“Reforzar la atención primaria, contratar rastreadores, contratar profesorado y personal auxiliar y establecer soluciones para los servicios comunes en los centros educativos eran actuaciones que ya se deberían haber acometido para acercar el riesgo a cero”

OPINIÓN. Tribuna Abierta. Por Antonio Somoza Barcenilla
Periodista


22/09/20. Opinión. El periodista Antonio Somoza escribe en esta Tribuna Abierta para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la habilidad de los políticos de echar la culpa a los demás de sus errores: “Dice la sabiduría popular, guiada por la experiencia de hechos vividos, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. A raíz de lo que estamos viviendo con la gestión de la pandemia...

...habrá que ir actualizando el refranero y buscar una sentencia que defina la capacidad que tienen los políticos de tropezar siempre con esa misma piedra y de responsabilizar a otros de sus tropezones”.

Tropezar siempre en la misma piedra

Dice la sabiduría popular, guiada por la experiencia de hechos vividos, que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. A raíz de lo que estamos viviendo con la gestión de la pandemia habrá que ir actualizando el refranero y buscar una sentencia que defina la capacidad que tienen los políticos de tropezar siempre con esa misma piedra y de responsabilizar a otros de sus tropezones. El pasado día 9 de septiembre publiqué en estas mismas páginas un ejemplo claro en el ámbito urbano/ambiental, el proyecto de urbanización y construcciones de torres de viviendas y locales comerciales en los antiguos terrenos de Repsol. Un proyecto que cambia árboles por torres de hormigón en uno de los barrios más densamente poblados de la capital, a pesar de que la relación entre densidad de población y expansión de la pandemia es una de las pocas certezas que tenemos a día de hoy sobre el funcionamiento de los virus. Hoy nos centraremos en el caótico comienzo de curso en las enseñanzas no universitarias.

Todos nuestros políticos, sean del color que sean -de la ministra de Educación al consejero de la Junta de Andalucía- han hecho solemnes declaraciones sobre la importancia de la educación presencial, para lograr la mejor formación de los niños y los jóvenes. Metidos a argumentar a favor del retorno masivo a la educación presencial, también han deslizado la necesidad de llevar al alumnado a las aulas para que sus padres dispongan de tiempo para ir a trabajar. Sin embargo, a pesar de la importancia teórica que dan nuestros políticos a la educación, sus palabras no han ido acompañadas de un esfuerzo presupuestario que permitiera reducir al mínimo los riesgos que conlleva la convivencia en espacios cerrados durante varias horas al día de grupos humanos que duplican o triplican los grupos que se pueden reunir un rato en una terraza al aire libre.

No se ha contratado al personal suficiente para desdoblar grupos, ni se han habilitado espacios suficientes para reducir los grupos educativos a las 10 personas por aula, grupo máximo que se pueden reunir en el exterior (en algunas comunidades se ha reducido a seis). Tampoco se han organizado soluciones claras para gestionar los espacios y servicios comunes (transporte escolar, comedores, aseos, patios, pasillos, bibliotecas...). Muy bonitas palabras que no van acompañadas del esfuerzo presupuestario necesario para hacer la educación presencial una actividad segura. Tampoco es que sea algo exclusivo de la educación. En el ámbito sanitario más de lo mismo. Desde las últimas fases de la desescalada los políticos y los científicos avisaron de la importancia de reforzar la atención primaria y de contar con suficientes rastreadores. Y ¿qué ha pasado?..., pues nada. Los políticos corrieron para que abriera el sector turístico y se olvidaron de la atención primaria y de los rastreadores. Y las prisas por desescalar y la falta de diligencia en la contratación de lo que ya se sabía que era necesario nos ha traído hasta aquí: con la pandemia en situación de transmisión comunitaria en muchas zonas del país, incluida Málaga, y con los centros educativos abiertos para una enseñanza presencial que puede acelerar el ritmo de contagios en las próximas semanas.

