Los obispos pueden contratar y despedir a su libre arbitrio a profesores pagados con el dinero de todos, que la iglesia católica sea sostenida económicamente por el erario y que, además, haya creado la Inmobiliaria Episcopal S. L. que empezó a funcionar en 1946 amparada en una ley franquista

OPINIÓN. Sin conclusiones. Por 
Antonio Álvarez de la Rosa
El escritor es un traductor

25/02/21. 
Opinión. El catedrático de Filología Francesa en la Universidad de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife Antonio Álvarez de la Rosa en su colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com escribe sobre el papel de la Iglesia católica en España: “La Iglesia católica en España es una organización privilegiada, entre otras razones históricas porque está amparada en un Concordato predemocrático...

...cuya vigencia no se puede entender, desde luego, sin la dejación, el silencio, el mirar para otro lado que han sostenido desde siempre demasiado destacados dirigentes del Partido Socialista que, desde 1982, llevan desaprovechando todas las ocasiones para denunciar el Concordato con la Santa Sede de 1953, modificado a la chita callando en 1979”.

Inmobiliaria Episcopal S. L.

Europa tiene una raíz cristiana, pero desde hace dos siglos también afianza sus pies en los valores de la Ilustración, en el convencimiento de que es la libertad de pensamiento la que puede hacernos libres. Como cimiento fundamental del laicismo, en Francia y desde hace algo más de un siglo quedaron señaladas por Ley las fronteras entre el Estado y las organizaciones eclesiásticas. La división entre clericalismo y anticlericalismo dejó de ser, desde la segunda mitad del siglo XX, un tema relevante en Europa occidental, salvo en España. Dada la pertinaz tergiversación que no han dejado de propagar cardenales y obispos tan castizos y poco europeos, conviene aclarar que el laicismo no tiene nada que ver con el anticlericalismo. Es más, son dos conceptos que se oponen frontalmente. El primero preconiza la necesidad de que el Estado, obligado por su neutralidad constitucional, no ejerza ningún poder religioso y, en contrapartida, exige que las confesiones religiosas no tengan ningún poder político. Esta clara separación entre el ámbito privado de las creencias y el territorio público de los derechos y deberes, que los ciudadanos se otorgan por medio de sus representantes democráticos, demuestra que el laicismo no menoscaba el culto ni el apostolado católicos. Sin embargo, dada su historia, muy pasada y muy reciente, en España la actitud de la Iglesia vaticana es diferente. Un somero repaso a nuestra más reciente historia revela sus privilegios y su férrea resistencia a los cambios sociales. No han reconocido su complicidad terrenal con la dictadura del general Franco ni el hecho de que catequizaran a este país durante 40 años. Siguen pretendiendo tener la exclusiva del adoctrinamiento religioso e intentan controlar o censurar el pensamiento científico y político. En cuanto llega al poder un gobierno de izquierda, la iglesia católica española se echa a la calle para oponerse, por ejemplo, a que se enseñen valores cívicos en las escuelas públicas y en las privadas que se financian con el dinero de nuestro erario. Recordemos ¡ay la desmemoria! que, al desarrollar la LOE (Ley Orgánica de la Educación), aprobada en 2006 por un Parlamento democrático, el Gobierno de España decidió que se impartiría en los Centros de Primaria y Secundaria la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”. Durante esa legislatura, el ariete de la cruzada emprendida por la jerarquía eclesiástica arremetió contra la implantación de esa asignatura obligatoria. Sigamos avivando las brasas de la memoria. Cuando el Partido socialista ganó las elecciones en 2004, empezaron las hostilidades: guerra contra el matrimonio entre homosexuales, contra las células madre, la posibilidad de legislar la eutanasia, además de, insisto, batalla callejera por implantar la enseñanza de la religión católica como asignatura obligatoria. Incluso hicieron un llamamiento a la desobediencia civil de los padres para que a sus hijos no les enseñaran los contenidos de esa asignatura cívica. (Cizaña sembrada, entre otros, por “ese señor del que usted me habla”. En unos Cursos de verano del año 2006, organizados ¡vaya por Dios! por la Rey Juan Carlos, universidad pública que pagamos todos, y sentado a la vera del cardenal Cañizares, Mariano Rajoy cultivó esta perla transparente: “La laicidad y la Educación para la Ciudadanía llevan al totalitarismo”).


La sinrazón del episcopado español se hace aún más evidente cuando uno leía en aquel entonces los contenidos didácticos que se habrían de desarrollar en las aulas. Abarcaban ¡vade retro, Satanás! desde un entrenamiento para el diálogo y el debate, tan esenciales en un país poco acostumbrado a practicarlos, hasta los principios de convivencia establecidos en la Constitución, pasando por los valores cívicos como el respeto, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia, la cultura en paz o la crítica a las violaciones de los derechos humanos.

La Iglesia católica en España es una organización privilegiada, entre otras razones históricas porque está amparada en un Concordato predemocrático cuya vigencia no se puede entender, desde luego, sin la dejación, el silencio, el mirar para otro lado que han sostenido desde siempre demasiado destacados dirigentes del Partido Socialista que, desde 1982, llevan desaprovechando todas las ocasiones para denunciar el Concordato con la Santa Sede de 1953, modificado a la chita callando en 1979. De ahí que los obispos puedan contratar y despedir a su libre arbitrio a profesores pagados con el dinero de todos, que la iglesia católica sea sostenida económicamente por el erario y que, además, haya creado la Inmobiliaria episcopal S. L. que empezó a funcionar en 1946 amparada en una ley franquista. Cuatro décadas después, en 1998 otra ley similar, en este caso auspiciada por el Gobierno de Aznar, le permitió ampliar el negocio al inmatricular miles de bienes muebles e inmuebles cuya única escritura de propiedad consiste en la firma del obispo de turno: además de templos y lugares de culto, fincas rústicas, solares, olivares, viñedos, viviendas y apartamentos.

Nada nuevo bajo el sol financiero del Vaticano. Sin duda, en su seno es fundamental la fe en Cristo y en los Evangelios, pero no le va a la zaga la importancia de la razón económica. Desde Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano en la dura realidad del dinero hasta la verosímil ficción de El Padrino, todo un rosario de cuentas contables corporeizado en Michael Corleone, un avejentado mafioso que recibe, de manos de un arzobispo, la máxima distinción del Papa. El Padrino acababa de donar 100 millones de dólares a las finanzas del Vaticano con el objetivo, tras décadas de matanzas, venganzas y demás andanzas sangrientas, de blanquear su historia y la de su familia. Imitando a Cicerón en el comienzo de su primer discurso contra el conspirador Catilina, ¿hasta cuándo van a abusar de nuestra paciencia civil los obispos montaraces y los cardenales integristas?

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