“Según la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía esas 5.591 personas ahorrarán 34,6 millones de euros, cada año, por la supresión práctica del Impuesto; suponiendo pudiese hacerse una media, se ahorrarán aproximadamente 6.200 cada uno”

OPINIÓN. Charlas con Nadie

Por Manuel Camas
. Abogado

27/09/22.
Opinión. El conocido abogado Manuel Camas escribe su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre el Impuesto sobre el Patrimonio: “En la situación económica actual, con la desigualdad en aumento, la inflación disparada y todos los organismos internacionales competentes llamando a hacer lo contrario, este tipo de medidas tienen explicación, pero es una...

...explicación muy mala”.

Patrimonio

El patrimonio de una persona, según define el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, es el conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título.


También nos define el patrimonio neto como la diferencia entre los valores económicos y las deudas u obligaciones contraídas.

No está mal, aunque sea evidente, que empecemos por tener claro de lo que estamos hablando en estos días de tanto barullo respecto del Impuesto sobre el Patrimonio.

El Impuesto sobre el Patrimonio es escasamente conocido porque afecta a muy pocos contribuyentes; en Málaga, sobre más de setecientas mil liquidaciones de IRPF (729.257 según los datos publicados por la Agencia Tributaria referidos a 2020), solamente hay 5.591 declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio.

La Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establece que el Impuesto grava el patrimonio neto de la persona física, entendido como el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

Teniendo en cuenta: que no computa, por estar exenta, la vivienda habitual hasta 300.000 euros, el principal y para la gran mayoría único activo; que se valora deduciendo por ejemplo la hipoteca, que el valor que se considera en general es el catastral: y que los primeros 700.000 euros de patrimonio no están gravados, se entenderá por qué en Málaga solamente declaran patrimonio 5.591 personas.

Según la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía esas 5.591 personas ahorrarán 34,6 millones de euros, cada año, por la supresión práctica del Impuesto; suponiendo pudiese hacerse una media, se ahorrarán aproximadamente 6.200 € cada uno de esos contribuyentes, cuanto más tengan más ahorrarán.

La rebaja del IRPF sin embargo supondrá un ahorro de 26,2 millones de euros, y además repartidos entre 729.257 declarantes, lo que nos da una media de casi 37 euros por persona y año. Si a eso sumamos que también ahorraremos, por la supresión del canon del agua, otros  25,7 millones cada año (1 euro por recibo mensual de agua, 12 euros/año), importe destinado a infraestructuras de depuración y saneamiento, en plena crisis climática y de sostenibilidad, los ciudadanos y ciudadanos <normales>, los que no declaramos patrimonio, nos beneficiaremos de una rebaja que no llega a 50euros en total, al año, frente a los más de 6.000 de media de los pocos que sí tienen patrimonio.


Por eso el titular que facilitaba el Gobierno andaluz, <Los malagueños se ahorrarán 86,5 millones de euros en impuestos con la rebaja fiscal andaluza> creo que puede calificarse de tendencioso, lleva a engaño, oculta la desigualdad brutal del reparto.

Pensar que vamos a hacer atractivo un cambio de residencia a Málaga, al menos a otras tantas 5.591 personas millonarias, con la oferta de que ahorrarán 6.000 euros al año en tributos, es sencillamente increíble, más aún teniendo como alternativa, todavía más barata, Madrid. Una sociedad más igualitaria, con mejores servicios públicos y por ello más estable y segura, parece bastante más atractiva para las grandes fortunas.

Quizás para encontrar el contexto preciso de las cosas debamos volver a su origen.

El debate sobre el Impuesto del Patrimonio de produce en las Cortes en 1977, antes de la Constitución (1978), Gobierna UCD con una crisis económica por la subida de los precios de los combustibles que ha generado una altísima inflación, nos suena.

El Ministro de Hacienda es Fernández Ordóñez y el titular de su intervención en el Congreso es <La reforma fiscal, necesaria para reorientar la sociedad española>.

No me resisto a dejar de traer aquí algunos párrafos de sus intervenciones, que creo muy clarificadoras:

<La reforma fiscal no es en una superestructura de lujo, no es un mecanismo de cosmética social. Es simplemente una parte del cambio institucional necesario para reorientar la sociedad española. La experiencia demuestra que no puede existir una sociedad pluralista en el siglo XX sin un sistema tributario que haya sido aceptado libremente y que permita distribuir las cargas públicas con arreglo a los juicios de valor vigentes en la colectividad.>

En cuanto a las razones de orden ético se refirió a los sectores que han juzgado inoportuna esta reforma una vez más. <Pero cuando se va a exigir al país -añadió- un sacrificio considerable para equilibrar su economía; cuando el saneamiento financiero reclama un mayor esfuerzo fiscal en casi un punto en relación con el producto interior bruto, lo que significa 100.000 millones de pesetas adicionales; cuando el instrumento tributario tiene que funcionar a pleno rendimiento para lograrlo, había que explicitar una opción política que indicara claramente al país hasta qué punto la vieja y castiza regla de que pague más, el que más tenga iba a ser la regla de oro de la nueva Hacienda española.>

También dijo que los países más avanzados y prósperos no son aquellos donde el fraude fiscal ha devastado la conciencia pública, y afirmó que la reforma presentada, a fines de 1977, es la misma que muchos años antes se ha llevado a cabo en todos los países de nuestro contexto geográfico y político.

Resaltó las figuras inéditas en nuestro sistema fiscal que introduce esta ley, tales como el Impuesto sobre el patrimonio neto o el incentivo fiscal a la creación de puestos de trabajo, y asimismo se refirió a la creación del delito fiscal y atacar el fraude fiscal empezando por asumir el hecho de su extensión generalizada en la sociedad española.

No creo que una guerra fiscal entre Comunidades Autónomas sea buena para España, desde luego imposible que lo sea para Andalucía, que no podrá competir nunca con la Comunidad de Madrid, tan beneficiada del efecto capitalidad.

España tiene una presión fiscal baja, comparada con los países de la Unión Europea, me parecerían mucho más interesante el debate sobre la oportunidad de las decisiones de gasto, medidas de eficiencia  la gestión y de rigor presupuestario, modernización administrativa, etc.

En la situación económica actual, con la desigualdad en aumento, la inflación disparada y todos los organismos internacionales competentes llamando a hacer lo contrario, este tipo de medidas tienen explicación, pero es una explicación muy mala.

Enhorabuena a los 5.591 afortunados, nunca mejor dicho.

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