Una denuncia de EL OBSERVADOR por esta irregularidad motivó un procedimiento sancionador de 300.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos

camara_vigilancia19/05/10. Sociedad. El Ayuntamiento de Málaga ha instalado un sistema de videovigilancia en los jardines remodelados de Pedro Luis Alonso, y lo ha hecho, según comprobó ayer in situ EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, sin avisar a los ciudadanos de que están...

Una denuncia de EL OBSERVADOR por esta irregularidad motivó un procedimiento sancionador de 300.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos

camara_vigilancia19/05/10. Sociedad. El Ayuntamiento de Málaga ha instalado un sistema de videovigilancia en los jardines remodelados de Pedro Luis Alonso, y lo ha hecho, según comprobó ayer in situ EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, sin avisar a los ciudadanos de que están siendo grabados mediante paneles informativos como obliga la Ley. Una denuncia similar de esta revista presentada en 2008 motivó una investigación y un expediente sancionador de 300.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos que el Consitorio ha recurrido en la Audiencia Nacional.

EL pasado lunes 17 de mayo la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, presentó en rueda de prensa el resultado de la remodelación de los jardines de Pedro Luis Alonso situados junto a la sede municipal de la Casona del Parque. Una actuación que ha supuesto el gasto de medio millón de euros del Fondo Estatal de Inversiones Locales (Feil).

ENTRE las novedades que señaló la edil figura el que las cámaras “de videovigilancia instaladas en el edificio de la Casona del Parque, conectadas con el retén de la Policía Local, alcanzarán la totalidad de los jardines para evitar posibles actos vandálicos”, tal y como recogió el periodista de diario Sur, Antonio Roche.

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CON esta medida, el Consistorio malagueño recogía la petición de colectivos vecinales que habían solicitado meses atrás la puesta en marcha de estos circuitos cerrados de televisión en parques y jardines donde se han producido destrozos de mobiliario urbano.

SEGÚN comprobó ayer EL OBSERVADOR, además de las cámaras situadas en la sede municipal, hay instaladas al menos dos cámaras de videogilancia en una de las farolas que rodean a los jardines de Pedro Luis Alonso. Estos dispositivos son semejantes a los instalados en algunas calles del centro histórico que están dotados de un potente zoom y de una rotación de visor de 360 grados.

PERO al igual que sucedió con la videovigilancia puesta en marcha en otros puntos de la ciudad, el Ayuntamiento de Málaga no ha avisado a los ciudadanos mediante ningún cartel informativo de que están siendo vigilados en estos jardines, tal y como establece la Ley. Así, la instrucción del 12 de diciembre de 2006 de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras señala que los responsables “deberán cumplir con el deber de información con distintivos informativos ubicados en lugares suficientemente visibles, tanto en espacios abiertos como cerrados”.

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FUE precisamente esta irregularidad lo que motivó a EL OBSERVADOR a solicitar la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2008 ante varios casos similares detectados en Málaga. Tras estas denuncias y la pertinente investigación llevada a cabo por los técnicos de la AEPD, el Consistorio malagueño se vio obligado a instalar paneles informativos en los que se advertía de las zonas objeto de videovigilancia en el centro de la ciudad.

NO sólo eso, la investigación de la AEPD sacó a relucir otras irregularidades cometidas por el equipo de gobierno local de Málaga como que la instalación de estos circuitos se realizó “sin contar con la autorización de disposición general, publicada en el BOE y sin que el fichero de datos de carácter personal hubiera sido inscrito en el Registro General de Protección de Datos”, lo cual supone una “infracción grave del artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos” y el pago de una multa de hasta 300.000 euros.

EL Ayuntamiento de Málaga ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para evitar el pago de esta sanción.

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