EL OBSERVADOR ofrece las 1.205 páginas de la sentencia integra AQUÍ. Incluye el voto particular de las dos magistradas en desacuerdo

OPINIÓN. Charlas con Nadie

Por Manuel Camas
. Abogado

20/09/22.
Opinión. El conocido abogado Manuel Camas escribe su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre los posibles indultos del caso de los ERE de Andalucía: “La concesión del indulto deberá resolverse caso por caso, es legítimo pedirlo, honorable apoyarlo por quien crea que hay razones para hacerlo, de justicia, de equidad, de orden público o simplemente humanitarias,...

...una cuestión política compleja para el Gobierno y su Ministra de Justicia, que en todo caso solamente pueden resolver conforme a la Ley”.

EL OBSERVADOR ofrece la lectura integra de las 1.205 páginas de la sentencia de los ERE AQUÍ. Incluye el voto particular de las dos magistradas en desacuerdo.


Indultos

Tras hacerse público el contenido de la llamada sentencia de los ERE, se ha conocido casi simultáneamente la intención de pedir el indulto parcial por parte de algunos de los condenados o sus familias, con la finalidad de evitar el ingreso en prisión.


Inmediatamente se ha dividido, por enésima vez, la sociedad española, siguiendo las líneas del reparto de influencia política de los partidos, restando así cualquier posibilidad de conversación sobre el asunto, cualquier posibilidad de razonar o dialogar.

Dice José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores: que vamos otra vez hacia las dos Españas, lo dice en el contexto de una entrevista sobre su Biblioteca y sus lecturas, en el marco de la próxima publicación de un libro escrito con su amigo y consejero del Banco de España, Fernando Eguizadu. Dice la entrevistadora, Eva Baroja en El País, el pasado 8 de septiembre: <A ellos no les interesa saber el cuándo. Les obsesiona el cómo y el por qué. Cómo recuperar el espíritu de la Transición y por qué la polarización produce una herida cada vez más difícil de cicatrizar. “Es fruto de una reflexión sobre cuáles son los problemas a los que nos vamos a enfrentar en el futuro y por qué estamos otra vez en vísperas de la división de las dos Españas”>.

No sé si lo que se suele circunscribir a una forma de ser de los españoles, realmente se corresponde con una tendencia global.

Obviamente aquí tendrá los matices que entre nosotros queramos ponerle, fruto de nuestra historia, de nuestra situación social, cultural, económica, geográfica. Todos esos factores, trascendentes a lo largo de la historia, la globalización los ha convertido efectivamente en meros matices, insignificantes ante los grandes sunamis mundiales; la autarquía resulta imposible, hasta en las formas de ser de los pueblos. Aire, aunque a veces no sea respirable.

El discurso del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Filadelfia, el pasado 1 de septiembre, nos remueve toda tranquilidad:

<Demasiado de lo que está sucediendo en nuestro país hoy en día no es normal. Donald Trump y los republicanos MAGA [siglas en inglés de Hacer grande a América de nuevo] representan un extremismo que amenaza los cimientos de nuestra república... Los republicanos MAGA no respetan la Constitución. No creen en el Estado de derecho. No reconocen la voluntad del pueblo. Se niegan a aceptar los resultados de unas elecciones libres, y están trabajando ahora mismo mientras hablo en un Estado tras otro para dar el poder de decidir las elecciones en Estados Unidos a partidistas y compinches, empoderando a los negacionistas de las elecciones para socavar la propia democracia>.

La fórmula de Biden, según Giovanni Capoccia, profesor de Política en la Universidad de Oxford, es llamar a todos los que se preocupan por la democracia a defenderla, ejerciendo sus derechos de participación electoral y de libre expresión (“speak out, speak up, vote, vote, vote” [” expresaos, hablad más alto, votad, votad, votad”]).

Al otro lado del Atlántico debe ser también la fórmula contra los extremismos estremecedores de la extrema derecha, expresarnos, hablar y votar. No es tranquilizador lo ocurrido en las elecciones suecas.

Esa, a mi juicio, debía ser la gran línea divisora que dejase, en un lado a los que podemos hablar de todo, porque lo hacemos desde el respeto a los demás, aceptando la convivencia con  los que piensan diferente, dentro de las reglas de juego pactadas en nuestra Constitución y nuestras leyes, modificables según sus propios mecanismos; el resto son los que pretenden excluir a los que piensan diferente, acabar realmente con la libertad, imponiéndonos formas de ser españoles, europeos, los del <America First> que en cada lugar toque, a los que finalmente sobramos casi todos.


En España, conforme al art 62 i) de la Constitución, el derecho de gracia (indulto) corresponde al Rey, con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.

Como corresponde a un estado democrático y a una monarquía parlamentaria los actos del Rey son refrendados por el Presidente del Gobierno y en su caso por los Ministros competentes.

De acuerdo con la Ley de 18 junio de 1870 estableciendo las reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por Ley 1/1988 de 14 de enero, los reos de toda clase de delito pueden ser indultados, de acuerdo a las disposiciones de la Ley, de todo o parte de la pena. Se exceptúa a los que no estuvieran condenados por sentencia firme, los que no estuvieran a disposición del Tribunal sentenciador, a los reincidentes.

El indulto podrá ser total o parcial.
Será indulto total la remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente.
Será indulto parcial la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas en que hubiese incurrido y no hubiese cumplido todavía el delincuente.
Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas al delincuente en otras menos graves.

El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.
En los demás casos se concederá tan sólo el parcial, y con preferencia la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave dentro de la misma escala gradual.

La sentencia declara en su Fallo:

<CONDENAMOS a los siguientes acusados, como autores de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, agravado por su especial gravedad, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las siguientes penas: (…) a la pena de (…)  años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos, o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. Imponiéndole el pago de 2/37 partes de las costas procesales causadas, excluidas las de las acusaciones populares.>

Para los condenados, expresidentes de la Junta de Andalucía, exconsejeros, exministros, el proceso ya supuso la muerte civil por la vía de hecho, durante los muchos años que ha durado la instrucción y enjuiciamiento de la causa, la sentencia confirma la pérdida de derechos ciudadanos durante muchísimos años más, la condición inevitable de condenados, la ruina económica indudable de personas a las que nadie imputa ninguna clase de enriquecimiento personal.

La sentencia es firme y jurídicamente inatacable, salvo que el Tribunal Constitucional determine que vulnera derechos fundamentales, lo que apunta parte de la propia sala del Tribunal Supremo en su voto particular, en contra de la condena por malversación que es la que acarrea penas de prisión.

Es una pena que el Tribunal Supremo no haya encontrado la fórmula de dictar un fallo incontrovertible, que negase toda justificación al debate. Todos perdemos, el Tribunal Supremo también.

Se trata ahora de resolver si hay motivos para concederles, pese a la condena y su condición de reos, la gracia de no ingresar en prisión.

La concesión del indulto deberá resolverse caso por caso, es legítimo pedirlo, honorable apoyarlo por quien crea que hay razones para hacerlo, de justicia, de equidad, de orden público o simplemente humanitarias, una cuestión política compleja para el Gobierno y su Ministra de Justicia, que en todo caso solamente pueden resolver conforme a la Ley.

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