La organización Global Integrity subraya que nuestro país carece de incentivos para los confidentes y de un registro público en el que los jueces declaren sus bienes

global_integrity21/02/08. Sociedad. En España no existe ninguna ley específica que obligue a los jueces a rendir cuentas de sus bienes y de su patrimonio en un registro público, como ocurre con otros altos cargos de la administración. Tampoco tiene nuestro ordenamiento jurídico...

La organización Global Integrity subraya que nuestro país carece de incentivos para los confidentes y de un registro público en el que los jueces declaren sus bienes

global_integrity21/02/08. Sociedad. En España no existe ninguna ley específica que obligue a los jueces a rendir cuentas de sus bienes y de su patrimonio en un registro público, como ocurre con otros altos cargos de la administración. Tampoco tiene nuestro ordenamiento jurídico figuras de protección, incentivos ni canales de comunicación adecuados en los que funcionarios y ciudadanos particulares puedan informar sobre casos de corrupción administrativa (cohecho, prevaricación y tráfico de influencias). Estas dos “excepciones importantes” son señaladas en el Informe Global Anual de la organización Global Integrity, consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, como las principales trabas en la lucha contra la corrupción en nuestro país. En el estudio, que se realiza por primera vez en nuestro país, han colaborado reconocidas figuras de la abogacía malagueña así como otras juristas y criminólogas de la provincia.

GLOBAL Integrity (GI) es una organización internacional independiente y no lucrativa que rastrea y estudia el grado de corrupción en decenas de países de todo el mundo a través de la colaboración con equipos locales de investigadores, juristas, abogados y periodistas. En 2007, España ha sido incluida por primera vez en el Informe Global Anual de GI en un estudio en el que han colaborado destacadas figuras de la abogacía malagueña como Inmaculada Rosas e Inmaculada Gálvez, así como reputadas criminólogas como Alejandra Gómez Céspedes y otros profesionales de la talla de José Ortigosa y Rogelio Bueno.

LOS resultados de la investigación han sido dispares. Si bien nuestro país sale bien parado en términos generales, el estudio apunta dos “excepciones importantes” que obstaculizan la lucha contra la corrupción administrativa: “En España no existe ninguna regulación específica que requiera a los miembros de la judicatura a descubrir susglobal_integrity_grafico bienes y patrimonio en un registro público y la protección jurídica a los ‘whistleblowers’ (confidentes o informadores) es pobre. España carece además de un mecanismo interno (por ejemplo un teléfono directo, una dirección de correo electrónico u oficina local) en los que tanto funcionarios como empleados en el sector privado pueden denunciar casos de corrupción”, apunta GI.

RESPECTO a la primera cuestión, desde el departamento de comunicación del Consejo General del Poder Judicial apuntan que, aunque los jueces y magistrados no estén obligados a declarar públicamente sus bienes en un registro -lo que sí ocurre con otros altos cargos de la Administración-, sí que están obligados, como el resto de ciudadanos, a rendir cuentas a Hacienda. Del mismo modo el CGPJ recalca que se trata de “la profesión más vigilada de España” reglada en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con un alto número de prohibiciones e incompatibilidades. De este modo, entre otros condicionantes, un juez no puede “ejercer actividad mercantil por sí o por otro” ni desempeñar “las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”.

EL otro punto débil detectado en el informe es la ausencia de canales adecuados (teléfonos, correos electrónicos u oficinas) a través de los cuales particulares y funcionarios puedan denunciar posibles situaciones de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias. Una carencia a la que se añade otra: no existen incentivos, protección ni figuras premiales adecuadas que faciliten la denuncia de esta clase de situaciones.

EN su libro ‘El premio a la colaboración con la justicia. Especial consideración a la corrupción administrativa’, la criminóloga de la Universidad de global_integrity1Málaga Elisa García España aborda la necesidad de la existencia en el ordenamiento jurídico español de “una figura premial en el ámbito del cohecho pasivo de funcionarios. (…) Se puede llegar a pensar -razona García- que en España es imposible conocer la verdadera extensión de la corrupción existente en nuestra Administración pública y proceder a su esclarecimiento y reducción debido a la ausencia de figuras premiales lo suficientemente generosas como para incentivar la confesión del hecho por parte del funcionario partícipe en una actividad corrupta”.

LA propuesta legislativa de esta jurista consiste en que “quedará exento de pena la autoridad o funcionario público que, habiendo aceptado una propuesta corrupta propia de un delito de cohecho o de tráfico de influencias, voluntariamente revelare el hecho a tiempo de poder evitar sus consecuencias”. De esta manera se incentivaría la colaboración con la justicia y se combatiría la opacidad característica de este tipo de delincuencia, que hace que en muchas ocasiones los medios tradicionales de investigación criminal no consigan resultados policiales eficaces en el descubrimiento de este tipo de delitos.

PUEDE acceder al informe ‘Global Integrity Report 2007’ en http://www.globalintegrity.org/

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