
El grupo municipal del PP aprueba en solitario un aumento de la tasa del agua del 4,6% y del billete de la EMT en un 10%, la subida más grande de su historia
05/11/08. Sociedad. El grupo
municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga ha subido en solitario la tasa
del agua y ha disparado el precio del billete de la Empresa Municipal de
Transportes (EMT). Su responsable de Economía, Carolina España, exige más
dinero al Estado porque “son los intereses
de los ciudadanos los que están en juego” y “ponen en peligro las políticas sociales y los
servicios básicos ofrecidos por las entidades locales, así como las inversiones
y las políticas de mantenimiento". Pero el
Consistorio malagueño tiene una nómina de más de 90 cargos de confianza. Pagar los
sueldos de estos trabajadores nombrados a dedo costará este año 6,3 millones de
euros. En contraste, el gasto anual de la empresa municipal ‘Más Cerca’, encargada de
los Servicios Sociales y de la atención a la población más necesitada, fue de
4,6 millones de euros en 2007, según datos municipales consultados por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com.
“CRISIS”
es la palabra más repetida estos últimos meses en los que el Ayuntamiento de
Málaga ha agudizado la estrategia de confrontación con el resto de
administraciones. Al Gobierno le exige más dinero, a la Junta le amenaza con un
juicio si no le deja construir donde quiere y a la Diputación le prohíbe
que alquile algunas de sus oficinas del edificio de Plaza de la Marina, en la
misma situación que el edificio anexo de la entidad bancaria Unicaja, ésta
última sin problemas burocráticos.
EL pasado jueves en el
pleno mensual, el grupo municipal del PP aprobó en solitario la subida más
grande del precio del billete de la
EMT, que supera el euro después de aumentar un 10%, y también
aumentó la tasa del agua en un 4,6%. La responsable de Economía Carolina España
ha advertido que serán los ciudadanos de Málaga los que paguen los 23 millones
de euros menos que va a dejar de ingresar del Gobierno central que “ponen en peligro las políticas sociales y los servicios básicos
ofrecidos por las entidades locales, así como las inversiones y las políticas
de mantenimiento".
EN el Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre tiene una nómina de
más de 90 cargos de confianza, estando entre los que más cobran el coordinador
general del Ayuntamiento, Javier Ferrer, con más de 100.000 euros anuales. En
total, este año se habrá gastado 6,3 millones de euros en nóminas de altos
cargos del Ayuntamiento y de los organismos autónomos. Entre los asesores más
destacados, Francisco Ruiz, director técnico para la Gestión y Coordinación de
Infraestructuras Básicas de la Ciudad, cobra 82.000 euros; José Gordo, director
de Tráfico y ex diputado provincial, gana 51.778 euros anuales. Francisco
Oblaré, ahora parlamentario pero antes director de distrito de Ciudad Jardín,
cobró más de 40.000 euros anuales, mientras que el ex concejal José Antonio
Serrano Milanés, contratado como director de distrito de Churriana, y la ex
concejala Mercedes González Merlo, del distrito Puerto de la Torre, cobran 51.778,16
euros. Mario Cortés, ex presidente de Nuevas Generaciones, es director ahora
del Área de Juventud, donde cobra 51.778,16 euros. Por su parte, el ex
contratado en la
Subdelegación de Gobierno con el PP, Juan Francisco Sánchez,
está ahora de director técnico de gestión en los distritos, con un sueldo anual
de más de 40.000 euros, según informó recientemente el PSOE.
EL gasto anual de la
empresa municipal ‘Más Cerca’, encargada del “fomento de la igualdad, las
tareas de prevención con los jóvenes, la atención de sus mayores y a la
promoción e integración de sus ciudadanos más necesitados” fue de 4,6 millones de euros en 2007, según
estos datos del Consejo de Intervención municipal.
LOS sueldos de los altos
cargos de confianza que el Partido Popular ha ido colocando en puestos de
dirección del Ayuntamiento de Málaga no se detallan en los presupuestos
generales del Ayuntamiento. De hecho, excepto algunos casos concretos que la
oposición ha podido descubrir no se conocen las remuneraciones exactas de
gerentes de instituciones como Gestrisam, Smassa, Palacio de Ferias, Promálaga
o similares y el Consistorio reserva esta información lejos de los ciudadanos.
LA Ley del Suelo aprobada
el año pasado, más conocida como ley Anticorrupción, obliga a que concejales y
altos cargos municipales elegidos a dedo hagan públicas sus declaraciones de
bienes, patrimonio y participación en toda clase de sociedades.
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