La soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria

OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por Antonio Somoza Barcenilla
Periodista


11/05/20. Opinión. Bajo el epígrafe Apuntes para la salida de esta crisis, EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, va a publicar en los próximos días una serie de artículos escritos por Antonio Somoza, en los que el periodista realiza un análisis distinto y sugerente sobre la situación en la que nos encontramos en plena emergencia sanitaria y esboza algunas ideas para dar una salida...

...alternativa, desde un punto económico y social, cuando tengamos que afrontar el futuro: algunas ideas interesantes para construir esa “nueva normalidad” de la que hablan los políticos.

Los dos primeros artículos, titulados “Una gran oportunidad” y “Hay vida más allá del turismo” han sido publicados en la edición andaluza de eldiario.es los días 28 de abril, el primero y 2 de mayo, el segundo. En los siguientes, originales para EL OBSERVADOR, irá desgranando la posible aplicación de sus propuestas a la provincia de Málaga y otros aspectos de interés como las posibles vías de financiación de las propuestas que sostiene.


Tiempo de sementera

Las actividades del sector primario relacionadas con la producción de alimentos merecen un capítulo propio a la hora de establecer las bases sobre las que podemos construir el futuro. Y lo merecen por varios motivos: por su capacidad para generar nuevos empleos, por su potencial para combatir la dependencia económica de los monocultivos; por la urgencia de cambiar las tendencias actuales de las explotaciones agropecuarias, en las que también se apuesta por la explotación intensiva a gran escala (monocultivos agrarios y ganaderos); por su influencia en la calidad de alimentación humana y por el nefasto papel que tiene el actual modelo en la supervivencia del planeta.


El actual sistema de producción de alimentos a nivel global ha supuesto una deslocalización de la producción, con el consiguiente aumento de la contaminación por el transporte de los alimentos de un extremo al otro del planeta. También está detrás -junto a intereses madereros y mineros- de un descabellado proceso de deforestación en el sudeste asiático, África y la cuenca del Amazonas, los pulmones verdes del planeta. La tala salvaje de bosques naturales genera un intolerable etnocidio entre los habitantes de esas zonas y la destrucción de ecosistemas naturales que cumplían el fundamental papel de ser el primer escudo contra la propagación de pandemias; el primero y el más efectivo.

Este modelo de producción deslocalizada y a gran escala de los alimentos tiene efectos colaterales nada desdeñables ya que, por una parte, favorece al sector de alimentos procesados (los menos saludables según los expertos en nutrición) y, por otra, multiplica el papel de los intermediarios que determinan de manera injusta los ingresos de los productores y los precios que tenemos que pagar los consumidores. Los márgenes de ganancias para los intermediarios se han multiplicado en los últimos años y de forma casi obscena durante la pandemia. Son efectos que difícilmente se pueden eliminar, ni siquiera amortiguar, mientras se mantenga el modelo de producción y mientras el beneficio privado sea una verdad incuestionable. Un último apunte sobre los riesgos de este modelo productivo de alimentos es el papel que juegan multinacionales del ramo que llegan a controlar la producción de semillas, un tema que desborda las dimensiones de estos apuntes, pero que habrá que afrontar cuanto antes mejor.

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Frente a este disparatado modelo, por muy rentable que sea para unos pocos, tampoco es necesario inventar la pólvora. Sería suficiente, que pusiéramos el derecho de todos a una buena alimentación en el lugar que ocupa el beneficio económico de las élites y que apostáramos por un concepto recientemente acuñado, la soberanía alimentaria. Este concepto, fue introducido en el debate político hace menos de 25 años. Fue en 1996 cuando Vía Campesina lo planteó con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación, celebrada en Roma por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La soberanía alimentaria es la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica, entre otros aspectos, la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción. La eliminación de intermediarios permitiría a los productores unos ingresos más dignos y a los consumidores unos precios más razonables.

El concepto es nuevo, pero la práctica de este tipo de explotación agropecuaria es muy antigua y nos es muy próxima. De hecho, todas las ciudades mediterráneas tuvieron durante siglos un sistema de abastecimiento de alimentos de proximidad. Valencia fue la última que mantuvo un robusto entramado de huertas en torno a la urbe hasta hace muy pocos años, hasta que la presión urbanística, por un lado, y la competencia desleal de los intermediarios terminó por ahogar el futuro de las huertas locales. En Málaga ocurrió algo parecido un poco antes, pero aún así hoy en día se mantiene parte de ese entramado de producción rural de proximidad y durante los últimos años se ha producido un repunte de este tipo de actividad que, además, ha logrado superar las barreras de intermediarios mediante una red creciente de cooperativas de productores y consumidores que habría que cuidar y fomentar. Al menos, al mismo nivel que se da a empresas potentes, como las dedicadas a la producción a gran escala de aguacates, mangos y otros cultivos subtropicales.

