Francisco Ruiz asegura a los profesionales que presentaron el proyecto que el Consistorio ya no tiene dinero para el documental, aunque después lo niega

01/10/08. Sociedad. Los 6.000 euros que la Junta de Andalucía entregó al Ayuntamiento de Cútar el pasado mes de enero para la realización de un documental sobre la Memoria Histórica en el pueblo corren el peligro de no destinarse a este fin. El equipo de investigación...

Francisco Ruiz asegura a los profesionales que presentaron el proyecto que el Consistorio ya no tiene dinero para el documental, aunque después lo niega

01/10/08. Sociedad. Los 6.000 euros que la Junta de Andalucía entregó al Ayuntamiento de Cútar el pasado mes de enero para la realización de un documental sobre la Memoria Histórica en el pueblo corren el peligro de no destinarse a este fin. El equipo de investigación a cargo del proyecto ha denunciado a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que el alcalde del Partido Popular en dicha localidad, Francisco Ruiz, les lleva dando largas desde hace meses y ayer mismo aseguró “que no tiene dinero”. El plazo para justificar la facturación del documental expira este mes de octubre.

LA Consejería de Justicia subvencionó el pasado 14 de enero de 2008, según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, varios proyectos para el desarrollo de la ley de la Memoria Histórica en distintos municipios andaluces. Entre los pueblos a los que se les daba ayudas económicas figura la localidad malagueña de Cútar, en la comarca de la Axarquía. Son 6.000 euros para la realización de un libro y de un documental audiovisual para los que se da un plazo de ejecución de seis meses y tres meses de justificación. El libro está hecho, el documental no y su realización, advierte el equipo que coordina el proyecto, corre peligro.

UNO de los investigadores, Rafael A. Clavero, explica lo sucedido: “El año pasado convencimos al alcalde para pedir una subvención a la Junta para desarrollar una investigación sobre la Memoria Histórica en Cútar. Nos contestó que si nosotros llevábamos a cabo todo el proceso administrativo, el accedía. Y así lo hicimos. Pasado el tiempo y después de muchas llamadas, nos confirmó que era cierto que habían ingresado el dinero, pero que se lo habían gastado en otras cosas, que empezáramos con el trabajo. Le comentamos que esta subvención no es a finalización de la obra sino todo lo contrario, es para la producción de la misma. Después de mucho insistir nos hizo un ingreso de 2.000 euros con el que hemos podido sacar adelante el libro. Hoy (por ayer) me comunica que no tiene dinero”.

LA versión que ofrece Francisco Ruiz (PP), alcalde de Cútar, a EL OBSERVADOR es distinta: “Mire usted, los ayuntamientos muy pequeños tenemos caja única, claro que llegan muchas subvenciones y bueno, nosotros lo que tenemos es que justificar esa subvención. Vamos a ver, cuando me entreguen el video, les daré dinero”, afirma de forma apresurada antes de cortar la comunicación telefónica.

EL equipo de tres investigadores y documentalistas a cargo del proyecto de Memoria Histórica de Cútar también ha sido el responsable de un proyecto similar en Alfarnate. Trabajo que en este caso ya está terminado y que ha sido elaborado con testimonios orales  de vecinos de la localidad que vivieron la República, la Guerra Civil y la dictadura franquista, a los que se han añadido consultas en archivos públicos y privados (Registro Civil y Tribunales de Justicia Militar) junto con recortes de prensa de la época. Al igual que se había planteado en Cútar, el acuerdo con ambos ayuntamientos fue el de recibir la mitad del coste del proyecto al empezar a trabajar y el resto al final. “Pero mientras en un caso hemos tenido atención y seguimiento, en el otro es que ni siquiera nos cogían el teléfono”, apostillan.

EL punto cuarto de la resolución de la Consejería de Justicia por la que se otorgan las subvenciones a proyectos del desarrollo de la Memoria Histórica especifica que la justificación de la subvención “se realizará ante el correspondiente órgano concedente en un plazo de tres meses desde la finalización del término previsto para la realización de su objeto”. El plazo de ejecución que daba en enero el gobierno andaluz para este trabajo era de seis meses y finaliza este mes de octubre.