El presidente Luis Pernía y el portavoz Gabriel Ruiz se suman a las denuncias de varias ONG que lamentan las expulsiones sin paso por el CIE a raíz de esta operación

03/11/14. Sociedad. La operación europea Mos Maiorum tuvo lugar entre los días 13 y 26 de octubre (también se llevó a cabo en nuestra ciudad en esas fechas) y la lideró el Ministerio del Interior italiano. Se suponía que el fin era trazar las rutas de la inmigración ilegal y de las mafias, y por este motivo confesaron detener a los ilegales. Sin embargo, varios organismos, entre ellos la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, denuncian a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com que detrás de estas redadas y detenciones (de sesgo “racista”) estaba una campaña de deportaciones exprés.

EN menos de 40 horas el ilegal volvía a su país sin pasar siquiera por el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

LUIS Pernía, presidente de la asociación malagueña, denuncia que él ha presenciado ejemplos de estas detenciones arbitrarias que han acabado en deportaciones exprés, tal y como informa la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid Araceli Manjón, que denuncia esta operación de la Unión Europea contra los ‘sin papeles’ (ver AQUÍ el artículo). Aunque a día de hoy en la asociación, dice Pernía, “no hemos recibido una denuncia directa”, estamos a la espera de que, “a toro pasado”, alguien relate algún ejemplo de lo que ha pasado “en el contexto de la Mos Maiorum”.

ALGUNOS de estos ejemplos los presenció Pernía y sobre ellos ya trabaja esta revista. Uno es el de un nigeriano que fue al Hospital Materno Infantil a ver a su hijo recién nacido. En la puerta le interceptaron agentes policiales y él ya está en su país de origen. Pernía remitió el caso a Málaga Acoge pero ya no sabe nada más de él, aunque intentó acercarse a la comisaría donde tenían retenido al ‘ilegal’. “No me dejaron pasar”, lamenta. “El propio personal sanitario fue quien nos avisó ante la alarma que había originado la detención en la mujer que acababa de parir a su hijo”.

“TAMBIÉN conozco otros ejemplos de encerronas policiales”, incide el presidente de esta plataforma en defensa de los derechos de los inmigrantes en Málaga. Encerronas que este colectivo ya denunció en un comunicado de prensa hace días, manifestando su inquietud ante las probables vulneraciones de los derechos humanos que la operación pudiese acarrear, “puesto que la selección del perfil de las personas a detener para obtener información incluye, necesariamente, un sesgo racial”. La asociación presentó las mismas reservas en relación a los lugares en los que se desarrollarían estas detenciones. “¿Hablamos de espacios públicos, de instalaciones y dispositivos de acogida de organizaciones sociales como las nuestras?”, se preguntaban entonces.

ARACELI Manjón cierra su artículo con un duro testimonio de un inmigrante que fue literalmente arrancado de su arraigado entorno familiar. “Edgar (nombre ficticio) entra en España siendo menor de edad y buscando la reagrupación familiar; al alcanzar los 18 años recibe la orden de expulsión; estudia en un centro público; tiene domicilio conocido en España, en el que vive con sus familiares, que tienen trabajo legal y permiso de residencia y están próximos a conseguir la nacionalidad; no tiene antecedentes penales; sueña con su regularización y tiene cita en pocos días con las autoridades para hacerla real. La detención se produce al salir del instituto —iban buscándole, no fue una detención casual, ni aleatoria—; se avisa a un abogado de oficio un día después, viernes por la tarde, cuando ya no hay tiempo de acudir a los juzgados, solo al de guardia, que desestima la solicitud de suspensión antes de que sus familiares, ya de madrugada, aporten documentos que acreditan el arraigo de Edgar en España; la decisión no se revoca, a pesar de la petición de la familia. Y el sábado por la mañana se produce la expulsión, con lo que llevaba puesto en el momento de la detención, sin permitir que se despida de su familia que lleva varias horas dando tumbos con una mochila que no consiguen entregarle. Solo una brevísima llamada para decir que se lo llevan en un par de horas. La familia acude rápidamente a la brigada para verle, pero ya va camino del aeropuerto. El jueves, Edgar salió de casa para ir al instituto y no le han vuelto a ver.

LO único que Edgar tenía en contra era una orden de expulsión, que está recurrida, y una multa sin pagar, pero le deportan antes de que se resuelva el recurso. ¿De qué sirve entonces el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva?”.

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