OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por Luis Manuel Goñi Stroetgen
Economista y profesor

12/03/18. Opinión. El economista y profesor Luis Manuel Goñi analiza detalladamente en una Tribuna Abierta para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y las medidas que los diferentes gobiernos han ido adoptando para que esto sea posible. El autor afirma que en los dos últimos años las pensiones han perdido un 2,2%...

...en términos reales, algo que irá aumentando en el futuro ya que la inflación estará entre el 1,55 y el 2%. En el texto se hace referencia a que el factor de sostenibilidad, que se añadirá el próximo año, tendrá en cuanto los años cotizados, su importe y el número de años de esperanza de vida, por lo que “a medida que aumenten los años de supervivencia disminuirán las pensiones”. Goñi sostiene que “no es de recibo que el Gobierno prefiera rescatar a las empresas concesionarias de las autopista radiales (4.500 millones), asumir mermas por el rescate bancario (60.000 millones), aumentar en un 30% el presupuesto de defensa y comprometerse con la OTAN para aumentar en un 80% el gasto militar en los próximos años; antes que impedir la pérdida del nivel adquisitivo y la depauperación de las pensiones”.

Los pensionistas se movilizan por unas pensiones dignas

LA opinión pública se ha visto sorprendida en las últimas semanas por las movilizaciones que están llevando a cabo los pensionistas en todas las capitales de provincia. Ante la desidia de sindicatos y partidos políticos, los pensionistas han creado plataformas, como la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, que han ido realizando concentraciones en defensa de unas pensiones dignas y por su revalorización según el IPC.

NO le faltan razones porque las pensiones han sufrido una gran depreciación y precarización en los últimos años. Incumpliéndose el artículo 50 de la Constitución española que indica textualmente: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Sin embargo, ni son adecuadas, teniendo en cuenta que el 40% de las pensiones son inferiores al salario mínimo interprofesional (736 € mensuales). Ni se actualizan de acuerdo a la subida de los precios. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, hasta el año 2010 las pensiones se revalorizaban al comienzo de cada año conformen al índice de precios al consumo (IPC) previsto y se actualizaban, conforme al IPC real producido en todo el año, generalmente con una paga adicional en enero del año siguiente. Pero en el 2011 el gobierno de Zapatero congeló las pensiones, excepto las mínimas, en virtud de un decreto de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. A finales de ese año llegó al poder Mariano Rajoy y dejó de actualizar las pensiones, perdiendo el 2,40%, que fue el IPC de ese año. En los dos años siguientes se revalorizaron las pensiones un 1% cada año, perdiendo 1,10% del nivel adquisitivo al ser la inflación superior a la subida relativa que tuvieron las pensiones.


PERO la gran “puñalada” que reciben los pensionistas se produce a raíz del Decreto ley 23/2013 de 23 de diciembre. En este decreto se introducen dos factores para determinar el importe a recibir por las pensiones: el factor de revalorización y el factor sostenibilidad.

EL factor de revalorización indica que cada año se “revalorizarán” las pensiones un 0,25%, siempre que la Seguridad Social sea deficitaria. Y como se prevé un déficit duradero, teniendo en cuenta que las cotizaciones no cubren las prestaciones, se estima que las pensiones no se “revalorizarán” más del 0,25% en los próximos años. Produciéndose una gran pérdida del nivel adquisitivo al ser la inflación superior a ese ridículo 0,25%. De hecho, en los dos últimos años las pensiones han perdido un 2,20% en términos reales. Y para los dos próximos años la pérdida será aún mayor al estimarse que la inflación estará entre el 1,50% y 2,00% anual. Hay que decir que, en todos los países europeos, salvo en Lituania e Irlanda, la actualización de las pensiones se vincula con el IPC.

A partir del próximo año se aplicará para los nuevos pensionistas el llamado factor de sostenibilidad. Para determinar el importe inicial de las nuevas pensiones se tendrá en cuenta, además de los números de años cotizados y su importe, el número de años de esperanza de vida que exista en ese momento de devengar la pensión inicial. Con lo cual, a medida que aumenten los años de supervivencia, disminuirán las pensiones. Además, las mujeres pensionistas saldrán más perjudicadas porque viven más años que los hombres. Se calcula que los que se jubilen en el 2019 verán reducida su pensión inicial alrededor de un 0,5% debido a la aplicación del factor de sostenibilidad, además de la pérdida derivada del factor de “revalorización”, estimada en al menos 1,25%.

TENIENDO en cuenta la comentada depreciación de las pensiones y que alrededor del 40% de los pensionistas cobran menos que el SMI, con pensiones de jubilación que no llegan a 700 euros y de viudedad en torno a los 500. Lo que ha reactivado la indignación y movilizaciones de los pensionistas han sido determinadas actuaciones y manifestaciones de altos cargos del PP. Como recibir una carta de la ministra Fátima Báñez vanagloriándose de la “gran” subida de 2,5 euros, por término medio, de las pensiones o la ocurrencia de la diputada Celia Villalobos, a la sazón presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, manifestando que se podría trabajar hasta los 80 años o renunciar a una cerveza al mes para ahorrar para la jubilación.

SIENDO conscientes de la limpieza que ha sufrido la “hucha” de las pensiones, el fondo de reserva, ha pasado de tener 66.815 millones en 2011 a los escasos 8.095 millones, en la actualidad, y del déficit de 18.000 millones de la Tesorería de la Seguridad Social en 2017. Como consecuencia de la merma en las cotizaciones por la incorporación de nuevos cotizantes con salarios muy bajos y el incremento del número de pensionistas derivado de factores demográficos También es verdad que los altos directivos de las empresas y la Administración cotizan por debajo de su salario al estar establecido un tope máximo de cotización en 3.750 € mensuales y que existen bonificaciones que no producen los efectos para las que se crearon, lastrando los ingresos del sistema. Además, hemos de considerar que el gasto en pensiones en España supone el 11% del PIB frente al 15% de Italia y Francia, por ejemplo.

NO es de recibo que el Gobierno prefiera rescatar a las empresas concesionarias de las autopista radiales (4.500 millones), asumir mermas por el rescate bancario (60.000 millones), aumentar en un 30% el presupuesto de defensa y comprometerse con la OTAN para aumentar en un 80% el gasto militar en los próximos años; antes que impedir la pérdida del nivel adquisitivo y la depauperación de las pensiones. En este sentido, la pasada semana el PSOE presentó en el Congreso una proposición de ley para que las pensiones se actualicen el año próximo el 1,60% (IPC previsto para 2018). Se estima que la actualización supondría unos 1.700 millones adicionales que se financiaría con cargo a un impuesto sobre las transacciones financiera y otro extraordinaria a la banca, posiblemente aumentando el gravamen que pagan las entidades financieras en el impuesto de sociedades.

CONSIDERANDO que los pensionistas españoles tienen el derecho constitucional, recogido en el artículo 50 de nuestra Carta Magna, a tener unas pensiones dignas que no pierdan nivel adquisitivo cada año. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha convocado concentraciones y manifestaciones en todas las capitales de provincia para el 17 de Marzo.Convocatoria a la que se unen Pensionistas en Acción de Málaga que, además de agruparse todos los lunes a las 12,00 frente al Ayuntamiento, llama a la concentración del 17 de marzo a las 12,00 en la Plaza de la Marina.

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