Dicen también nuestros políticos para tranquilizar a la ciudadanía que el riesgo cero no existe y que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus y es cierto. Pero no es menos cierto que el riesgo de contagio o de transmisión comunitaria (contagio y transmisión son sinónimos por si no lo saben los responsables de la Junta de Andalucía) se multiplica exponencialmente si no se toman las medidas adecuadas para frenar la transmisión. Reforzar la atención primaria, contratar rastreadores, contratar profesorado y personal auxiliar y establecer soluciones para los servicios comunes en los centros educativos eran actuaciones que ya se deberían haber acometido para acercar el riesgo a cero, comenzar la enseñanza presencial sin las medidas citadas nos aleja del riesgo cero y nos aboca a una situación que puede ser muy grave en las próximas semanas o meses.

En el ámbito educativo habría que reforzar mucho más las plantillas docentes (es posible que hubiera que habido que duplicarlas para reducir a la mitad el número de personas que comparten el aula. Los refuerzos educativos que han recibido los centros se alejan mucho, muchísimo de esos números. Para muestra un botón. Un instituto de la provincia con un claustro de más de 90 profesores y más de 1300 alumnos ha recibido el apoyo de tres docentes con contrato sólo hasta el mes de diciembre. Un refuerzo cosmético que no permite organizar el curso ni siquiera contando con ese raquítico refuerzo que, posiblemente, en enero no siga en su puesto.

Los políticos han dedicado más de cuatro meses a emitir un fárrago de instrucciones, protocolos y normativas, en muchas ocasiones contradictorias entre si y en pasar la responsabilidad de organizar el comienzo de curso a los claustros y a las direcciones de los centros educativos; pero sin darles los recursos necesarios para organizar una vuelta presencial a las aulas segura. Dicen que ya han nombrado responsables Covid19 en todos los centros y que también hay un ATS en cada zona sanitaria encargado de coordinar a los responsables de los centros (es posible que en algunas zonas sanitarias haya más de uno, pero de momento, no lo he podido confirmar). Un ejemplo con el mismo instituto que mencionábamos antes: el responsable tendrá que compatibilizar su trabajo docente con el seguimiento diario de más de 1000 alumnos; teniéndose que poner en contacto con las familias de todos los niños que falten al aula para saber los motivos. Y el ATS o los ATS que se encarga/encargan de la coordinación, como si no tuvieran suficiente con su trabajo ordinario en el centro de salud, tendrán que recibir esos datos… y los que les faciliten el resto de centros educativos en el área sanitaria. Pongamos que el Instituto está en una localidad cabecera de comarca, en la que hay 3 Institutos, 8 colegios públicos y 6 colegios concertados: 17 centros educativos en total. Sin comentarios.

Empeñados como están en que la vuelta a clase sea presencial si o si; a toda costa y con el menor desembolso económico posible; no sería raro que, antes de que finalice el primer trimestre, los focos de contagio se disparen en el ámbito educativo y que haya que volver a la enseñanza “on line” y una vez más les pille con el pie cambiado: sin haber corregido los problemas pedagógicos y de recursos que tuvieron que afrontar docentes y alumnado durante el confinamiento. Ni siquiera está claro que hayan solucionado los problemas técnicos que bloqueaban la plataforma educativa pública en los meses de abril, mayo y junio. Un auténtico despropósito.

A los políticos solo les preocupa abrir cuanto antes la economía. Y de ahí las prisas en la desescalada y en la reapertura “normal” de los centros educativos para que los padres puedan ir a trabajar. Sin embargo, las prisas no son buenas consejeras y ya deberían haber aprendido que la apertura precipitada del sector turístico en junio, no ha traído los turistas necesarios para mantener el sector. Antes al contrario, la velocidad en la reapertura sólo ha servido para colocarnos a la cabeza de Europa al comienzo de la segunda ola de la pandemia y a extender en el extranjero una imagen de zona poca segura que, finalmente, supondrá un lastre para la reactivación del sector turístico del que depende en exceso una economía como la malagueña.

