La organización Global Integrity subraya que nuestro país carece
de incentivos para los confidentes y de un registro público en el que los
jueces declaren sus bienes
21/02/08. Sociedad. En
España no existe ninguna ley específica que obligue a los jueces a rendir
cuentas de sus bienes y de su patrimonio en un registro público, como ocurre
con otros altos cargos de la administración. Tampoco tiene nuestro ordenamiento
jurídico...
21/02/08. Sociedad. En
España no existe ninguna ley específica que obligue a los jueces a rendir
cuentas de sus bienes y de su patrimonio en un registro público, como ocurre
con otros altos cargos de la administración. Tampoco tiene nuestro ordenamiento
jurídico...
La organización Global Integrity subraya que nuestro país carece
de incentivos para los confidentes y de un registro público en el que los
jueces declaren sus bienes
21/02/08. Sociedad. En
España no existe ninguna ley específica que obligue a los jueces a rendir
cuentas de sus bienes y de su patrimonio en un registro público, como ocurre
con otros altos cargos de la administración. Tampoco tiene nuestro ordenamiento
jurídico figuras de protección, incentivos ni canales de comunicación adecuados
en los que funcionarios y ciudadanos particulares puedan informar sobre casos
de corrupción administrativa (cohecho, prevaricación y tráfico de influencias).
Estas dos “excepciones importantes” son señaladas en el Informe Global Anual de
la organización Global Integrity, consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com,
como las principales trabas en la lucha contra la corrupción en nuestro país.
En el estudio, que se realiza por primera vez en nuestro país, han colaborado
reconocidas figuras de la abogacía malagueña así como otras juristas y
criminólogas de la provincia.
GLOBAL Integrity (GI) es una organización internacional independiente
y no lucrativa que rastrea y estudia el grado de corrupción en decenas de
países de todo el mundo a través de la colaboración con equipos locales de
investigadores, juristas, abogados y periodistas. En 2007, España ha sido
incluida por primera vez en el Informe Global Anual de GI en un estudio en el
que han colaborado destacadas figuras de la abogacía malagueña como Inmaculada
Rosas e Inmaculada Gálvez, así como reputadas criminólogas como Alejandra Gómez
Céspedes y otros profesionales de la talla de José Ortigosa y Rogelio Bueno.
LOS resultados de la investigación han sido dispares. Si bien nuestro país sale bien parado en términos generales, el estudio apunta dos “excepciones importantes” que obstaculizan la lucha contra la corrupción administrativa: “En España no existe ninguna regulación específica que requiera a los miembros de la judicatura a descubrir sus
bienes y patrimonio en un registro público y la
protección jurídica a los ‘whistleblowers’
(confidentes o informadores) es pobre. España carece además de un mecanismo
interno (por ejemplo un teléfono directo, una dirección de correo electrónico u
oficina local) en los que tanto funcionarios como empleados en el sector
privado pueden denunciar casos de corrupción”, apunta GI.
RESPECTO a la primera cuestión, desde el departamento de comunicación del Consejo General del Poder Judicial apuntan que, aunque los jueces y magistrados no estén obligados a declarar públicamente sus bienes en un registro -lo que sí ocurre con otros altos cargos de la Administración-, sí que están obligados, como el resto de ciudadanos, a rendir cuentas a Hacienda. Del mismo modo el CGPJ recalca que se trata de “la profesión más vigilada de España” reglada en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con un alto número de prohibiciones e incompatibilidades. De este modo, entre otros condicionantes, un juez no puede “ejercer actividad mercantil por sí o por otro” ni desempeñar “las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”.
EL otro punto débil detectado en el informe es la ausencia de canales adecuados (teléfonos, correos electrónicos u oficinas) a través de los cuales particulares y funcionarios puedan denunciar posibles situaciones de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias. Una carencia a la que se añade otra: no existen incentivos, protección ni figuras premiales adecuadas que faciliten la denuncia de esta clase de situaciones.
EN su libro ‘El premio a la colaboración con la justicia. Especial consideración a la corrupción administrativa’, la criminóloga de la Universidad de
Málaga Elisa García España
aborda la necesidad de la existencia en el ordenamiento jurídico español de
“una figura premial en el ámbito del cohecho pasivo de funcionarios. (…) Se
puede llegar a pensar -razona García- que en España es imposible conocer la
verdadera extensión de la corrupción existente en nuestra Administración
pública y proceder a su esclarecimiento y reducción debido a la ausencia de
figuras premiales lo suficientemente generosas como para incentivar la
confesión del hecho por parte del funcionario partícipe en una actividad
corrupta”.
LA propuesta legislativa de esta jurista consiste en que “quedará exento de pena la autoridad o funcionario público que, habiendo aceptado una propuesta corrupta propia de un delito de cohecho o de tráfico de influencias, voluntariamente revelare el hecho a tiempo de poder evitar sus consecuencias”. De esta manera se incentivaría la colaboración con la justicia y se combatiría la opacidad característica de este tipo de delincuencia, que hace que en muchas ocasiones los medios tradicionales de investigación criminal no consigan resultados policiales eficaces en el descubrimiento de este tipo de delitos.
