de seguridad de La Zagaleta, es el mejor de las urbanizaciones de la costa que conoce, y que sería recomendable implementarlo con la instalación de cámaras”.
DADAS las manifestaciones realizadas por los vecinos, los denunciantes, Patricia Lara y yo mismo, José Cosín, pedimos la declaración testifical de dos cazadores que han reconocido haber cazado en La Zagaleta (en multitud de ocasiones, desde hace años) puesto que los responsables les aseguraban tener todos los permisos. Incluso manifiestan haber sido acompañados en estas batidas ilegales de caza por miembros de la Benemérita que no se encontraban de servicio.
LA declaración de los cazadores hubiera sido sencilla y demostraría, o no, la existencia de un delito continuado contra la fauna y de maltrato animal. Sin embargo, dicha diligencia fue denegada y la denuncia archivada. No es el único delito que defendemos se ha perpetrado. Creemos que se ha producido un delito de prevaricación al otorgar una licencia ilegal de caza de animales protegidos (la propia licencia autoriza expresamente a matar cabras montesas, que es un animal autóctono protegido, es como si dieran un licencia de caza de linces), un delito de malversación, al haber empleado fondos públicos del Ayuntamiento de Benahavís para financiar estos actos, y reducir el presupuesto, con el fin de adjudicárselo precisamente (¡Oh, “casualidad”!), a la empresa contratada por La Zagaleta.
DEBIDO al poder de los denunciantes, ya perdí mi empleo (que me costó mucho conseguir) al interponer la denuncia, hace más de un año. Es por ello que espero que el Ministerio Fiscal comprenda que no nos vamos a rendir ni resignar ante actos crueles y criminales continuados en el tiempo; porque tenemos la certeza de que se han perpetrado estos delitos. Nos alegramos de los 900 animales que se han librado de una muerte cruel y viven ahora en libertad. Pero el problema de la superpoblación volverá a repetirse, puesto que los administradores de la promotora han despreciado la ayuda desinteresada ofrecida por expertos y colectivos ecologistas. Prefieren amenazar y coaccionar con la pérdida del empleo a aquellos que se atreven a decir que los ricos, no pueden hacer lo que les dé la gana. Y perseveraremos hasta que los culpables reparen el daño que han cometido.
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