A pesar de la evidencia del error que supuso esa desescalada acelerada, los políticos no asumen los errores y pretenden centrar el foco de la responsabilidad en la población que, según ellos, ha actuado de manera irresponsable. Les encanta echar las culpas de sus actos, de sus tropezones, a terceros. Algo parecido ha ocurrido con la decisión de abrir los centros educativos a la enseñanza presencial sin haber realizado las inversiones necesarias y sin tener en cuenta la preocupante situación epidemiológica que afronta todo el país y también Málaga. La misma Junta reconocía a finales del mes de agosto que en Málaga había una situación de transmisión comunitaria (o contagio comunitario, al fin de cuentas son sinónimos, aunque los responsables de la Junta no lo sepan o no lo quieran saber).

Pero nada cambia el rumbo de unos políticos, expertos en dictar órdenes y contraórdenes y en derivar la responsabilidad a terceros. Así han encomendado a los equipos directivos de los centros la tarea de diseñar un regreso seguro y saludable a las aulas, sin apoyo de expertos en salud pública y sin los recursos económicos necesarios para reducir significativamente los riesgos. Desde que se adoptó la decisión de la vuelta presencial a las aulas, la situación epidemiológica del país ha empeorado, pero su decisión parece inalterable. Es más, cuando muchas familias han mostrado su preocupación y han anunciado que no llevarán a sus hijos a la escuela; en lugar de hablar con ellos y de modular la vuelta al colegio, han recurrido a la vía punitiva amenazando a los padres con denunciarles ante la fiscalía de menores. Porque hay medidas que permitirían un acceso diferenciado y escalonado, pero todas ellas requieren una mayor inversión en el ámbito educativo y los políticos no parecen dispuestos a hacer ese esfuerzo, a pesar de que se les llena la boca a la hora de proclamar la importancia de la educación para los niños y para el conjunto de la sociedad.

No hay que ser un genio para diseñar una vuelta a las aulas mucho más segura que la que defienden los políticos. La sección sindical de docentes no universitarios del Sindicato de Apoyo Mutuo (SiAM) planteó a mediados de agosto una propuesta de partida mucho más sensata (AQUÍ), cuando la situación epidemiológica no era tan alarmante como ahora. Hay que reseñar que SiAM, el sindicato en el que milito, es una organización pequeña que no cuenta con la legión de asesores y asesoras de la que disponen el ministerio y las consejerías de Educación de las distintas comunidades autónomas.

Pero los políticos siguen a lo suyo, a pisar el acelerador hacía el abismo, mientras buscan chivos expiatorios a los que responsabilizar de su incompetencia: la forma de vida de los migrantes, los docentes que no quieren trabajar (manda güevos), los padres que no lleven a sus hijos al colegio, los ciudadanos irresponsables que no han hecho caso de las recomendaciones…, cualquiera menos ellos. No voy a negar que un pequeño porcentaje de la población (¿el 10 o el 20%?) no ha sido todo lo responsable que hubiera debido, pero el 80-90, puede que más, ha seguido disciplinadamente todas las recomendaciones. Si entre la clase política hubiera un porcentaje similar de responsables/irresponsables que entre la población, otro gallo nos cantaría.

Para finalizar, me voy a permitir reproducir el último punto del comunicado de SiAM, porque creo que denuncia correctamente la necesaria asunción de responsabilidades de los políticos por las decisiones que toman: “Sin más espacio y más personal docente y no docente que permita ejercer la labor educativa no es posible acometer un curso presencial de forma segura. Por más que lo repitan los consejeros y la ministra de Educación...en esas condiciones no hay seguridad y hay muchos riesgos de que los centros tengan que cerrar paulatinamente dos o tres semanas después de abrir. Si esos riesgos se concretan... ¿se harán responsables los políticos de sus actuales decisiones?”.

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