“Hablar en Andalucía, sin tener resueltos sus problemas endémicos internos, de los privilegios de otras comunidades que han hecho sus deberes, no parece lo más razonable”

OPINIÓN. Viejos periódicos. Por Julio Fernández-Sanguino
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales

12/12/23. Opinión. Julio Fernández-Sanguino, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, escribe una nueva colaboración para EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com sobre la solidaridad económica entre comunidades autónomas: “Después del IRPF, el impuesto que más aporta a las arcas públicas es el IVA; sin embargo, la mitad de estos ingresos llegan a Madrid, ya que, como explican desde la Agencia...

...Tributaria, el elemento que se tiene en cuenta para atribuir los datos no es el consumo, sino el lugar en el que se encuentra la empresa u organismo”.

La solidaridad territorial en el 45 aniversario de la última Constitución española

Los medios de comunicación han resaltado recientemente que el presidente de la comunidad autónoma convierte a Andalucía en punta de lanza del PP contra lo que considera como los privilegios a Cataluña y agita el agravio frente a los catalanes, avisando de que no permitirá que los andaluces sean de segunda, centrándose en el dinero como plato fuerte de la pugna territorial.

En relación con esta última cuestión hay que hacer mención en primer lugar al Fondo de Compensación Interritorial. El Artículo 158 de la Constitución señala en su punto primero que “en los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español”.

Seguidamente, en el punto segundo se indica que “con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso”.

Poniendo como ejemplo el periodo 2014-2023, el total nacional de los fondos presupuestados asciende a unos 432 millones de euros anuales, destacándose que Andalucía siempre ha sido receptora de esos fondos desde su creación, con unas cifras anuales que se sitúan en unos 160 millones, 120 del Fondo de Compensación y 40 del Fondo Complementario.

Por otro lado, está establecido un Sistema de Financiación Autonómica basado en la recaudación de cada comunidad con todos los tributos que tienen cedidos: el tramo autonómico del IRPF, del IVA, impuestos especiales, sucesiones, impuestos sobre el juego, etc. Ahora bien, al haber mucha disparidad entre regiones, el sistema redistribuye y reduce las posibles diferencias entre unas y otras para que haya una situación igualitaria entre las zonas españolas más ricas y las más pobres.

Las comunidades que más aportan en la financiación autonómica son aquellas en las que entra más dinero porque recaudan más impuestos, pero una parte de ese dinero se traspasa a otras regiones de menor renta. En consecuencia, hay comunidades que reciben fondos y otras que son aportantes netas, ya que parte de su recaudación se destina a la financiación de las comunidades con menos ingresos tributarios. Madrid, Cataluña y Baleares aportan a la financiación de doce comunidades deficitarias, quedando al margen País Vasco y Navarra que están fuera de los datos expuestos al tener fiscalidad distinta al régimen común.

En el estudio de Fedea basado en los últimos datos de liquidación del sistema de financiación autonómica publicados por el Ministerio de Hacienda que corresponden al año 2019 se aprecia que para la financiación de 12 comunidades autónomas, Madrid destinó 6.000 millones de euros de su total recaudado, Cataluña aportó 2.070 millones y Baleares otros 462 millones. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la mayor parte de los ingresos de estas tres comunidades autónomas van destinados a Andalucía, que es la comunidad autónoma que más recibe en números absolutos.

Para tener una visión más ajustada de la realidad sobre qué comunidades autónomas están mejor financiadas una vez redistribuidos los ingresos, en Fedea se recoge igualmente el índice de financiación efectiva por habitante ajustado. Mientras que Madrid, Barcelona y Baleares superan ampliamente el 100%, Andalucía se situaba en un 73,40% con respeto a los ingresos tributarios y al compensarse con transferencias y fondos el total del índice de financiación efectiva no llega al promedio del 100%, situándose en el 95,9%.

