OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por José Cosín
Abogado y activista


20/03/18. Opinión. El abogado y activista José Cosín habla en una nueva Tribuna Abierta para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la situación que padecen desde hace años cientos de niños que cruzan la frontera y que viven en las calles de Ceuta y Melilla, lo que se conoce como Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS). Cosín analiza la actuación de la Administración de...

...las ciudades autónomas ante este asunto, especialmente de Melilla, que considera “lamentable”. “Ahora intentan que los niños acudan a las residencias donde viven hacinados, mientras que hace pocos meses les puse una querella criminal por impedir que los niños que estaban en los centros volviesen a ellos, condenándoles a la drogadicción, a la delincuencia y a una muerte siempre rápida. Si abandonas a cualquier niño en la calle, si sobrevive, en poco tiempo tendrás un delincuente y un adicto”, señala el abogado y activista.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP) y el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura (PP) son responsables de la vulneración sistemática de los derechos de los menores en Melilla

EL fallecimiento de dos menores abandonados en Melilla, un drama que hasta ahora pasaba inadvertido, ha copado los titulares de los medios de comunicación. Desde hace años cientos de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) sobreviven, como pueden, en las calles de Ceuta y Melilla. Son niños abandonados por sus padres, quienes no pueden mantenerlos, que pasan la frontera para abandonarlos. Si lo hicieran en Marruecos tendrían serios problemas con la ley. Debería existir colaboración judicial entre ambos países (que sí existe en otros temas como el narcotráfico) puesto que en ese momento es cuando el problema se convierte en español.


LA reacción de las autoridades de Melilla ha sido algo peor que lamentable. Su presidente, Juan José Imbroda (PP) se dedica a insultarme por las redes sociales cada vez que acudo a Melilla para ayudar a algún menor. Su consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura (PP), no sólo insultó a los niños recientemente fallecidos (los despreciaba calificándolos de drogadictos y delincuentes) sino que también se negó a recibir a las familias de los niños. Ningún padre debería ver morir a su hijo, el sufrimiento es el mismo, seas rico, pobre o medio pensionista. No contento con tratar de esa forma miserable a los familiares y niños, ha amenazado a todas las ONG con denunciarlas si publican el estado de los menores, o les impone alguna responsabilidad por lo ocurrido. Pues sí, señor Ventura, puede usted querellarse contra mí, pero la Ley establece que usted es el principal responsable de los menores. Y debe reparar el daño sufrido, aunque no existiera negligencia por parte de su consejería. En mi opinión jurídica, no sólo existe negligencia, sino culpa. Puesto que estaban avisados de la situación límite de los menores y no sólo no hicieron nada, sino que insultaron y amenazaron a quienes lo advertían.


AHORA intentan que los niños acudan a las residencias donde viven hacinados, mientras que hace pocos meses les puse una querella criminal por impedir que los niños que estaban en los centros volviesen a ellos, condenándoles a la drogadicción, a la delincuencia y a una muerte siempre rápida. Si abandonas a cualquier niño en la calle, si sobrevive, en poco tiempo tendrás un delincuente y un adicto.


EL
artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que: “Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, a asistencia sanitaria y a servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el cumplimiento de los derechos previstos en la ley”.


RESULTA evidente que ni en los centros de menores de Melilla, ni en el correccional se cumplen estos derechos, ni de lejos. Son simples cárceles para niños, que tienen carácter penitenciario. No resulta extraño que se infiltren radicales islamistas para adoctrinarlos, puesto que son las presas más fáciles que pueden conseguir. Abandonados por una sociedad que debió protegerles. Que a nadie le extrañe que se pueda sembrar fácilmente el odio.


EL gobierno de la ciudad autónoma de Melilla es responsable civil de las muertes de Soufian y Mamadou. No lo digo yo, lo dice el artículo 1.903 del Código Civil que entiende responsables a los tutores (la Administración) tanto de los daños que causen los menores, como los que sufran. Y así lo recogen las normativas autonómicas que sí que cumplen con sus obligaciones, como el Gobierno de Galicia, o  Aragón. Pero lo que es indudable es que la Administración responde en todo caso, aunque no haya negligencia por su parte. Se trata de una responsabilidad impuesta por la ley ex lege -por disposición de la misma-. Esto explica que no quisieran recibir a los familiares y ahora amenacen a quienes intenten ayudar a los niños. Un país que no protege a los niños es un país condenado a desaparecer.

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