El restaurante ‘A la Turca’ sí fue cerrado la pasada feria por supuestamente incumplir esta normativa, mientras que los establecimientos de Plaza Zegrí y Plaza de la Constitución parecen tener total impunidad

21/03/17. Sociedad. La bodega ‘El Pimpi’ y el ‘Café Central’ continúan sin cumplir la ordenanza municipal, que prohíbe taxativamente que los establecimientos tengan barras en la calle para atender a las terrazas. Estas barras, conocidas como ‘barras de alcance’ no están permitidas según el artículo 11, apartado ‘e’, que puede ser consultado AQUÍ. El texto cita literalmente que “no se permitirá la...

...colocación de mostradores u otros elementos de servicio para la terraza en el exterior, debiendo ser atendida desde el propio local”, pero estos dos bares del centro de la ciudad desoyen la normativa y tienen estas instalaciones en el espacio público que ocupan.

SIN embargo, el Ayuntamiento no es tan permisivo con otros bares. Tal y como informó en su momento la revista EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el Consistorio si fue implacable con otros establecimientos más pequeños, como el restaurante ‘A la Turca’. Una multa de 24 horas de cierre fue la pena para una supuesta barra ilegal que el restaurante tenía para atender al público. El dueño explicó en una entrevista  a esta revista, que puede ser consultada AQUÍ, que  la barra no cumplía ningún requisito para ser ilegal.


PESE a esto, o precisamente por esto, ‘El Pimpi’ goza de una buena imagen que intenta vender, entre otras cosas, con eventos “solidarios” como el que organizó hace dos semanas en su terraza.  En este acto no le importó hacer un uso descarado de esa barra ilegal frente a los medios de comunicación, que además alabaron la ‘buena fe’ del evento y de su dueño José Cobos, habitualmente muy presente en el material fotográfico que se publica en los medios de comunicación locales.

POR otra parte, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla, asegura que su grupo ha denunciado “muchas veces” la situación de irregularidad de ‘El Pimpi’, pero que el gobierno municipal no responde a las quejas. Según afirma, su grupo municipal está preparando otra iniciativa para presentarla en el Ayuntamiento, donde insisten en la regularización de la situación en todo el centro. El portavoz asegura que las veces anteriores que el Consistorio ha hecho “algún gesto” para hacer cumplir la normativa, sólo lo ha llevado a cabo con algunos pequeños establecimientos, que “se quejan” de que no se aplica la misma normativa con todos. Además alerta sobre la exigencia de los hosteleros para que el centro deje de ser zona residencial (AQUÍ). La noticia de la que se hacía eco el diario Sur, aseguraba la existencia de informes que empresarios habían presentado al Ayuntamiento para que el centro se convierta en zona turística. Esto supondría el cambio de algunas normativas que ahora protegen a los vecinos del centro.


EN la plaza de la Constitución se encuentra otro ejemplo de ‘dejación’ por parte del Ayuntamiento. El Café Central, que pertenece a Rafael Prado ex presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Málaga (Aehma), cuenta también con una de estas barras prohibidas situada en calle Santa María. De nuevo, el Ayuntamiento actúa con los pequeños negocios de esta misma calle. Estos sí se vieron obligados a retirar sus terrazas el pasado mes después de que el Consistorio no les renovase las licencias. El conflicto se resolvió y se permitió que los negocios afectados pudieran volver a ubicar terrazas pero en un espacio más limitado.

LA nueva ordenanza que el Ayuntamiento presentó en su web el pasado diciembre, pero que aún no ha sido aprobada, reitera la prohibición de estas instalaciones. El documento, que puede ser consultado AQUÍ, parece querer ponerle una solución a la situación de ilegalidad de estos bares. El artículo 14 de la ordenanza, sección ‘e’, prohíbe literalmente “instalar en la vía pública mostradores de servicios, frigoríficos (…) salvo que se contemplen en la autorización previa solicitud de los interesados”, con lo que se da a entender que estas barras que hoy son ilegales pudieran convertirse en legales en el futuro. Pero ahora mismo están prohibidas. Llevan años así y el Ayuntamiento lo consiente. ¿Prevaricación?

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