Con el Sistema de Financiación Autonómica se ha procurado que no haya muchas diferencias en los servicios que pueden prestar las comunidades; pues, como se pone como ejemplo, de otra forma sería imposible que los colegios y hospitales andaluces se pareciesen ni de lejos a los madrileños o catalanes. Sin embargo, esto no parece que se vea en Andalucía con una sanidad y una educación bajo mínimos mientras que la red privada financiada con fondos públicos ha crecido de forma desmesurada en los últimos años como señalan algunos medios.

En el 45 aniversario de la actual Constitución, pues a muchos se les olvida que ha habido otras antes, parece que algunas comunidades no han hecho los deberes. Que Madrid baje los impuestos teniendo superávit parece razonable, pero no es de recibo, como coloquialmente se dice, que Andalucía los baje teniendo el porcentaje indicado de recaudación por habitante y que la diferencia se tenga que cubrir con fondos de otras comunidades.


Después del IRPF, el impuesto que más aporta a las arcas públicas es el IVA; sin embargo, la mitad de estos ingresos llegan a Madrid, ya que, como explican desde la Agencia Tributaria, el elemento que se tiene en cuenta para atribuir los datos no es el consumo, sino el lugar en el que se encuentra la empresa u organismo. Es decir, si una empresa que tiene su sede fiscal en Madrid fabrica un producto o presta un servicio y lo vende en distintas partes de España, el importe correspondiente al IVA se circunscribe únicamente a la región central.

No se aprecian comentarios por este hecho, mientras que profesionales y empresas domicilian su sede fiscal en Madrid en detrimento de los ingresos de la comunidad en que viven o donde se realizan los servicios o la actividad productiva, no dudando algunos de estos ciudadanos que se consideran responsables en criticar luego la carencia de prestaciones de su comunidad.

Conviene recordar que la financiación de las comunidades autónomas de régimen común se rige actualmente por la Ley 22/2009. Los ejes básicos al que se deben ajustar las comunidades son el refuerzo de las prestaciones del Estado del Bienestar, el incremento de la equidad y la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas, el aumento de la autonomía y la corresponsabilidad y la mejora de la dinámica y la estabilidad del sistema y de su capacidad de ajuste a las necesidades de los ciudadanos.

Además de los recursos mencionados, Andalucía recibe otros fondos, que dan lugar, en ocasiones, a que los dirigentes se saquen la foto correspondiente sin dar más explicaciones. Unos provienen del Estado por motivos diversos, como la aportación para las obras del metro de Málaga, y otros de la Unión Europea.

De estos últimos fondos habría mucho que hablar dadas las informaciones difundidas por los medios de comunicación. En unos casos, se denuncia que se no han ejecutado los fondos, como se desprende de las noticias del pasado agosto que señalaban que estaban pendientes 4.589 millones de euros de los Fondos Estructurales y de Inversiones del período 2014-2020, finalizando el 31 de diciembre de este año el plazo.

En otras ocasiones, los fondos se gastan en “fuegos artificiales”, como se puede ver en las noticias que están de actualidad sobre el Grammy de Sevilla y la Davis de Málaga, eventos en los que se han gastado 36 millones de euros, correspondiendo el 75% al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), una partida que según su base jurídica, tiene el objetivo de la "inversión en empleo" y la "cooperación territorial europea".

Estos casos van en sintonía con la pertinaz posición del PP en boicotear los fondos europeos, tanto en Bruselas como en España, donde la posición del partido es secundada por las comunidades en las que gobierna. Las últimas informaciones destacan que el PP boicotea la llegada de más de 300 millones en ayudas al autoconsumo eléctrico, encabezando esta cruzada Madrid y Andalucía, a las que les tocaban unos 80 millones para cada una.

Hablar en Andalucía, sin tener resueltos sus problemas endémicos internos, de los privilegios de otras comunidades que han hecho sus deberes, no parece lo más razonable, y más cuando Andalucía recibe fondos por el principio de solidaridad territorial. En cualquier comunidad, uno debe cuidar de su casa antes de criticar a otros vecinos.

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