Polo de Contenidos Digitales con las torres de La Palma-Palmilla cada vez más degradadas, ciudad de museos a base de talonario y franquicia y con una escena local languideciente por la desidia institucional… la ‘smart city’ del PP
04/01/16. Sociedad. 2016 ya está aquí. EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com analiza el futuro a medio plazo de las políticas locales en Málaga. Ayuntamiento de la capital y la Diputación mantienen la línea PP: grandes y altisonantes proyectos estrella alejados de la realidad social que dicta ciudad y provincia. Francisco de la Torre logró desbloquear el pasado verano, por ejemplo, su particular...
...Polo de Contenidos Digitales que contó con el voto en contra del grupo municipal de Ciudadanos, quien favoreció el ascenso de Francisco de la Torre con su pacto de investidura. Un Polo de Contenidos Digitales para favorecer la inversión y la recuperación de la ciudad, con unos datos de desempleo que todavía hacen dudar de una salida efectiva de la crisis tal y como la pregonan los populares. Mientras este tipo de iniciativas se mantienen en la agenda política, los sectores más vulnerables de la población siguen apartados, ninguneados por la desidia institucional. La Palma-Palmilla y el estado de muchas de sus torres es solo un ejemplo meramente urbanístico. Pero ya el año pasado las cifras que organizaciones no gubernamentales arrojaban sobre el estado de la pobreza en Málaga daban motivos para la reflexión. 2016 podría ser el año del llamado cambio político que exigen las fuerzas emergentes como Podemos y C’s. Sin embargo, ese cambio tardará en llegar a Málaga.
LOS proyectos urbanísticos como el patatal de Plaza Camas o el del entorno de la Catedral, el Soho y la concepción de política cultural que se fomenta desde las dos administraciones que rigen el PP, o mismamente las mismas campañas políticas que se han producido en el pasado 2015 (andaluzas, municipales y generales) no invitan a pensar en que los Gobiernos del PP en Málaga vayan a cambiar su política de grandes titulares y proyectos por una sensata y apegada a la realidad.
SIN embargo, y a sabiendas de cómo se afronta este curso político que empezó el viernes pasado, basta recordar cuatro tres informaciones de 2015 para abrir un debate: a servicio de quién está la política. Los sectores más vulnerables de la población siguen siendo quienes están pagando la crisis con más crudeza.
UN niño de cada siete es pobre en Málaga. La edad media de los pequeños más necesitados es de siete años. El Ayuntamiento ya tiene un borrador del estudio de la pobreza infantil en la capital. El año pasado el Consistorio presentó un informe (previo borrador) con los datos estadísticos que arrojaban las atenciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP, organismo municipal). Aunque los datos se referían a las atenciones de 2013, las informaciones aparecidas a finales de 2014 y principios de 2015 no presentaban un panorama menos desalentador, cuando Unicef llegó a centrar su campaña sobre niños pobres en países ricos en una cría de La Palma-Palmilla, distrito malagueño. El informe del Consistorio también presentaba una serie de indicadores que no han repercutido en demasía en las políticas municipales. Más de 14.000 niños de hasta quince años, el 14% de los críos de estas edades en la capital, tuvieron que recibir atención del SSAP en 2013. De los menores de 16 años que han tenido que acudir a los Servicios Sociales, el 52% son hombres y el 48% mujeres, la edad media es de unos siete años y la edad que más se repite es de seis años. Unos números fríos que arrojan una situación de gravedad y emergencia social, mientras el alcalde de Málaga construía (y aun construye) su discurso de ‘buena gestión’ en la llegada del Museo Estatal Ruso y el Centro Pompidou a la ciudad.
EL Gobierno fuerza a las ONG a hacer informes de sus beneficiarios si quieren seguir repartiendo comida. La medida llega tras los fraudes del año pasado en el reparto de alimentos en La Palmilla. El Ministerio de Agricultura modificó los requisitos que las ONG tenían que cumplir para participar en el programa de reparto de alimentos del año pasado. Para acceder al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA, que suministra esta comida a los bancos de alimentos de todo el país y a Cruz Roja), las organizaciones tuvieron que empezar a redactar “informes sociales” de sus beneficiarios. Esta medida no se contemplaba en 2014. En caso de que una ONG no contase con personal técnico que pudiese encargarse de estos documentos, se verían obligadas a recurrir a los Servicios Sociales municipales. La medida se adoptaba meses después de que se descubriese en La Palma-Palmilla malagueña el caso de la asociación que dirigía Francisco García Vigo, residente en el barrio. Contaba con acceso a los fondos FEGA pero obligaba a sus convecinos a pagar una tasa de unos cinco euros si querían recibir estos alimentos. La medida del Gobierno pretendería acabar con este tipo de fraude. Pero dificultó las cosas a los comedores sociales alternativos. Vecinos denunciaron que pagaban “justos por pecadores” y recordaban que “para saciar el hambre del pobre no hacen falta tantos papeles”.
UNO de los casos más sonados del año pasado de desapego a la realidad por parte de la Corporación local es el de Ricardo Cabello. El Ayuntamiento de Málaga sancionaba con 3.300 euros a este padre de familia en paro por vender pan en la calle. El Consistorio asfixiaba así con multas y recargos a este hombre sin recursos. Inició una campaña en Change.org pidiendo ayuda que le valió para que el Consistorio redujese su pena y se interesase por su situación. Cabello, en una desesperada carta con la que alcanzó la simpatía de muchos ciudadanos, explicaba que no quería dejar de pagar por lo que había cometido, pero rogaba porque le conmutasen esa pena (una multa de varios miles de euros) por trabajos sociales.
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