“Se está tolerando en exceso la falta de neutralidad ideológica de algunos de sus miembros que no hacen el necesario esfuerzo por separar sus ideas políticas de la aplicación de las leyes al caso concreto”

OPINIÓN. Charlas con Nadie
Por Manuel Camas. Abogado

30/01/24. Opinión. El conocido abogado Manuel Camas escribe su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre los jueces: “Las audiencias, la Nacional, pero también las provinciales, tienen una enorme responsabilidad en evitar que la falta de esfuerzo en busca de la neutralidad ideológica arrastre a nuestra judicatura, que puede acabar, blanco y en botella, siendo muy perjudicada...

...en la alta consideración que se le debe tener y que se le tiene cuando se ciñe estrictamente a sus competencias constitucionales”.

Blanco

Blanco y en botella, cuando nos lo dicen lo primero que podemos pensar es que se trata de una botella de leche y muy probablemente acertaremos. Es una frase muy usada para indicar que algo está muy claro, que es evidente.

Creo que el magistrado García-Castellón acabará haciendo un gran servicio a la justicia de nuestro país, y pienso que sus actuaciones en el caso Tsunami, entre otros, resultan tan obvias que harán que por fin la propia judicatura reaccione, se está tolerando en exceso la falta de neutralidad ideológica de algunos de sus miembros que no hacen el necesario esfuerzo por separar sus ideas políticas de la aplicación de las leyes al caso concreto, con ello ponen en riesgo la imparcialidad.

Nuestra administración de justicia se siente atacada en su independencia, aunque está garantizada por las leyes de manera absoluta, esa sensación de agresión justifica a algunos para perder en ciertos casos la neutralidad ideológica tan necesaria en asuntos en los que se juzgan hechos con trascendencia política.

Las togas sacadas fuera de los tribunales es una imagen hiriente, lo he dicho siempre refiriéndome a la abogacía, nunca me pareció bien manifestarse con la toga que es un símbolo que solamente puede representar el poder que la Constitución nos otorga dentro del proceso, nunca fuera de él, en la calle somos ciudadanos, ni jueces ni letrados.

Las noticias de la instrucción del Sr. García-Castellón espero que sean corregidas dentro del procedimiento, bien porque el propio magistrado reconsidere sus decisiones y estime los recursos de reforma, bien porque sus decisiones sean revocadas en apelación.


Las audiencias, la Nacional, pero también las provinciales, tienen una enorme responsabilidad en evitar que la falta de esfuerzo en busca de la neutralidad ideológica arrastre a nuestra judicatura, que puede acabar, blanco y en botella, siendo muy perjudicada en la alta consideración que se le debe tener y que se le tiene cuando se ciñe estrictamente a sus competencias constitucionales.

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Ana Carmona, escribía en El País, el pasado 3 de enero, un artículo que recomiendo:
Estado de derecho y ‘lawfare’: manual de instrucciones. En el artículo sostiene que las hipotéticas responsabilidades por una guerra sucia judicial se deben sustanciar ante los órganos jurídicos competentes y no en comisiones parlamentarias de investigación. Preservar la separación de poderes así lo exige.

Estando de acuerdo con el artículo, una lectura desde otro punto de vista pone de relieve la imperiosa necesidad de que los órganos judiciales competentes actúen, he hecho mi vida participando de la Justicia, echo de menos esa reacción tan necesaria para preservar su independencia.

No puedo dejar de recordar una escena de la película Casablanca que me ha hecho reír desde niño y lo continúa haciendo cada vez que la veo.

- Con qué derecho me cierra usted el local, le dice Rick Blaine (Humphrey Bogart) al Capitán Louis Renault (Claude Rains)
- Qué escándalo, qué escándalo he descubierto que aquí se juega

Quizás dada la inmensa contaminación política existente en torno al enjuiciamiento de las personas que ejercen cargos públicos, debiera volverse a debatir si el delito de prevaricación, cuando afecte al ejercicio de responsabilidades públicas debería recaer sobre el Tribunal del Jurado.

El Tribunal del Jurado lleva funcionando en España cerca de treinta años de manera impecable, con escasísimas incidencias, es la forma de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia.

En su día el delito de prevaricación fue excluido de la competencia del Jurado, quizás fuera el momento de plantearse si la institución del Jurado pudiera ser útil para preservar a jueces y magistrados de los asuntos penales que hayan sido cometidos por cargos públicos y tengan por ello trascendencia directa en la política.

Ejemplos en derecho comparado tenemos abundantemente y el Jurado se ha ganado un prestigio indiscutible.

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