Vea en esta GALERÍA DE IMÁGENES cómo nadie cumple la normativa sobre videovigilancia fijada por la Agencia de Protección de Datos

cafe_central29/01/08. Sociedad. En el Palacio de la Aduana, en el Banco de España, en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en plaza Uncibay, en residencias privadas de Gibralfaro, en el Museo del Patrimonio Municipal, en los muros de la Coracha, en las puertas de la sede del Obispado, en Cuenca...

Vea en esta GALERÍA DE IMÁGENES cómo nadie cumple la normativa sobre videovigilancia fijada por la Agencia de Protección de Datos

cafe_central29/01/08. Sociedad. En el Palacio de la Aduana, en el Banco de España, en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en plaza Uncibay, en residencias privadas de Gibralfaro, en el Museo del Patrimonio Municipal, en los muros de la Coracha, en las puertas de la sede del Obispado, en Cuenca Mediterránea Andaluza y en otros muchos lugares -bancos, gasolineras, hoteles, medios de trasporte, urbanizaciones, aparcamientos, supermercados…- prolifera la instalación de cámaras de videovigilancia. Unos monitores que en muchas ocasiones, como se demuestra en esta GALERÍA DE IMÁGENES realizada por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, incumplen la normativa marcada por la Agencia de Protección de Datos: aquella que obliga a señalizar con un distintivo suficientemente visible y de forma “expresa, precisa e inequívoca” que los ciudadanos están siendo grabados. SIGUE

AHORA que el Ayuntamiento de Málaga ha decidido gastarse 650.000 euros en la instalación de otras 29 cámaras de videovigilancia en las calles del centro de la ciudad (se unirán a las 17 cámaras ya en funcionamiento -su implementación costó 269.449 euros- y en un futuro está previsto la instalación de otro dispositivo añadido de 23 monitores más), EL OBSERVADOR les ofrece esta GALERÍA DE IMÁGENES  en la que queda patente que muchos de los sistemas de videovigilancia que funcionan actualmente en la capital de la Costa del Sol son ilegales.

plaza_obispoLA instrucción del 12 de diciembre de 2006 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras establece: “Los responsables deberán cumplir con el deber de información con distintivos informativos ubicados en lugares suficientemente visibles, tanto en espacios abiertos como cerrados”. En dicho distintivo de obligada instalación se debe indicar también quién es el responsable de la grabación y cuáles son los derechos de los ciudadanos que están siendo grabados.

SIN embargo, esta norma se incumple sistemáticamente tanto por las administraciones (en Málaga edificios del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del propio consistorio carecen de señalización), como por otras instituciones y por los propios particulares.

OTRA de las irregularidades detectadas es que en ningún caso se puede grabar un espacio público, lo que teniendo en cuenta la situación, el ángulo de rotación y el zoom del que disponen algunos de estos monitores, también contraviene la normativa.
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LA implantación de sistemas de videovigilancia privada tiene un “desarrollo imparable”, en palabras del director de la Agencia de Protección de Datos, Artemi Ralló, quien aporta datos relevantes: si en 2003 había 10 peticiones pidiendo autorización para estos sistemas en 2007 esa cifra se ha disparado a 3.500, en un claro síntoma de la progresiva evolución hacia una sociedad vigilada preconizada por el Gran Hermano orwelliano.

LOS ciudadanos que quieran denunciar la ausencia de carteles informativos sobre la actividad de las cámaras pueden hacerlo en la Agencia Española de Protección de Datos (en www.agpd.es o en el 901 100 099).