No es cuestión de oponerse a este tipo de empresas, siempre que no traten de imponer un modelo de monocultivo; siempre que establezcan límites al cultivo industrial y que se deje margen suficiente para el desarrollo de las empresas agropecuarias de proximidad y de pequeña escala. Dos razones avalan esta apuesta: la producción de proximidad y a pequeña escala en agricultura y, sobre todo, en ganadería es mucho más respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, porque puede dar una respuesta mucho más ágil y operativa ante un posible escenario de desabastecimiento en una nueva pandemia o en esta misma si la situación de emergencia sanitaria se prolonga, un escenario no descartable si el descubrimiento de la vacuna o el tratamiento se demoran más de lo esperado.

Por eso, las ayudas, tanto las de la Política Agraria Común (PAC), como las que se puedan articular desde el Estado, las Comunidades Autónomas, las diputaciones provinciales o los municipios deberían tener mucho más en cuenta las necesidades de los pequeños agricultores de proximidad que los intereses de los grandes propietarios o de las empresas dedicadas a la explotación intensiva de productos agropecuarios generados para la exportación. Lo mismo se puede decir, como avanzábamos en el anterior capítulo, de la Ciencia y la Tecnología aplicada a la producción agropecuaria: menos esfuerzo para multiplicar los dividendos de las grandes compañías y más, mucho más, para mejorar los procesos de producción a pequeña escala, desde el aprovechamiento del agua hasta los canales de distribución.

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En el caso de Málaga sería cuestión de incentivar la producción de huertas y granjas ya existentes en el Valle del Guadalhorce, la Axarquía, Maro u otras comarcas, favorecer la implantación de nuevas explotaciones de este tipo y de cooperativas de productores y consumidores para eliminar intermediarios. De momento, los poderes públicos no parecen que estén por esta labor. Ellos siguen aferrados a su modelo de monocultivo turístico.

Sólo así se explica el decretazo de la Junta de Andalucía o el acuerdo del Ayuntamiento de Nerja que plantea eliminar una zona agrícola de pequeñas explotaciones para facilitar un pelotazo urbanístico, basado en un turismo de aluvión, aunque con muchos billetes. Sólo así se explica que el ayuntamiento nerjeño firmara en plena pandemia un convenio con la empresa Salsa, propiedad de Larios, para construir una urbanización con 680 viviendas de lujo y cinco hoteles exclusivos, sobre una superficie de 200 ha de uso agrícola y de gran valor cultural y paisajístico. Afortunadamente, la Plataforma ciudadana ‘Otro Maro y Nerja es Posible’ y Ecologistas en acción, han elaborado un manifiesto para oponerse a esta barbaridad y que a finales de abril sumaba ya más de 7.500 firmas. Si aún no lo habéis hecho y deseáis sumaros, lo podéis hacer en este enlace (1). Igualmente, en la provincia se ha creado un grupo de wasapp para apoyar ya la plataforma ciudadana y ampliar la respuesta a este atropello. Aquí os dejo otro enlace (2) por si estáis interesados.

Un enfoque de este tipo para las explotaciones agrarias, con el consiguiente apoyo de las administraciones públicas podría ser un buen apoyo para dar respuesta a otro de los problemas endémicos de este país y revertir la dinámica de abandono de nuestros campos, de nuestros cultivos, de toda nuestra cultura agraria que tan útil nos puede ser en un futuro. Podría ser una buena salida para un buen número de personas que perderán sus empleos tras la crisis y, de alguna manera, un fórmula para dar una salida digna para los héroes más anónimos de esta etapa convulsa de nuestra historia: los trabajadores emigrantes que se han encargado de recoger las cosechas, de asegurar nuestro abastecimiento, en unas condiciones socio laborales penosas.

Sería una salida imaginativa para revertir la triste situación de la España vaciada, dando oportunidades a parte de los compatriotas que se puedan plantear un cambio de rumbo a sus vidas tras la crisis e integrar de manera ordenada a buena parte de los migrantes que han asegurado nuestro abastecimiento alimentario durante estas duras semanas. En este sentido en la plataforma change.org hay abierta otra iniciativa de recogida de firmas que reclama “Justicia para los emigrantes que nos han ayudado a sobrevivir durante la pandemia” (3). Las peticiones concretas de esta iniciativa no van tan allá como las planteadas en este capítulo de los Apuntes para la salida de esta crisis. La propuesta de la recogida de firmas es simplemente “una cuestión de mera justicia social y de patriotismo bien entendido”.

(1)https://noalplanlarios.wixsite.com/plataforma/manifiesto-firmas
(2)https://chat.whatsapp.com/JWSQzzpMAkwGp5dgVG2leK
(3) https://www.change.org/p/gobierno-de-españa-junta-de-andalucia-organizaciones-de-empresarios-agr%C3%ADcolas-ayuntamiento-de-lep-justicia-para-los-emigrantes-que-nos-han-ayudado-a-sobrevivir-durante-la-pandemia-desde-el?recruiter=18922026&recruited_by_id=b7cb8610-eaea-012f-f322-404060e72abb&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard


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