El Partido Popular tumbó una moción presentada por el concejal de IU, Antonio Serrano, y apoyada por el PSOE para facilitar esta información a los ciudadanos

09/10/08. Sociedad. La Ley del Suelo aprobada el año pasado, más conocida como ley Anticorrupción, obliga a que concejales y altos cargos municipales elegidos a dedo hagan públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio y participación en toda clase de sociedades. Según ha comprobado...

El Partido Popular tumbó una moción presentada por el concejal de IU, Antonio Serrano, y apoyada por el PSOE para facilitar esta información a los ciudadanos

09/10/08. Sociedad. La Ley del Suelo aprobada el año pasado, más conocida como ley Anticorrupción, obliga a que concejales y altos cargos municipales elegidos a dedo hagan públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio y participación en toda clase de sociedades. Según ha comprobado EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com esta norma se incumple en el Ayuntamiento de Málaga. A pesar de que estas declaraciones de bienes existen, al menos las de los ediles, están custodiadas en la Secretaría del Ayuntamiento y su acceso está vedado a ciudadanos y periodistas. Cuando desde IU, Antonio Serrano elevó una moción al pleno en septiembre de 2007 para ofrecer esta información en la página web del Consistorio de manera accesible, los 16 votos en contra de los ediles del PP abortaron la iniciativa que apoyaban PSOE e IU (11 votos).

EL artículo 75.7 de la Ley del Suelo aprobada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 27 de mayo de 2007 obliga “a los representantes locales y miembros no electos de la Junta del Gobierno Local a declarar sus bienes patrimoniales y participaciones en sociedades de todo tipo”; tales declaraciones, especifica la norma, “tendrán carácter público”. La modificación de este artículo forma parte de las medidas con las que el Gobierno persigue un mayor grado de transparencia en la gestión pública para frenar la corrupción en el ámbito municipal, especialmente la derivada del urbanismo.

EN el Ayuntamiento de Málaga, esta Ley de carácter estatal, se incumple. Si bien todos los concejales realizan una escueta declaración de bienes en la que dejan constancia de su patrimonio, esta obligación no se extiende a los altos cargos elegidos a dedo. Y lo más importante, este información se guarda y reserva en la Secretaria del consistorio. Su acceso está prohibido a ciudadanos y periodistas.

EN septiembre de 2007, el edil de IU, Antonio Serrano, elevó una moción al pleno municipal “a favor de la transparencia y la regeneración democrática” en la que instaba a los concejales a hacer público su patrimonio, “sólo con medidas como éstas seremos capaces de demostrar a la ciudadanía cuál es la realidad de cada uno de nosotros”, explicaba Serrano. La medida tuvo el apoyo de los nueve votos del PSOE y los dos de IU, pero la mayoría de 16 votos del PP tumbó la propuesta. “El acercamiento al ciudadano y la regeneración democrática no tiene absolutamente nada que ver con publicar nuestras declaraciones de bienes en la página web o en el Boletín Oficial de la Provincia”, razonaba la responsable de Economía del PP, Carolina España: “Usted dice que la Junta de Andalucía tiene este acuerdo, bien, me parece muy bien, no estamos en la Junta, estamos en el Ayuntamiento de Málaga. Nosotros actualmente cumplimos la ley”. El acta de aquel pleno recogía una última declaración de España: “Nosotros no tenemos nada que ocultar”.

LA “ley” a la que se refiere España es el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, cuyos artículos 37, 38 y 39 regulan los “Registros de Intereses de los miembros de la Corporación” donde se limita únicamente a los concejales el acceso a dichos registros de bienes, para lo cual deberán entregar una petición escrita en la que acrediten interés legítimo. Dicha solicitud se “resolverá después por el Presidente previo informe del secretario general del Pleno y oída la Junta de Portavoces”.

EL Reglamento del Ayuntamiento de Málaga se aprobó en 2004, indican desde la Secretaría del Consistorio. La Ley del Suelo, que obliga precisamente a adaptar los estatutos municipales, es posterior, de 2007, y extiende la obligación a “los miembros no electos de la Junta del Gobierno Local”.

PARA elaborar esta información se ha consultado a los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga. El PP, como viene siendo habitual, no ha respondido a las preguntas que se le han formulado. Desde IU, Serrano insiste en que sería conveniente que esa información sea pública, idealmente en la página web del Consistorio. “En mi caso la declaración incluye un coche de hace 15 años y una casa, con su correspondiente tasación bancaria. No participo en ninguna sociedad”, afirma. Por su parte, el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, admite que éste no ha sido un tema del que hayan discutido en el grupo. “Entendemos que hay que hacer unas declaraciones y así se hace”.