El escrito de esta revista alertaba de que el alcalde podría haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación omisiva. El equipo de gobierno municipal reconoce verse en apuros

16/06/15. Sociedad. La Fiscalía de Málaga ha requerido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento una serie de documentación para continuar la investigación en cuanto a la cobertura que se le ha dado hasta ahora al centro okupado de la calle Nosquera, ‘La Casa Invisible’. El alcalde Francisco de la Torre, investido de nuevo el pasado sábado con la ayuda de Ciudadanos, reconoció a principios de año...

...que se le había dado una cobertura “no legal” a los okupantes del inmueble (AQUÍ). EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com denunció esas declaraciones presentando un escrito ante el fiscal, alertando de que, de acreditarse cierto lo dicho por el regidor, este podría haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación omisiva. En marzo el Fiscal jefe inició diligencias penales según el escrito remitido a la revista y ahora el equipo de Gobierno municipal reconoce verse en apuros.

EN
la víspera de la pasada Nochebuena una dotación policial desalojó la casa okupa alegando razones de seguridad. El Ayuntamiento de Málaga señaló entonces a un informe realizado por técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y del Cuerpo de Bomberos que alertaban de la precaria situación del inmueble, tomado por activistas desde 2007 y radicado en los números 9 y 11 de calle Nosquera. Aquel desalojo se contestó desde las redes sociales y se tradujo el 10 de enero en una manifestación. El alcalde entonces mostró su faceta conciliadora procurando enfriar la polémica. No quería que le estallase a unos meses de las elecciones municipales que tuvieron lugar semanas atrás. Sin embargo, esta revista presentó un escrito ante la Fiscalía, después de que De la Torre declarase ante los medios que había dado una cobertura “no legal” a la casa okupa.

EL escrito de denuncia de esta revista alertaba que De la Torre podría haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación omisiva. Además, también habría incumplido las normas de cesión y uso de inmuebles aprobadas por la propia corporación que él dirige. Por el momento se sabe que el Fiscal Jefe incoó diligencias de investigación penal en marzo, y ahora solicita documentación al equipo de Gobierno del PP. Un equipo de Gobierno que se reconoce apurado por los requerimientos.


FISCALÍA
investiga si los hechos que esta revista atribuía al regidor malagueño son constitutivos de infracción penal, dado que el propio De la Torre reconocía haberle dado esa cobertura “no legal” a los okupas de La Invisible. De este modo, la investigación de fondo determinará si el alcalde ha dado (y si seguiría dando) trato de favor al colectivo del centro okupado frente a otros colectivos de la ciudad.

EL alcalde ha llegado este año a flirtear con la posibilidad de darle la gestión del inmueble sin concurso público al colectivo de okupas, y en su equipo hay concejales que opinan de esta guisa, como la edila hasta ahora responsable de Cultura, Gemma del Corral. Otros, como el portavoz popular Mario Cortés o el responsable hasta ahora de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, defienden la figura del concurso público. Un concurso que, además, ya se había planteado, porque el inmueble es, de hecho, de propiedad municipal. Fue expropiado a un particular hace ocho años. Y ha salido caro. El Tribunal Supremo, después de años de pleitos con los propietarios
originales, fijó en 2014 el justiprecio que el Consistorio tiene que pagar tras quedarse con el edificio: casi 3,5 millones de euros. El proceso de expropiación comenzó porque el Ayuntamiento iba a hacer uso del bloque para crear una incubadora de empresas, pero fue ocupado en marzo de 2007.

PARA defender su gestión, los activistas alegan varias cosas, entre ellas que no reciben subvenciones. Sin embargo, desde La Invisible han pedido hasta 7.000 euros en subvenciones (AQUÍ y AQUÍ) e incluso recibido una de la Junta de Andalucía por valor de más de 15.000 euros (ver convocatoria resuelta AQUÍ). Todo a través de las asociaciones creadas por los activistas para dotar de personalidad jurídica a la fundación que okupa el bloque desde 2007. En las relacionadas puede encontrar informaciones de hace ocho años en las que esta revista detallaba cómo sucedió la okupación y cuáles eran los planes previos y posteriores al inmueble municipal, por el cual el Ayuntamiento tiene que pagar más de 3 millones de euros en concepto de justiprecio a sus anteriores propietarios, ya que el bloque fue expropiado hace casi una década.

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