“El Ayuntamiento ejerció acciones penales contra 61 bomberos que fueron requeridos para suplir la ausencia de 1 solo bombero que tenía permiso oficial en el Centro Municipal de Emergencias, por un supuesto incumplimiento de los servicios mínimos, cuando ahora con la reducción de estos se carga de un plumazo 11 bomberos por guardia, de los cuales 5 corresponden a una dotación completa del principal parque de bomberos de la zona oeste”

OPINIÓN. Bomberos en lucha.
Por Encierro Bomberos de Málaga. @EncierroBombMlg

09/01/20. Opinión. Los Bomberos del Ayuntamiento de Málaga, que llevan ya tres años en huelga, hacen una reflexión en su colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la reducción por parte del Ayuntamiento de los servicios mínimos del cuerpo de Bomberos: “La reducción de los servicios mínimos –en mitad de una huelga- establecidos por el alcalde de Málaga...

...al inicio de la huelga del colectivo de Bomberos, ha vuelto a traspasar otra línea roja que tanto los profesionales del fuego como diferentes juristas consultados, nunca creyeron que osaría a cruzar, pues directamente convierte en papel mojado un decreto que es ley y prostituye la esencia fundamental de los valores que propugna nuestra Carta Magna”.

Bomberos. Los constitucionalistos

El Ayuntamiento de Málaga acaba de reducir a la mitad el número de bomberos de la zona más poblada de la ciudad, desdiciéndose de lo argumentado antes de las elecciones municipales, donde se comprometía a través de su programa electoral a todo lo contrario, con un aumento de la plantilla de hasta 122 bomberos.



Un incumplimiento de los servicios mínimos por parte del Ayuntamiento desde que prácticamente se inició la huelga le ha llevado a reducirlos como solución mágica, para sorpresa de todos. Adaptando a las circunstancias la frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros” podríamos ahora crear una similar para nuestro alcalde D. Francisco de la Torre con: “Estos son mis servicios mínimos, pero si los incumplo, tengo otros”, en una crítica sarcástica a la gestión que del conflicto de bomberos está haciendo nuestro máximo responsable.

La reducción de los servicios mínimos –en mitad de una huelga- establecidos por el alcalde de Málaga al inicio de la huelga del colectivo de Bomberos, ha vuelto a traspasar otra línea roja que tanto los profesionales del fuego como diferentes juristas consultados, nunca creyeron que osaría a cruzar, pues directamente convierte en papel mojado un decreto que es ley y prostituye la esencia fundamental de los valores que propugna nuestra Carta Magna, a la que tanto se aferran para otras cuestiones de índole más populista.


Y es que el 10 de marzo de 2017, D. Francisco de la Torre Prados dictó un Decreto de Servicios Mínimos amparándose en la legislación vigente e incluso sentencias del Tribunal Constitucional “con el fin de asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, así como preservar los bienes y derechos de terceros, pues el derecho de la Comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario del derecho de huelga” (texto que incluyen en el citado Decreto extraído de la Sentencia 5-11-81 del TC), apoyado también en un informe emitido por la propia Jefatura de Bomberos, en el que se establecía el personal mínimo de guardia que se consideraba suficiente para atender las necesidades ordinarias del Servicio.

Desde entonces han pasado casi 3 años y las circunstancias que condicionaron el Decreto de Servicios Mínimos –los riesgos- no han disminuido, sino más bien todo lo contrario, pues es por todos conocidos como ha aumentado la población, batiéndose records en la visita de turistas, la llegada de cruceros, el número de vuelos, así como los proyectos de construcción de grandes edificios; sin embargo ha sido constante el incumplimiento por parte de la administración de los citados “mínimos”, sin que hayan hecho algo por evitarlo.

Tampoco podemos olvidar como el Ayuntamiento ejerció acciones penales contra 61 bomberos que fueron requeridos para suplir la ausencia de 1 solo bombero que tenía permiso oficial en el Centro Municipal de Emergencias, por un supuesto incumplimiento de los servicios mínimos, cuando ahora con la reducción de estos se carga de un plumazo 11 bomberos por guardia, de los cuales 5 corresponden a una dotación completa del principal parque de bomberos de la zona oeste (parque de bomberos de Las Pirámides).


Todo esto, además, pone en cuestión el argumento jurídico por el que se incoaron acciones penales contra los funcionarios, y en entredicho la lealtad institucional de la propia asesoría jurídica y buena fe de nuestro alcalde al ejercer la superior dirección del personal al servicio de la administración municipal (art. 124.4.i. Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local), pues si por faltar un funcionario el jefe de Bomberos hizo un “informe demoledor” en el que resaltaba en negrita y mayúsculas “NO PUEDE GARANTIZARSE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MÁLAGA” (SIC), que ocurrirá ahora que el alcalde ha modificado el decreto quitando a 11 bomberos, avalado precisamente con un nuevo informe realizado por este mismo jefe, que no ve problema en que ahora, seamos menos. La conclusión a todo es que aquello no fue más que un acto de represalia contra un colectivo en huelga.


Retomando el asunto, nos encontramos pues, con la modificación de un decreto de forma unilateral, en el que por las evidencias queda demostrado que en ningún momento ha buscado el fin principal para el que se deben establecer unos servicios mínimos, que no es otro que garantizar la seguridad de los ciudadanos, poniendo en peligro la vida de estos sino la de los propios bomberos, que ahora cuentan con una dotación menos en las intervenciones diarias con todo lo que ello conlleva.

Todo esto nos produce una gran desazón, y lo que es peor, desconfianza en nuestros responsables políticos, y ya no solo como servidores públicos, sino también como cualquier otro ciudadano, ya que vemos como parecen estar por encima incluso de la que se supone que es la norma máxima del ordenamiento jurídico, la Constitución Española, pues en la misma se garantiza la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos, todo esto totalmente opuesto a la situación actual.

Y es que, cuando el cumplimiento de la Constitución Española o la aplicación de ésta se hace a medida, los constitucionalistas corren el riesgo de convertirse en constitucionalistos, y los administrados en víctimas y meros espectadores de tan lamentable espectáculo, que flaco favor hace a la sociedad española en general, y a los bomberos y ciudadanos de Málaga, en particular.

Puede leer aquí anteriores entregas de Encierro Bomberos:
- 19/12/19 ¿He sido yo?
- 05/12/19 Muerte por inanición en un servicio de emergencias
- 21/11/19 Las cosas de palacio, para bomberos, despacio
- 07/11/19 La realidad manipulada en bomberos (parte I)
- 24/10/19 Incendio institucional, bombero vocacional
- 10/10/19 Cuando se jubila un bombero, gana la banca
- 26/09/19 ¿Está el Ayuntamiento de Málaga exento de cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
- 12/09/19 Cerrado por vacaciones… con nocturnidad y alevosía
- 27/06/19 Los privilegios de quienes nos llaman privilegiados
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