Ayuntamiento de Marbella, Junta de Andalucía, Gobierno de la Nación y el Decano del Colegio de Abogados, unidos contra los ciudadanos y profesionales de la Justicia

OPINIÓN. Bajo las alcantarillas. Por Manuel Fernández Valdivia
Empresario de San Pedro Alcántara

28/11/17. Opinión. El empresario de San Pedro de Alcántara Manuel F. Valdivia recoge en su habitual artículo para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com la futura ubicación de los juzgados de Marbella. Este nuevo emplazamiento estará en una construcción en las afueras, según Valdivia en un edificio “ilegal que construyó el entramado malayo junto al propio ex gerente de Urbanismo municipal a las órdenes de Jesús Gil...

...Juan Antonio Roca”. El Decado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, defiende también este traslado “atendiendo a criterios personales que no han sido refrendados por sus colegiados en asamblea alguna” según el autor. Añade que todos los abogados consultados previamente coinciden en que la nueva ubicación es “una barbaridad”.

Juzgados de Marbella: Una guerra entre indolentes

A conciencia, porque no se puede decir de otra forma, los políticos nos venden una Justicia que a duras penas es tal. Como en el caso de la Sanidad, estos trabajadores están muy por encima de sus jefes directos y los gobernantes de los que dependen. Falta de medios materiales, personal, responsables elegidos a dedo, e incluso algún representante del colectivo de la abogacía, más interesado en hacer campaña personal que en el bienestar de sus representados y de la ciudadanía en general. Una justicia lenta y sin medios siempre beneficia a los mismos: ricos y poderosos que pueden permitirse el lujo de largos procedimientos en los que la Administración de Justicia, muchas veces, al final solo puede archivar los casos denunciados por un puñado de valientes, o dar la razón a quien mejor defensa se ha podido pagar durante los meses o años que tarda en salir la sentencia firme de un procedimiento. Si nos centramos en Marbella, en la que, a pesar de todo, la corrupción y las mafias campan a sus anchas, necesitamos un regimiento de jueces incorruptibles. Jueces que no se fíen de nadie y escondan de la vista de todos, sus intenciones, como Don Miguel Ángel Torres hizo con el Caso Malaya. Solo así podrá iniciarse una verdadera limpieza del crimen que nos rodea y que pocos quieren ver.

PERO no es más cierto que, visto lo visto, los agentes que deberían velar por conseguir una mejor Administración de Justicia, son los primeros que desean boicotear este básico servicio público. En España, nunca tendremos una sanidad, educación, seguridad o empleo de calidad, mientras no solucionemos el problema de la Justicia. Porque en la ley está la solución, pero no puede aplicarse convenientemente, ya que los políticos no hacen nada para que la maquinaria judicial funcione como debería en pleno Siglo XXI.

AHORA nos sale la flamante y a la vez vetusta alcaldesa de Marbella, defendiendo la instalación de los nuevos y necesarios juzgados, en un edificio ilegal que construyó el entramado malayo junto al propio ex gerente de Urbanismo municipal a las órdenes de Jesús Gil, Juan Antonio Roca. La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ya ha adelantado que en el municipio no existe actualmente un equipamiento apropiado para la ubicación de la que debería ser “ciudad de la Justicia” de Marbella. Si bien es cierto que, tendrá que pronunciarse nuevamente ante este último ofrecimiento. El actual Equipo de Gobierno, presidido por el Partido Popular con el apoyo de Opción Sampedreña (OSP), pretende alejar estas instalaciones, a 21 kilómetros de distancia de San Pedro Alcántara, más de 27 kilómetros de Benahavís, 26 de Istán y 13 de Ojén.




A estos dos partidos políticos, se ha unido el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Atendiendo a criterios personales que no han sido refrendados por sus colegiados en asamblea alguna, se ha lanzado a defender lo que para todos los abogados consultados antes de escribir estas líneas, es una barbaridad, tanto para el colectivo de letrados ejercientes en los municipios de Marbella, Benahavís, Ojén e Istán; procuradores; empleados públicos, como, evidentemente, para los ciudadanos que tendrán que desplazarse a grandes distancias, a un edificio edificado fuera del casco urbano, sin aparcamiento público, sin cafeterías, restaurantes o una simple tienda de reprografía. Recordemos el desastre diario que deben sufrir enfermos, familiares y amigos de estos, cuando tienen que visitar las instalaciones del Hospital Costa del Sol, situado a pocos metros de estas pretendidas instalaciones judiciales.

PERO lo más tremendo del caso, es que el lugar donde se pretenden situar los máximos órganos judiciales de Marbella, sea una construcción, no solo ilegal, sino que por efecto precisamente del ordenamiento legislativo vigente, unido a las sentencias dictadas en referencia a este tipo de edificaciones, imposible de legalizar. ¿Qué ejemplo estarían dando las autoridades (y el Decano del ICA Málaga), permitiendo esta barbaridad? ¿Qué intereses están detrás de esta operación? ¿A caso el Sr. Javier Lara está tan ciego que no entiende este ofrecimiento a la Junta por parte de Ángeles Muñoz (PP), para disponer de otro elemento de discusión que vender al público en unas próximas elecciones? Independientemente de que los actos de la administración autónoma sean más que reprobable ante la falta de soluciones que ofrece en este y otros muchos asuntos. Esperemos que esta salida de tono, no haya estado aconsejada por el número uno de VOX en las pasadas elecciones municipales por Málaga. A la sazón, hermano del Decano. O el peloteo que se trae con el Partido Popular y, concretamente con Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, al que no falta un momento en el que no dedique palabras de elogio allá donde se presentan juntos.

ENTRE todos la mataron y ella sola se murió. Así está la Justicia en este país y, concretamente, en uno de los nidos de corrupción y mafias más activo que tenemos. Con semejantes salvadores, no necesitamos exterminadores.

POR cierto, señora Muñoz y señor Lara, ese convenio que han firmado entre Ayuntamiento de Marbella y el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, para el asesoramiento de personas afectadas por procesos de desahucio, solo llega con 10 años de retraso. Pero bueno, más vale tarde, o tardísimo, como en este caso, que nunca.

PUEDE ver aquí anteriores artículos de Manuel F. Valdivia:
-06/11/17 155 a la prensa
-23/10/17 “Tramatorio” San Pedro Alcántara
- 09/10/17 Curso práctico de urbanismo en Marbella
- 25/09/17 Acuerdo de gobierno en Marbella PP-OSP
- 11/09/17 Sisu 0 - Starlite 1. El final del partido ha dado como vencedores a los de Maluquer