“La ONU y la CIJ deberían aprobar una norma que obligue a pagar a quienes contribuyan a incrementar los problemas ambientales y climáticos por acción u omisión”

OPINIÓN. ECOselección BlogSOStenible. Por Pepe Galindo
Profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UMA

06/10/23. Opinión. El profesor de la UMA, Pepe Galindo, comparte en su espacio de colaboración en EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com textos de su web BlogSOStenible. En esta ocasión propone que los países paguen multas en función de lo que contribuyan al cambio climático: “Sabemos que simplemente pagar no es una solución a la crisis, pero este castigo hará daño a los bolsillos...

...de los que contaminan y, por supuesto, lo recaudado debe emplearse en acciones que reduzcan el problema, particularmente en educación ambiental y en ayudas a las personas más vulnerables”.

Puede ver el artículo en su fuente original pinchando AQUÍ.

Justicia climática internacional: una propuesta para la ONU

Atentos a la noticia. La ONU pide a la Corte Internacional de Justicia que aclare las responsabilidades de los países en el cambio climático. La decisión no será vinculante, pero podría ser un incentivo clave, dado que la CIJ tiene buen prestigio. La iniciativa sale de un grupo de estudiantes de Derecho en Vanuatu, uno de los países más amenazados por la emergencia climática.

Queremos proponer unas cuantas ideas que la ONU y la CIJ deberían exigir. Nos quedamos sin tiempo, por lo que no valen propuestas vagas, greenwashing para memos o falsas soluciones. Necesitamos acciones serias y alternativas que funcionen. Ya no podemos perder más tiempo.


La ONU y la CIJ deberían aprobar una norma que obligue a pagar a quienes contribuyan a incrementar los problemas ambientales y climáticos por acción u omisión (por ejemplo, a partir de 2025). La unidad de medida de estas multas puede ser el UC (Unidad de Castigo), de forma que 1 UC debería ser —como mínimo— un millón de euros. La propuesta es simple y se basaría en cantidades contabilizadas anualmente para cada país y sus industrias.

Diez sectores para empezar a pagar por el desastre

1. Cada país debe pagar a la ONU la cantidad de 1 UC por cada millón de toneladas de combustible fósil quemado: petróleo o carbón. Si el combustible se usa para aviación, la multa será el doble (2 UC), por los graves problemas, la ineficiencia y la nimiedad (en general) de ese medio de transporte.
2. Pagar 1 UC por cada millón de gigavatios hora en consumo de metano (gas natural).
3. Pagar 1 UC por cada aeropuerto internacional en el país, más la mitad por cada aeropuerto nacional. No se cuentan, para empezar, aeródromos.
4. Pagar 1 UC por cada millón de toneladas de plástico empleado, independientemente de las tasas de reciclaje, ya que el proceso de reciclaje contamina demasiado, no es rentable y se efectúa mal en todos los países.
5. Pagar 1 UC por cada millón de toneladas de cemento utilizado. Este material contamina mucho en su fabricación.
6. Pagar 1 UC por cada millón de coches matriculados, independientemente de si son eléctricos o de otra tecnología, ya que su impacto ambiental es siempre extremadamente elevado y poco reconocido. Por ejemplo, pocos saben que la contaminación por desgaste de los neumáticos es 2.000 veces peor que la que sale de los tubos de escape.
7. Pagar 1 UC por cada millón de cabezas de ganado vacuno y porcino, y la mitad por las aves de corral. Se pueden exonerar otro tipo de ganado menos intensivo (ovino, caprino, apícola…).
8. Pagar 1 UC por cada mil toneladas de pesticidas o fitosanitarios empleados: fungicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas, etc.
9. Pagar 1 UC por cada diez mil hectáreas en incendios forestales. Hay que tener en cuenta que los incendios de origen «natural» son prácticamente inexistentes. El origen de los incendios es casi siempre intencionado o por negligencia. Como ejemplo, en Asturias se ha demostrado que al menos el 80% de los incendios son provocados por los ganaderos para obtener pastos. Es decir, la ganadería extensiva no es tan buena para el medioambiente como a los ganaderos les gusta proclamar.
10. Pagar 1 UC por cada cien mil habitantes que aumente la población del país. Los científicos han advertido repetidamente que el crecimiento de la población es un grave problema económico y ecológico. La población procedente de inmigración se debería restar.

Cálculo aproximado para España (casi todos los datos han sido extraídos de las webs del INE, de los ministerios españoles y de Stadista, para 2022):

1. Petróleo (56 millones de toneladas) + Carbón (2.5 m.t.) + Queroseno aviación (5 m.t.) = 68.5 UC.
2. Gas (0.4 millones de gigavatios hora) = 0.4 UC.
3. Aeropuertos internacionales (13) + nacionales (38) = 32 UC.
4. Plástico (380 m.t.) = 380 UC.
5. Cemento (14.9 m.t.) = 14.9 UC.
6. Coches matriculados (0.8 millones) = 0.8 UC.
7. Vacas (6.7 millones) + Cerdos (30) + Aves de corral (211) = 142.2 UC.
8. Fitosanitarios (76.000 toneladas) = 76 UC.
9. Incendios forestales (310.000 hectáreas) = 31 UC.
10. Habitantes (283.732 más de 2021 a 2022 — 37.000 inmigrantes) = 2.4 UC.

Total para España 2022: 748.2 UC, que corresponderían a otros tantos millones de euros para ese año, que la ONU debería dedicar a los ODS y a la paz mundial. Obviamente, esta cantidad se reduciría drásticamente si España toma medidas adecuadas. Si te parece mucho dinero para un país como España, piensa que se gasta 12.500 millones solo en defensa y armamento (2023).

Opciones para subir y bajar

Se podrían penalizar otros sectores también de alto impacto, como la pesca de arrastre, la pesca en mares lejanos, o la producción de acero. Por otra parte, la cantidad resultante también se podría reducir por actividades hechas que sean realmente positivas:

1. Por bajar el PIB (decrecimiento).
2. Por aumentar las hectáreas de tierra y mar protegidas y/o renaturalizadas.
3. Por aumentar las ayudas al desarrollo.

Sabemos que simplemente pagar no es una solución a la crisis, pero este castigo hará daño a los bolsillos de los que contaminan y, por supuesto, lo recaudado debe emplearse en acciones que reduzcan el problema, particularmente en educación ambiental y en ayudas a las personas más vulnerables (económica y ambientalmente).

Obviamente, estos castigos pueden reducirse sin más que devaluar el precio de cada UC. Así, los que más contaminan podrían seguir haciéndolo más o menos igual. Pero… ¿no es eso, precisamente, lo que la ONU —y la humanidad— queremos resolver?

Puede ver aquí anteriores artículos de Pepe Galindo