Se le entregaron documentos obtenidos por la revista que no tenían y que conocieron al referirlos en informaciones publicadas sobre algunas constructoras

20/10/09 Sociedad. La semana pasada, agentes de la policía pertenecientes a la Sección de Delitos Económicos de la UDYCO (Unidad de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, se personaron en la redacción...

Se le entregaron documentos obtenidos por la revista que no tenían y que conocieron al referirlos en informaciones publicadas sobre algunas constructoras

20/10/09 Sociedad. La semana pasada, agentes de la policía pertenecientes a la Sección de Delitos Económicos de la UDYCO (Unidad de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado) de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga, se personaron en la redacción de EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com pidiendo que se les facilitaran ciertos documentos a los que se hacía referencia en algunas informaciones publicadas sobre constructoras y urbanizadoras. Se trataba de documentación que la citada Unidad no tenía en su poder y que podía serle útil en una investigación que lleva cabo un juzgado de Málaga.

LA información publicada por EL OBSERVADOR hacía referencia a ciertos documentos que obraban en posesión de la revista y que servían para demostrar la veracidad de ciertas irregularidades cometidas por constructoras y promotoras que operan en toda la provincia. La UDYCO no contaba con dicha documentación y entendía que ésta puede servir a las investigaciones que la Policía Judicial lleva a cabo para un juzgado malagueño, encargado de profundizar en las conexiones existentes entre diversas promotoras y constructoras relativas a proyectos urbanísticos que se desarrollan en la Costa del Sol.

LA documentación facilitada por la redacción a la unidad de la UDYCO (sin dar a conocer, por supuesto, las fuentes de las que se obtuvieron) forma parte de la que EL OBSERVADOR recaba como soporte indispensable de la veracidad de las informaciones de carácter exclusivo que forman parte de sus Envíos de Noticias diarios por Internet. En especial, la información que se refiere a temas urbanísticos y medioambientales, y que han hecho que algunas promotoras y constructoras hayan presentado querellas criminales contra este medio de comunicación que siempre han sido archivadas o retiradas.

ENTRE los casos a los que hacemos referencia destaca la querella criminal presentada por la promotora Aifos, que la urbanizadora retiró apresuradamente el mismo día en que la revista tenía que acudir al juicio en el que debía declarar su presidente Jesús Ruiz Casado, que acababa de salir de la cárcel bajo fianza imputado en el caso Malaya. Actualmente, dicha promotora se encuentra en suspensión de pagos, con multitud de acreedores, y sus responsables citados a declarar ante la Audiencia de Málaga en los próximos días, cuando se empiecen a ver los recursos del referido caso.

OTRA de las querellas criminales promovidas por constructoras contra EL OBSERVADOR, y que ha sido archivada por el juez hace unas semanas, es la presentada por alguna de las empresas que ejecutan la contestada macrourbanización de Los Merinos Norte, en Ronda. En ella, solicitaban seis millones de euros a la revista por el supuesto daño causado a la imagen de la promotora a raíz de algunas informaciones publicadas. El alcalde de la ciudad rondeña, Antonio María Marín Lara (PSOE), estuvo declarando en los juzgados de la ciudad la semana pasada en relación a una denuncia presentada por IU en la que se tachaba de ilegal dicha urbanización, así como la conducta del alcalde. El juez desestimó la petición del regidor en la que solicitaba que se archivara la denuncia. La investigación sigue abierta.