Casos como el de Celia Villalobos o ahora el de Juan Fraile demuestran que PP y PSOE envían a representarnos en Europa a políticos que sólo saben español

Casos como el de Celia Villalobos o ahora el de Juan Fraile demuestran que PP y PSOE envían a representarnos en Europa a políticos que sólo saben español
30/04/08. Sociedad. ¿Qué
sentido tiene enviar a alguien que sólo sabe hablar castellano a que nos
represente en la Unión Europea? Según ha podido comprobar EL OBSERVADOR /
www.revistaelobservador.com los europarlamentarios son los únicos
trabajadores de organismos de las UE a quienes no se les exige el conocimiento
de idiomas, requisito que sí se pide a todos los miembros del descomunal cuerpo
de funcionarios de la administración europea. Ejemplos de esta ‘exportación’ de
políticos profesionales escasamente preparados son los malagueños Celia
Villalobos (PP) –antes- y Juan Fraile (PSOE) –ahora-, ambos incapaces de mantener
una negociación en una lengua que no sea el español.
LA decisión
de convertir a una persona en europarlamentario corresponde a los partidos
políticos, organizaciones que fijan listas únicas y cerradas de candidatos que
luego los electores tiene a bien (o no) votar. Son nombramientos que se motivan
en la gran mayoría de las ocasiones por cuestiones internas de las propias
formaciones políticas. A estas alturas a nadie se le escapa que los pagos de
favores, recompensas, despidos hacia arriba y luchas internas dentro de los
partidos pesan mas que los méritos, la capacidad profesional, el conocimiento
de las estructuras europeas o en este caso concreto, el conocimiento de
idiomas. Criterio nada baladí si tenemos en cuenta que en Bruselas y
Estrasburgo toca lidiar y negociar con franceses, italianos, ingleses, belgas,
alemanes, polacos, búlgaros, finlandeses, rumanos, checos, suecos…
DE hecho,
a todos los funcionarios y ciudadanos comunitarios que quieran trabajar en
cualquiera de las administraciones de la Unión Europea se les exige al menos el
conocimiento de un idioma, además de la lengua materna. De este mínimo
requisito se libran precisamente los encargados de representar a los
ciudadanos: los europarlamentarios, a quienes no se les pide que sepan idiomas
y eso sí, cobran unos 7.000 euros mensuales. Además, los europarlamentarios reciben 300
euros diarios en concepto de dietas, 3.500 euros anuales que no tienen que
justificar y más de 14.000 euros al mes para pagar a sus ayudantes. Por otro
lado, en caso de cumplir toda la legislatura, tienen derecho a una pensión
vitalicia de casi 6.000 euros.
ASÍ ha
ocurrido y ocurre que los españoles hemos mandado a que nos representen en la
Unión Europa a políticos profesionales con un currículo mediocre, únicamente
avalados por su carrera en el partido y que son incapaces de articular un
discurso y mantener una negociación si no es en castellano. Tal fue el caso hace
unos años de la malagueña Celia Villalobos (PP) y tal es el caso hoy en día del
también malagueño Juan Fraile (PSOE), recién estrenado en el cargo.
AMBOS representan
a una clase dirigente bregada en el ámbito local y provincial. Villalobos ha
sido la imagen folclórica del PP y a pesar de haber sido ministra no cuenta con
estudios superiores (no terminó la carrera de Derecho); antes de su meteórica
ascensión en el PP no se le conoce oficio. Juan Fraile sí que tiene una
licenciatura en Magisterio y fue maestro durante unos años, pero desde 1987 su
carrera ha sido exclusivamente política. Ahora es eurodiputado, Villalobos lo
fue entre 1994 y 1995. Otro malagueño que llegó a eurodiputado fue el ex
alcalde Pedro Aparicio, que ocupó un escaño en la cámara europea desde 1995 a
2004.
DESDE las varias oficinas de comunicación y servicios de prensa de la administración europea consultadas en Madrid y Bruselas (del Parlamento y de los grupos políticos) se han ido pasando la pelota para evitar responder las preguntas de EL OBSERVADOR sobre la existencia de otros eurodiputados españoles monolingües en la actualidad. Los responsables de prensa se justifican diciendo que la legión de traductores cumplen un papel fundamental en la fijación de textos legales que precisan de un conocimiento exhaustivo del idioma, así como en la concreción de términos económicos y jurídicos durante las reuniones, cosa absolutamente cierta, como tan cierto es que el arte de la política no se practica en exclusiva en las salas de reuniones oficiales de los edificios públicos sino más bien en ambientes más relajados y sin la incómoda mediación de un traductor.
EN realidad,
lo que ocurre con los parlamentarios es sintomático de nuestra clase política.
Ningún presidente del gobierno español, exceptuando a Leopoldo Calvo Sotelo,
sabía hablar inglés cuando ejerció su mandato. Adolfo Suárez y Felipe González
dominaban el francés, Aznar ha aprendido inglés (con acento tejano) tras salir
de la Moncloa. Zapatero es manifiestamente incapaz de expresarse en la lengua
de Shakespeare. Pese a la espectacular apertura de este país en los últimos 30
años, los españoles seguimos estando a la cola en el nivel de conocimientos de
idiomas y sólo los británicos son más ‘paletos’ que nosotros en este apartado de
los idiomas.
AHORA bien,
existen cientos de miles de jóvenes en este país que hablan al menos uno, sino
dos, idiomas comunitarios, que han trabajado en multinacionales o en grandes
empresas y que están bregados en negociaciones con extranjeros, que además han
conocido Europa a través de becas como la Erasmus o por los populares viajes de
Interrail o por otros medios, en definitiva, que están mejor preparados
académicamente y seguramente más sensibilizados sobre los auténticos problemas
sociales que los actuales europarlamentarios. Sin embargo y lamentablemente
esta elite no es la que nos representa.
QUIZÁS ha llegado la hora de exigir a nuestros políticos por lo menos lo mismo que a los funcionarios de menor rango.
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