El grupo de juristas “17 de marzo” solicita la retirada de la ordenanza aprobada en solitario por el PP y advierte de que interpondrá un recurso ante el TSJA

07/10/10. Sociedad. El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), la Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos “17 de marzo”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, así como destacadas personalidades del ámbito...

El grupo de juristas “17 de marzo” solicita la retirada de la ordenanza aprobada en solitario por el PP y advierte de que interpondrá un recurso ante el TSJA

07/10/10. Sociedad. El Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), la Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos individuales y colectivos “17 de marzo”, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, así como destacadas personalidades del ámbito del Derecho, se han mostrado contrarias a la ordenanza de convivencia aprobada el pasado 30 de septiembre por el Ayuntamiento de Málaga con los únicos votos a favor del PP, que EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com les ofrece de forma íntegra AQUÍ, y en la que se prohíbe bajo multa de hasta 1.500 euros, mantener relaciones sexuales en la vía pública a menos de 200 metros de zonas residenciales.

EL punto 5 del artículo 36 sobre ‘Normas de conducta’ de esta ordenanza detalla lo siguiente: “Se prohíben las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana. Se entiende que estas prácticas afectan a la convivencia ciudadana cuando se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales”.

ENTRE los colectivos que se han posicionado en contra de políticas sancionadoras para solucionar los efectos perversos del fenómeno de la prostitución se encuentra el Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), que es una asociación formada por jueces, fiscales, profesores y catedráticos de Derecho Penal. De orientación progresista y presidido en turno rotatorio por el catedrático de la Universidad de Málaga (UMA) y director del Instituto Interuniversitario de Criminología, el malagueño José Luis Díez Repolles, el GEPC hizo público, a finales de 2006, un ‘Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos’.

TRAS dejar sentado que la represión “de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno -como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen” y que el contexto de “alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian”, este manifiesto propugna una “reflexión seria sobre el reconocimiento de los derechos de las personas que prestan servicios sexuales (…) presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho”. 

DICHO manifiesto, rubricado por prestigiosos juristas (consultar AQUÍ) como parte de un trabajo más amplio que el GEPC ha realizado sobre la prostitución: la “Propuesta de regulación del ejercicio de la prostitución entre adultos”, en el cual se analizan la prostitución como una actividad económica entre adultos que debe ser regulada como tal.

DE forma más explicita, la Sociedad Andaluza de Juristas para la Defensa de los Derechos Humanos Individuales y Colectivos, más conocida como ‘Grupo 17 de marzo’, ha denunciado el carácter lesivo de la ordenanza aprobada en Málaga y entra en sus propósitos presentar un recurso ante el TSJA contra esta normativa, cosa que ya hicieron en Granada, capital andaluza también gobernada por el PP que desde que aprobó una ordenanza similar ha multado a 226 prostitutas y 40 clientes. El grupo ‘17 de marzo’ alega ante el proceso de elaboración de la ordenanza, que ha tenido “importantes déficits democráticos en su elaboración” y subraya que el Ayuntamiento de Málaga “carece de competencias para regular para regular y prohibir actividades como la prostitución y mucho menos las prácticas sexuales, siempre que no supongan un ilícito penal”.

TAMBIÉN la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía señala que la ordenanza “trata de regular cosas que ya están reguladas” y sostiene que la solución al fenómeno de la prostitución vendrá de la mano de la regularización, no de la prohibición. También el catedrático de la UMA, Ángel Rodríguez, ha apuntado que el contenido de la ordenanza podría vulnerar derechos fundamentales.