“Ciudadanos, Fiscalía, SEPRONA y juzgados entran en juego”

OPINIÓN. Bajo las alcantarillas
Por Manuel Fernández Valdivia. Empresario de San Pedro Alcántara

24/09/19. Opinión. El empresario Manuel Fernández Valdivia, en su habitual colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, explica la denuncia que hay presentada contra el Ayuntamiento de Marbella por los vertidos de basura que operarios del propio Ayuntamiento realizan en parajes naturales de la localidad, dándose la circunstancia de que tanto la alcaldesa como concejales son conocedores de...

...estos hechos.

Marbella continúa generando vertidos ilegales

Con algunas campañas publicitarias, como otros, el Ayuntamiento de Marbella ha intentado concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de comportamientos cívicos, unidos a la ecología y los buenos usos respecto de los viales públicos, la recogida de basuras y el respeto de los espacios naturales, pero lo único que han conseguido es enriquecer a las agencias y empresas que han estado tras esos planes. El mejor mensaje que podrían lanzar desde el consistorio es el dar ejemplo. Ese ejemplo que, como son quienes mandan, olvidan ejercer. Ellos entienden estar siempre por encima de la legalidad. Hasta que un día, los ciudadanos se hartan e inicia por su cuenta campañas de limpieza (AQUÍ) y denuncia (AQUÍ) sobre la situación real que viven a diario los espacios públicos del municipio.

Como resultado de la dejadez y malas prácticas de los diferentes equipos de gobierno sufridos hasta ahora, llega una denuncia que la Fiscalía Provincial de Málaga, especialista en delitos contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción Decano de Marbella, para que se tramiten las pertinentes diligencias previas, por si los hechos ya investigados pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente o cualquier otra infracción penal.


El pasado 5 de septiembre, Marbella Confidencial (AQUÍ) se hacía eco en exclusiva de la denuncia iniciada por varios ciudadanos, ante los vertidos de todo tipo de basuras que operarios del Ayuntamiento de Marbella realizaban en una parcela situada en el camino de Las Medranas, como antes tras el Mercadona de la localidad o, actualmente, en una parcela municipal contigua a la ITV de San Pedro Alcántara. Además de los hechos relatados, han sido fundamentales para la continuidad de la denuncia, las fotografías y vídeos aportados, en los que se puede ver cómo operarios del Ayuntamiento de Marbella e incluso una empresa local, realizaban vertidos incontrolados en el mencionado paraje natural, circundado por el arroyo del Chopo y el pantano de Las Medranas. Restos de poda, electrodomésticos, mobiliario, escombros, vehículos calcinados, plásticos y vidrios son algunos de los desperdicios urbanos que el mismo Ayuntamiento de Marbella regala al medio ambiente. Por si no tuviésemos suficiente con los vertidos de aguas fecales que padecen nuestras playas.

Otro de los puntales en los que se apoya la denuncia, está sujeto a los informes (AQUÍ) del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), remitidos al fiscal Fernando Benítez Pérez-Fajardo el 11 de julio pasado, de los “que se deduce que los vertidos denunciados constituyen, en realidad, una estación de transferencia de residuos ilegal, que no dispone ni cumple con las más mínimas medidas en materia de seguridad o medio ambiental, no habiendo el Ayuntamiento adoptado medida alguna frente a las diversas denuncias interpuestas en los últimos años”.

Se da la circunstancia, además, de que tanto la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz Uriol; los anteriores concejales delegados de Limpieza Pública y de Medio Ambiente, Diego López Márquez y Manuel Miguel Cardeña Gómez; junto al propio ex segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella y presidente de distrito de San Pedro Alcántara, Rafael Piña Troyano, eran conocedores de estos hechos. En la denuncia se prueba esta circunstancia mediante el aporte del acta y el vídeo del pleno municipal ordinario, celebrado el 26 de noviembre de 2018, en el que la ex concejala de Marbella Sí Se Puede (Podemos), Victoria Mendiola, expuso ante la corporación municipal la existencia de estos vertidos, respondiendo sobre los mismos el aun concejal de Opción Sampedreña, Rafael Piña Troyano.


El juzgado de instrucción de Marbella al que por turno corresponda continuar con las actuaciones, deberá tener en cuenta que esta actividad permitida por el Ayuntamiento de Marbella, es decir, la creación o instalación de una "Estación de Transferencia de Residuos Urbanos y Asimilables", tuvo que ser sometida al procedimiento de calificación ambiental, regulada en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el anexo I de la Ley 7/2007, modificado por el decreto 356/2010, de 3 de agosto. Entre otras disposiciones, también eran de aplicación la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en tanto considera grave el depósito ilegal de residuos, así como el real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Por otra parte, los políticos y técnicos implicados, obviaron los términos del artículo 329 del Código Penal, en el que se enuncia la responsabilidad de la o las autoridades o funcionarios públicos que hayan autorizado, como es evidentemente en este caso, el funcionamiento de actividades contaminantes, hayan omitido su inspección, o que con motivo de sus inspecciones, y a sabiendas de su existencia, hubiesen silenciado el incumplimiento de las leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulan. También los artículos 404, 405 y 406, en cuanto a comportamientos injustos tipificados en el Código Penal, así como los artículos 407, 408 y 409, también del Código Penal, en lo referente a la omisión del deber de perseguir delitos.

La parcela denunciada carecía de autorización formal por parte de las autoridades municipales y/o autonómicas; no disponía de protección de lixiviados que impidiera el vertido de químicos orgánicos o inorgánicos que contaminen el terreno y acuíferos subterráneos y superficiales cercanos; carecía de dispositivos de vigilancia; no presentaba mecanismos anti incendios; no existía una zona o servidumbre de protección alrededor de la parcela; albergaba contenedores industriales e incluso una máquina excavadora de gran tonelaje sin medidas de protección y conteniendo en su interior material inflamable como es el gasoil; se encontraban entre los vertidos, electrodomésticos de todo tipo, enseres domésticos inflamables, restos de poda sin control fitosanitario, etc. Por último, la finca no se encontraba completamente acotada, provocando y facilitando el vertido de residuos por parte de particulares y empresas que también descargaban en la citada parcela y alrededores, provocando un peligroso efecto llamada.

Tarde, porque estas denuncias se vienen dando desde 2017, pero finalmente parece que la justicia actúa ante la insistencia, como siempre, de ciudadanos comprometidos con su pueblo y el medio ambiente.

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