PUEDE acceder al informe ‘Global Integrity Report 2007’ en http://www.globalintegrity.org/
PUEDE acceder aquí a otras noticias relacionadas:
- 07/02/08 Un informe de un particular adelantó a la Fiscalía Anticorrupción los nombres de las personas que iban a salir elegidas como funcionarios en unas oposiciones públicas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
- 23/02/07 El PP se manifiesta este sábado a favor de unas obras que el mismo partido incluye entre los casos de corrupción urbanística de Andalucía
- 15/12/06 El Partido Popular incluye el macroproyecto de los Merinos Norte en un informe sobre casos de corrupción urbanística en Andalucía
- 08/11/06 IU denuncia ante las fiscalías Anticorrupción y de Medio Ambiente las recalificaciones que el Ayuntamiento realizará en Gibralfaro
- 04/04/06 La ‘Operación Malaya’ sobre la corrupción en Marbella nace con la declaración de un testigo sobre el hotel Guadalpín de Aifos
LOS resultados de la investigación han sido dispares. Si bien nuestro país sale bien parado en términos generales, el estudio apunta dos “excepciones importantes” que obstaculizan la lucha contra la corrupción administrativa: “En España no existe ninguna regulación específica que requiera a los miembros de la judicatura a descubrir sus
bienes y patrimonio en un registro público y la
protección jurídica a los ‘whistleblowers’
(confidentes o informadores) es pobre. España carece además de un mecanismo
interno (por ejemplo un teléfono directo, una dirección de correo electrónico u
oficina local) en los que tanto funcionarios como empleados en el sector
privado pueden denunciar casos de corrupción”, apunta GI.RESPECTO a la primera cuestión, desde el departamento de comunicación del Consejo General del Poder Judicial apuntan que, aunque los jueces y magistrados no estén obligados a declarar públicamente sus bienes en un registro -lo que sí ocurre con otros altos cargos de la Administración-, sí que están obligados, como el resto de ciudadanos, a rendir cuentas a Hacienda. Del mismo modo el CGPJ recalca que se trata de “la profesión más vigilada de España” reglada en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con un alto número de prohibiciones e incompatibilidades. De este modo, entre otros condicionantes, un juez no puede “ejercer actividad mercantil por sí o por otro” ni desempeñar “las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas, de cualquier género”.
EL otro punto débil detectado en el informe es la ausencia de canales adecuados (teléfonos, correos electrónicos u oficinas) a través de los cuales particulares y funcionarios puedan denunciar posibles situaciones de cohecho, prevaricación o tráfico de influencias. Una carencia a la que se añade otra: no existen incentivos, protección ni figuras premiales adecuadas que faciliten la denuncia de esta clase de situaciones.
EN su libro ‘El premio a la colaboración con la justicia. Especial consideración a la corrupción administrativa’, la criminóloga de la Universidad de
Málaga Elisa García España
aborda la necesidad de la existencia en el ordenamiento jurídico español de
“una figura premial en el ámbito del cohecho pasivo de funcionarios. (…) Se
puede llegar a pensar -razona García- que en España es imposible conocer la
verdadera extensión de la corrupción existente en nuestra Administración
pública y proceder a su esclarecimiento y reducción debido a la ausencia de
figuras premiales lo suficientemente generosas como para incentivar la
confesión del hecho por parte del funcionario partícipe en una actividad
corrupta”.LA propuesta legislativa de esta jurista consiste en que “quedará exento de pena la autoridad o funcionario público que, habiendo aceptado una propuesta corrupta propia de un delito de cohecho o de tráfico de influencias, voluntariamente revelare el hecho a tiempo de poder evitar sus consecuencias”. De esta manera se incentivaría la colaboración con la justicia y se combatiría la opacidad característica de este tipo de delincuencia, que hace que en muchas ocasiones los medios tradicionales de investigación criminal no consigan resultados policiales eficaces en el descubrimiento de este tipo de delitos.
PUEDE acceder al informe ‘Global Integrity Report 2007’ en http://www.globalintegrity.org/
PUEDE acceder aquí a otras noticias relacionadas:
- 07/02/08 Un informe de un particular adelantó a la Fiscalía Anticorrupción los nombres de las personas que iban a salir elegidas como funcionarios en unas oposiciones públicas del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
- 23/02/07 El PP se manifiesta este sábado a favor de unas obras que el mismo partido incluye entre los casos de corrupción urbanística de Andalucía
- 15/12/06 El Partido Popular incluye el macroproyecto de los Merinos Norte en un informe sobre casos de corrupción urbanística en Andalucía
- 08/11/06 IU denuncia ante las fiscalías Anticorrupción y de Medio Ambiente las recalificaciones que el Ayuntamiento realizará en Gibralfaro
- 04/04/06 La ‘Operación Malaya’ sobre la corrupción en Marbella nace con la declaración de un testigo sobre el hotel Guadalpín de Aifos
