El portavoz de los obispos españoles declara que ellos no iniciarán ninguna investigación para determinar el alcance de la pedofilia en el seno de la Iglesia católica española

OPINIÓN. Sin conclusiones. Por 
Antonio Álvarez
El escritor es un traductor

14/10/21. 
Opinión. El catedrático de Filología Francesa en la Universidad de La Laguna (Tenerife), Antonio Álvarez, en su colaboración con EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com escribe sobre como la Iglesia torpedea la acción de la justicia en España, a diferencia de Francia, que “por boca de su ministro del Interior, ha puesto a la iglesia católica de Francia en el lugar que le corresponde...

...Ante el amago de desacato a la Constitución por parte de un obispo francés –‘el secreto de confesión prevalece sobre las leyes de la República francesa’, el ministro le recordó que ‘no hay ninguna ley superior a las leyes del país y que todo religioso que sepa de un crimen contra un menor de 15 años debe denunciarlo ante la justicia y no escudarse en el secreto de confesión’”.

Cuaderno de apuntes: Iglesia oscurantista

En muchas ocasiones, cuando en España ocurre algo más o menos relevante, tengo la tentación de pensar si lo sucedido tendría las mismas repercusiones en una sociedad como la de Francia. En esta última semana, por ejemplo, desde los rimbombantes salones del Palacio Episcopal de Toledo –¡reveladora denominación de las sedes administrativas de los dirigentes eclesiásticos!- o desde la Asociación de obispos españoles han emitido preocupantes señales de esclarecedores oscurantismos. Por una parte, indignación de la propia institución que cobró -unos 30.000€, dicen- por haber permitido a un músico de moda rodar en el interior de la catedral de Toledo el anuncio publicitario de un disco y convocatoria de un acto penitencial, que tendrá lugar el 17 de octubre, para invitar a la feligresía a la "conversión, reparación por los pecados y purificación a raíz de los acontecimientos recientes". Por otra parte, el portavoz de los obispos españoles declara que ellos no iniciarán ninguna investigación para determinar el alcance de la pedofilia en el seno de la Iglesia católica española.


Me pregunto, por ejemplo, si es irremediable que la Iglesia católica en España pueda permitirse el trágico lujo de no averiguar la dimensión de la pedofilia que ha amparado y, por supuesto, consentido en el seno de su comunidad. Puedo entender que, constitucionalmente hablando y dados nuestros vigentes acuerdos con la Santa Sede, no hayamos podido solucionar asuntos como la implantación de la religión católica en los planes de estudio de la enseñanza pública. Lo que me supera racionalmente es que una organización de creyentes pueda torpedear la acción de la justicia que ha de ser igual para todos. De ahí mi satisfacción cívica al saber que el Gobierno francés, por boca de su ministro del Interior, ha puesto a la Iglesia católica de Francia en el lugar que le corresponde. Ante el amago de desacato a la Constitución por parte de un obispo francés –“el secreto de confesión prevalece sobre las leyes de la República francesa”, el ministro le recordó que “no hay ninguna ley superior a las leyes del país y que todo religioso que sepa de un crimen contra un menor de 15 años debe denunciarlo ante la justicia y no escudarse en el secreto de confesión”. La iglesia católica en Francia sabe, desde hace casi un siglo y cuarto, que en su país existe una ley que sancionó la separación entre la iglesia católica y el Estado, pilar esencial del laicismo republicano que consagra –nunca mejor dicho- el respeto mutuo entre las distintas religiones que en el mundo son y la sociedad civil. El 9 de diciembre de 1905, una mayoría de votos logró que el Parlamento francés aprobara una ley que separa, desde entonces, a las Iglesias del Estado. Ese mandato casi centenario está en las raíces de la laicidad de Francia. En él consta que “la República garantiza el libre ejercicio de los cultos” y, además, que “no reconoce ni paga ni subvenciona culto alguno”. La libertad de pensar y de creer lo que uno quiere y decirlo públicamente es una de las metas claramente republicanas y, entre otras cosas, eso es lo que representa la laicidad.

Más de cuatro décadas después de haber conseguido aprobar una Constitución democrática, la sociedad española representada por los partidos políticos no ha sido capaz de dar el paso legal que nos convertiría en un país laico. Sin embargo, creo que la mayoría de la sociedad española, a pesar de sus defectos estructurales heredados, es capaz de diferenciar entre el confesionalismo militante y su certeza de que el pluralismo y la tolerancia son los valores primordiales para la convivencia pacífica.

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